MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 291 DICIEMBRE DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388
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Una investigación reciente ha revelado que la deuda a los hospitales y clínicas por la prestación de servicios de salud en Colombia llegó a los $13.8 billones, con un 56 % en mora. Además, entre diciembre de 2021 y junio de 2022, la deuda incrementó $1.1 billones.
Este estudio de cartera hospitalaria realizado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), con corte a 30 de junio de 2022, ha evidenciado que los principales deudores siguen siendo las EPS del Contributivo con 51,2 % de la deuda, seguida por las EPS del Subsidiado con el 21,7 % y en tercer lugar el Estado, que incluye los Entes Territoriales, la Adres y el extinto Fosyga con el 9,5 %.
El resto de la deuda, 17,6 %, pertenece a los servicios prestados a entidades de medicina prepagada, planes complementarios, aseguradoras, SOAT, administradoras de riesgos profesionales o laborales, IPS y particulares, entre otros.
“A pesar de que hay mucho dinero en el sistema de salud, no fluye adecuadamente y se acumulan las carteras con un alto nivel de cronicidad”, ha advertido el director general de la ACHC, Juan Carlos Giraldo Valencia, para quien “es urgente que el Gobierno extreme el control a las Entidades que están en operación y no están pagando oportunamente”.
En este escenario, surge como una posibilidad crear un fondo que brinde el respiro y el respaldo financiero que están pidiendo los hospitales y clínicas del país, similar a lo que fue el extinto Fondo Nacional Hospitalario, que, en casi tres décadas, de 1967 a 1993, lideró el avance de los hospitales públicos enfocado en temas de infraestructura y dotación.
“Ante las multimillonarias deudas que están dejando las entidades en liquidación, es necesario que se estructuren nuevos mecanismos que garanticen el pago de las deudas por servicios de salud que ya fueron prestados, y un fondo de garantías que permita el respaldo de las deudas que tienen con los prestadores de servicios de salud y que representan el 32 % de la deuda total”, ha observado el director de la ACHC.
Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI), coincide en la necesidad de crear un Fondo que brinde sostenibilidad financiera a la red hospitalaria del país.
“La idea es que este Fondo sirva para cuando la Superintendencia inicie el cumplimiento de la norma, con relación a las entidades que no cumplen con su margen de solvencia y patrimonio mínimo, y que de una u otra forma se tenga cómo responder con esas deudas que se han causado con la prestación del servicio, y que con la liquidación de las EPS han quedado sin un pagador claro, con el agravante de que son deudas que a su vez los hospitales tienen con proveedores e incluso con el talento humano”, nos cuenta Zuluaga.
Lo que se busca con este Fondo, explica la directora ejecutiva de ACESI, “es similar a la que ocurre en la banca con la cantidad que protege los ahorros de los colombianos (Fogafín), en caso de que tenga que liquidarse un banco, el fondo entra a responder a los diferentes acreedores y usuarios del banco. La idea con el sector salud es similar, teniendo en cuenta que, como ha anotado la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), la mayoría de las entidades no cumplen con los indicadores financieros ni en la prestación de los servicios ni en la garantía del derecho a la salud”.
La necesidad de apoyo estatal en temas de infraestructura y dotación hospitalaria es otra necesidad que entraría en la lista de pendientes del nuevo Fondo.
Para Luis Hernán Sánchez Montoya, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA), esta propuesta del Ministerio de Salud y Protección Social de crear un Fondo que se destinaría a cofinanciar proyectos, y brindar asesoría técnica y financiera a los hospitales públicos y las entidades territoriales en proyectos de infraestructura y dotación, requiere especialmente “que el Fondo tenga buena cantidad de recursos, porque los hospitales públicos en su mayoría están deteriorados y en últimos periodos realmente no han tenido un apoyo amplio del Estado. La red pública hospitalaria presenta muchas deficiencias en infraestructura y dotación”.
El líder de AESA observa que mejorar las condiciones locativas de los hospitales se reflejará en prestar un mejor servicio, “un usuario va a sentirse mucho mejor en una institución en buen estado, frente a un hospital caído, sin pintar, con las camillas oxidadas”. En ese sentido, considera que fortalecer los hospitales desde la infraestructura sería marcar la diferencia.
De dónde se destinarían los recursos para inyectarle a ese Fondo y cómo darle sostenibilidad en el tiempo sería el siguiente paso a revisar, aprovechando las lecciones aprendidas de haber tenido un FNH que no pudo sobrevivir a falta de recursos estatales necesarios para su operación.
El Fondo Nacional Hospitalario (FNH), en sus inicios, dependía de transferencias del estado para IVM (invalidez, vejez y muerte), que progresivamente fueron reduciéndose.
El FNH se concibió como un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Salud, dotado de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, cuyo objeto serían las normas técnicas de las instituciones hospitalarias y de salud; promover, apoyar y desarrollar la infraestructura hospitalaria, así como cofinanciar, asesorar técnica y financieramente a las instituciones, entes regionales y locales que adelanten proyectos de infraestructura hospitalaria.
En sus últimos años, desde 1991 el FNH evidenció cómo se recibieron solicitudes de construcción, dotación, ampliación de obras, por $5 400 millones, mientras la asignación presupuestal solo llegaba a $1 800 millones. Para equipamiento se requerían $12 500 millones y solo se aprobaron $2 000 millones. Se hablaba de la necesidad de un mayor presupuesto o de lo contrario las necesidades presentes se podrían atender seis años después.
En 1993, el FNH proyectó una inversión de $55 000 millones, pero la asignación de Planeación fue de $16 000 millones. Ese año, por decreto de reestructuración del Estado, el FNH desapareció y se fusionó con el fondo del Ministerio de Educación, para crear el Fondo de Inversión Social (FIS), con un presupuesto de $45 mil millones.
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