Los analistas, periodistas, políticos no se lo pueden explicar. En la democracia más próspera, más estable, más socialmente tranquila de América Latina, la que ya ingresó a la OCDE, la gente salió a la calle a protestar contra el gobierno y contra la forma en que se maneja la economía, las pensiones, y las tarifas del transporte, y contra las privatizaciones. El fondo de la protesta apunta sobre todo a que la gente parece no querer aguantar más la concentración de la riqueza, la desigualdad.

El 18 de octubre el gobierno anunció un alza en tarifa del metro de 30 pesos (chilenos). La cuarta en 3 años. Los estudiantes, la generación que no sufrió la dictadura de Pinochet y que posiblemente vive con menos miedo, resolvió hacer lo que en Bogotá vemos todos los días, pero a gran escala. Colarse al metro sin pagar, desafiando “el establecimiento”.

Colarse no como respuesta individual al asfixiamiento económico cotidiano de los ciudadanos. Colarse como respuesta colectiva. Ignorar el toque de queda. Enfrentar la policía y el ejército en las calles. Nadie se explica de qué manera, algo tan espontáneo recibió un creciente apoyo popular, que terminó en una escalada de violencia incluyendo saqueos, incendios y vandalismo. La respuesta de las autoridades derivó en violenta represión incluyendo varios muertos.

Para el 25 se organizó por redes sociales, voz a voz, y por todos los medios no oficiales, la más grande manifestación de protesta en 30 años en el próspero Chile. Las imágenes que llegaron son impresionantes. Más de medio millón de personas en las calles de Santiago. No hay líderes visibles.

La poco lúcida reacción del Presidente Piñera de buscar el origen de las protestas, en el castro chavismo todavía le cuesta. Como le costó al Presidente Moreno en Ecuador subestimar la inteligencia del pueblo ecuatoriano y especialmente de los indios, por hacer caso a las sutiles recomendaciones del Fondo Monetario Internacional de eliminar subsidios para los pobres. Curiosamente también en el transporte. Como le costó a Manuel Macrón en Francia la incapacidad de interpretar las protestas de los chalecos amarillos que tienen un parecido notorio. Parece que los mandatarios neoliberales solo ven lo que quieren ver. O peor, lo que pueden ver.

Hasta donde ha trascendido, las demandas se han concentrado en el sistema de pensiones, el acceso a la educación, el derecho al agua, las tarifas de los servicios públicos, la desigualdad y, el tema que nos interesa, la salud y los precios de los medicamentos.

La gente protesta porque los servicios de salud son costosos, de mala calidad y con largas esperas. Y porque son muy inequitativos. Hay una salud para pobres y una salud para ricos. Los precios de los medicamentos son muy altos y la mayoría los tiene que pagar de su bolsillo. Ya estamos en diciembre y la gente sigue en las calles. Se han prometido reformas, incluyendo una eventual reforma constitucional.

En Chile se crearon los fondos privados de ahorro individual para pensiones y se crearon dos sistemas paralelos de salud. Uno para pobres y otro para ricos. Las Isapres para el aseguramiento de los trabajadores formales y el Fonasa para los pobres. Uno pudiera decir que en Colombia pasó lo mismo; régimen contributivo y régimen subsidiado.

Pero en Colombia las cosas fueron a otro precio. La estrategia de “choque” que tanto gustó y tanto gusta al Fondo Monetario Internacional, tropezó con que aquí no estaba Pinochet, había una democracia (con las críticas que le caben) y las leyes tenían que pasar por un congreso. Y gracias a este (quizás corrupto, burocratizado e incompetente) nuestro sistema de pensiones conserva el régimen de prima media (que algunos hoy quieren eliminar) y nuestro sistema de salud, privatizado sin duda, caro sin duda, es, como decirlo, mucho menos inequitativo.

En Chile el ciudadano contrata un seguro con una Isapres y paga por el plan que compra, hay planes caros para los ricos y planes baratos para los pobres, mientras tanto en sistema de salud de Colombia, aunque parezca mentira, opera bajo el marxista principio de “de cada quien según su capacidad; a cada quien según su necesidad”. Todo el mundo cotiza según su ingreso y recibe (al menos en teoría) los servicios que requiera en un plan de salud unificado. En Chile los medicamentos no suelen estar en los planes de salud de las Isapres y el ciudadano los debe comprar en las farmacias, los precios están entre los más caros de la región (eso dicen quienes están en las calles) y el mercado está concentrado en unas pocas cadenas de farmacias, que, a pesar de haber sido multadas severamente, siguen manteniendo precios altos. Pareciera que las autoridades de competencia de los países de la OCDE no imponen multas para proteger al consumidor, sino para proteger la competencia en sí misma, como descubrimos en Colombia con las multas al cartel de los pañales, del azúcar, de las EPS o de algunos medicamentos. En eso si estamos iguales.

Se quejan los chilenos que los medicamentos de alto costo tienen una muy pobre cobertura por el sistema de salud, casi todo sale del bolsillo. En eso sí que somos distintos, en Chile, con sucesivas reformas, se han incluido lentamente medicamentos de alto costo en algunas patologías. Los medicamentos del programa AUGE (Acceso Universal de Garantías Explícitas) hoy GES (Garantías explícitas en Salud), se estima que solo el 6% de los medicamentos de alto costo se pagan por medio del sistema.

En Colombia estamos al otro extremo, Los medicamentos de alto costo que cualquier paciente necesite, se pagan con recursos públicos, incluso los que no necesite como nos enteramos por el cartel de la hemofilia y los demás carteles con nombres propios y medicamentos propios. Y aunque los precios son altos, existen mecanismos de control que ya tienen a más de un millar de productos en cintura, a pesar de las protestas de las multinacionales farmacéuticas y de los gobiernos que las apoyan.

En Chile, en Colombia, en Ecuador y en Francia, las protestas de los ciudadanos aparecieron cuando se rebosó la copa del ciudadano que paga el modelo económico que favorece a los inversionistas en los sistemas de transporte y los obliga a pagar tarifas altas, Que favorece al sector financiero y los obliga a bancarizarse para pagar por que le presten, por preguntar y por hacer plata con su plata, Que tiene en proceso de demolición a la universidad pública para garantizar el buen negocio de las universidades privadas, con los recursos públicos. Que se inventa las certificaciones de los ascensores para que los ciudadanos paguen por el crecimiento de las empresas certificadoras. Que financia el transporte y la movilidad con las multas y los peajes como si los ciudadanos no pagáramos impuestos.

¿Y en la salud? todos los días vemos en la televisión la publicidad de la Superintendencia, según la cual, una ciudadana que requería cirugía cardíaca y que la EPS le negó, fue finalmente operada y goza de buena salud por la intervención de esta entidad . ¡Como si la cirugía la hubieran hecho los funcionarios! tenemos un sistema en el que la demora, la negación de servicios, los itinerarios burocráticos que se traducen en paseos de la muerte, son parte del sistema. Y ciertamente, las EPS reciben su plata directamente de las cotizaciones todos los meses. Las IPS deben esperar a la facturación, la auditoría y el trámite, para que les paguen, los hospitales viven de re-estructuración en re-estructuración, los laboratorios farmacéuticos ven pasar los meses esperando el pago de los medicamentos. Y a los ciudadanos les toca emplear su tiempo (que no vale nada) en lograr la proeza de conseguir una cita, una autorización, una remisión y una cirugía. Las EPS reciben la plata anticipada, los ciudadanos reciben los servicios tarde, mal y a veces nunca. A los que se atiende reciben lo que logran tramitar tarde y con frecuencia, conciliando. Los que proveen los medicamentos e insumos también tarde y conciliando.

Existe un control de precios para los medicamentos, pero como lo demostrara Observamed-Oscar Andia en este mismo periódico, es un control insuficiente y débil, que la industria, especialmente la multinacional, se ha especializado en burlar con múltiples estrategias. El producto controlado no se consigue y el que se consigue es caro. Los médicos ya no prescriben el controlado sino el más costoso y la Adres sigue pagando facturas de medicamentos de precio escandaloso, sin verificación ni de pertinencia ni del precio en el mercado. Somos un estado que se precia de no comprar un lápiz sin tres cotizaciones pero que paga un mismo medicamento a un millón, a dos millones o a tres millones, porque es la factura que le presentan.