MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 270 MARZO DEL AÑO 2021 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
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Uno de los sectores que tradicionalmente ha sido más proclive a los actos de corrupción y prácticas de opacidad ha sido el de la salud, probablemente en atención a la magnitud de los fondos públicos y privados que maneja, lo mismo que al alto volumen de operaciones y transacciones y a su carácter técnico, que hacen complejos los procesos de inspección, vigilancia y control, lo mismo sus ejercicios de auditoria y seguimiento, hay que recordar que a 31 de diciembre de 2020 el gasto total en salud estimado sería de por lo menos $72 billones, donde solo las aseguradoras y demás agentes del sistema pueden estar gestionando recursos de por lo menos $58 billones.
Es por esto que se hace fundamental adoptar herramientas tecnológicas de última generación a partir de la Big Data, minería de datos, analítica predictiva, e inteligencia artificial, internet de las cosas y robótica que puedan brindar advertencias ante conductas contrarias a los principios de la gestión fiscal ya sea de gestores públicos o de privados que administren recursos públicos y contravengan disposiciones normativas o puedan colocar en inminente riesgo los fondos públicos, o realicen una gestión antieconómica, ineficaz y presumiblemente con dolo que puedan conducir a desviaciones o poner en riesgo los bienes patrimoniales de naturaleza pública.
A partir del Acto Legislativo 04 de 2019 y su posterior desarrollo en el Decreto 403 de 2020, se instrumentalizan herramientas que buscan fortalecer el control fiscal adelantado desde la Contraloría General de la República mediante el uso de las tecnologías de la información dentro de la función del control para hacerlo de manera preventiva y permitirá que una mayor trazabilidad y gobernanza de los recursos de la salud.
La intención también es garantizar un control más cercano y oportuno del ciudadano, lo vincula en la cogestión de la vigilancia, al igual que a las oficinas de control interno y su sistema de alertas, como insumo para la priorización y focalización en el seguimiento permanente a cargo de la Contraloría General de la República -CGR-, al mismo tiempo se corrigen esquemas que hacían del control fiscal un momento de verdad posterior e insulso de bajo impacto. Los altos índices de corrupción que se registran en el país, en espacial en el sector de la salud, ameritaban un control más moderno y de generación de valor cimentado en la gestión de un conocimiento tecnificado y apoyado en tecnologías de la información más predictivos, utilizando herramientas de inteligencia artificial, de manejo de bases de datos, que sea cruzado e inteligente y que contribuya a asegurar que la gestión se realice siempre con apego a los principios rectores de la función pública en concurrencia de las contralorías territoriales.
La figura más importante de estos cambios es que sin coadministrar, se introduce la noción del control concomitante y preventivo, que es complementario al posterior y selectivo, ejercido de forma exclusiva por la CGR, sin que su aplicación pueda entenderse como una forma de desplazamiento de las competencias asignadas por la Constitución y la ley a los instancias de control interno, pudiendo inclusive, dice la Agencia de Control, consultar en línea los informes de evaluación del sistema de control Interno a la que les aplique la Ley 87 de 1993.
La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas –ACHC- asegura que por actos de corrupción el sector de la salud pierde anualmente alrededor de $4.5 billones, esto genera para este sector una dosis exacerbada en la percepción negativa en los índices de transparencia en el país, por lo que las nuevas herramientas podrán contribuir a lograr la sostenibilidad sectorial que tanto se demanda, además de los problemas asociados a debilidades en el pago y giro directo entre aseguradores y prestadores.
El dotar de mayores y mejores “dientes” a la Contraloría General de la Republica y con ello el fortalecimiento de las Contralorías Territoriales, implica el mandatorio precepto de revisión, actualización y hasta adopción de nuevas guías de auditoria, instrumentos y procedimientos que deberán aplicarse, por lo que un control basado en la evidencia con acervo documental, permitirá que los recursos públicos fluyan bajo los tres principios rectores de eficacia, eficiencia y economía. Bienvenido el control oportuno disruptivo e inteligente, pues será el detonante para una eficiente trazabilidad de los recursos de la salud en el propósito general de alcanzar la sostenibilidad sectorial.
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