MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 262 JULIO DEL AÑO 2020 ISNN 0124-4388 elpulso@sanvicentefundacion.com icono facebook icono twitter

Consecuencias esperadas y expectativas anheladas

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Al cumplirse cuatro meses del primer caso detectado en Colombia de Covid-19, y un poco más de siete meses en el mundo, el país sigue preocupado entre otras razones por la disponibilidad de camas de cuidados intensivos, por la capacidad del sistema sanitario para atender la pandemia, por los impactos que esta ha traído a las economías familiares y del sector productivo, y por la ausencia aún de una vacuna o un tratamiento que permita dar una respuesta colectiva a lo que se percibe como una gran amenaza a nuestras sociedades.

Frente a la vacuna, pese a los anuncios por ejemplo de la India que señala agosto como fecha para tenerla lista, o de los aparentes avances en las pruebas que viene efectuando la Universidad inglesa de Oxford en Brasil, la experiencia es que nos encontramos lejos de que esta sea una alternativa de corto plazo, y las razones son de simple lógica. Inmunizar a toda la humanidad, suponiendo que la vacuna sea realmente efectiva en la mayoría de la población, implica la producción de al menos 21 mil millones de dosis (tres aplicaciones por persona), cifra difícil de alcanzar, pero también conlleva una logística de proporciones nunca vistas en el planeta.

Ahora bien, es muy probable que no sea una sola la vacuna que se desarrolle, y esto coloca en la palestra otras decisiones técnico-científicas de gran complejidad. ¿Cuál es la más efectiva? ¿Cuál genera inmunidad por mayor tiempo? ¿Cuál será el precio y las prioridades para su acceso? ¿Cuál tiene menos efectos adversos? Cada una de estas preguntas abre un abanico de opciones frente a las cuales las autoridades sanitarias de cada país deberán analizar de manera meticulosa para tomar la mejor decisión. Y acá hay que considerar que existirán presiones más allá de las consideraciones de salud que en un buen ejercicio de responsabilidad y liderazgo político, deberán ser pasadas por alto.

El otro gran impacto de estos días de pandemia, y tal vez el que más se siente, es la afectación sobre la economía. Si bien este aspecto ha sido mundial, y sus dimensiones exactas están por verse, en Colombia el balance preliminar es por lo menos desastroso. La tasa de desempleo subió a cifras históricas, más de 21%, hemos entrado a un estado de deflación, empresas grandes y pequeñas anuncian crisis y cierres, las ayudas estatales si bien significativas, no alcanzan a paliar los problemas, y la incertidumbre frente al tiempo que tomará la recuperación es absoluta. Esta realidad innegable que muestra la fragilidad de nuestro modelo económico, llevó al gobierno nacional a tomar medidas de apertura social mucho antes de que se alcanzaran los picos epidemiológicos; mientras España, Francia, Italia, Nueva Zelanda, y muchos otros países salieron de las cuarentenas cuando la cantidad de contagios disminuía y las muertes se reducían, en nuestro país la reactivación casi total se dio cuando estábamos lejos de llegar a las cifras máximas presupuestadas, y la consecuencia se observa en el agotamiento de camas de UCI en Bogotá, el aumento de casos en Barranquilla, y el cambio en las tendencias que traían regiones como Antioquia y Medellín, que ahora registran un progresivo crecimiento. Este nuevo panorama es consecuente con la necesidad de evitar el colapso económico del país, y difícilmente habrá marcha atrás, de donde se desprende una sola conclusión: tendremos que luchar contra la pandemia en las condiciones actuales.

Así las cosas, entramos al problema de las camas de UCI y de la capacidad de las instituciones. El tema de las UCI, con tanto despliegue en los medios de comunicación, ha sido valorado de manera equivocada. El asunto no es de la disponibilidad de una cama, es de equipos adicionales (los famosos ventiladores, entre otros) que hasta ahora son importados y cuya disponibilidad mundial se ha visto reducida, pero además es de talento humano, que en nuestro país es bastante limitado. El número de intensivistas en Colombia no es alto, y si bien anestesiólogos, urgentológos, y otros especialistas pueden apoyar ante la emergencia, el resto del equipo de profesionales también es limitado. Y este análisis debe tenerse en cuanta al momento de planificar la respuesta a la pandemia, no es solo disponer de cinco mil ventiladores nuevos, las condiciones de muchas regiones no son óptimas ni siquiera para recibir la ayuda. Con desazón vimos que en Quibdó el hospital no cuenta con un sistema eléctrico que permita conectar los ventiladores, en el hospital de Leticia no hay redes de oxígeno, y así el listado de la pobreza agudiza la crisis y disminuye la efectividad de la ayuda.

Finamente hay que reiterar que las capacidades de acción de los prestadores de servicios de salud se continúan resintiendo debido a la crisis financiera que no solo no se resuelve sino que se profundiza. La disminución en la demanda es nacional, el flujo de recursos no ha mejorado de manera significativa, las deudas históricas siguen irresolutas, y las estrategias gubernamentales son insuficientes. Y así aunque la voluntad exista y el conocimiento y la experiencia se pongan al servicio del país, será muy difícil enfrentar con éxito una emergencia que en Colombia parece estar lejos de su máxima expresión.


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