Salud rural, una deuda histórica

Una audiencia pública en el Congreso, evidenció la precariedad del sistema de salud en el campo colombiano.

A Alba Yaneth Betancur Cuevas la estaban enterrando justo el día que el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, llegó a Bocas del Pauto (vereda de Trinidad en Casanare). Su doloroso caso era una radiografía de lo que ocurre usualmente en el campo: la gente se enferma y no hay cómo transportarla hasta una cabecera municipal, y cuando llega a un servicio de salud, si es que lo hace, ya es muy tarde.

Betancur, de 23 años, había parido a su niña hacía solo tres meses, cuando le inició un brote y le dio fiebre, consultó en el centro de salud y el médico le dijo que tenía dengue, después de revisar sus signos vitales y observarla. En esa comunidad no hay laboratorio, así que el médico no puede más que dar un diagnóstico con la descripción de los síntomas y el examen físico del paciente. Seis días después volvió, ya estaba muy hinchada, fue cuando el galeno le dijo que debía irse para el hospital de Yopal.

El problema es que Trinidad, que es la cabecera municipal de Bocas del Pauto, queda a seis horas por carretera en verano, si es invierno ni dios sabe cuánto puede tardarse en llegar una camioneta, que son los únicos vehículos que logran pasar por la trocha. De ahí a Yopal hay otras dos horas, y el transporte es muy costoso.

“Aquí no hay una ambulancia, cada quien tiene que llegar al hospital como puede, aquí no hay medicamentos, porque las EPS dicen que no justifica hacer un gasto para tan poca gente”, contó Didier Joaquín Oropesa, primo de Betancur.

Después de recoger dinero entre los vecinos para llevarla al hospital, “llegó en las últimas al hospital, ni siquiera alcanzaron a saber qué era lo que tenía porque al otro día se murió”, relata el familiar.

A Noemí Gualdrón casi le pasa lo mismo. Recordó que después de un paseo con su esposo llegó a la casa con mucho dolor de cabeza, días después presentó fiebre, vejigas de agua por todo el cuerpo y moretones. El médico de Bocas del Pauto no pudo hacer nada y le recomendó ir a Santa Rosalía, una inspección de La Primavera (Casanare) que queda a 40 minutos en Chalupa.

“Me hospitalizaron y no fueron capaces de bajarme la fiebre que llegó a 43. Estaba muy inflamada. La doctora dijo que había que esperar que me aprobaran avión ambulancia y no lo hicieron. Esperamos tres días. Mi hermano es amigo de un capitán de la Fuerza Aérea, arregló con él para recogerme en un avión privado y como era conocido me llevó por cuatro millones de pesos”, contó Gualdrón, quien además citó todas las maromas que hizo su esposo, que es un profesor rural, para pagar la millonaria deuda.

En Yopal confirmaron que tenía una bacteria, con un nombre que ella ni puede pronunciar. Estuvo hospitalizada 10 días, más otros tres meses de terapia, tiempo en el cual tuvo que quedarse en la ciudad y costear su alojamiento y alimentación.

“Aquí no importa que tengas una EPS, que pagues cumplidamente tus aportes, si no tienes plata y contactos te mueres”, sentenció.

La salud, el negocio

“Lo que hay es una gran injusticia con la ruralidad, algunos creen que con el aseguramiento actual (subsidiado y contributivo) se puede mejorar, y simplemente es decirle a cada cual qué es lo que tiene que hacer, pues no, no se está mejorando”, dijo el profesor Mario Hernández ante el Congreso, a principios de noviembre. En el Capitolio se realizaba una audiencia pública sobre la salud rural en Colombia, citada por los parlamentarios del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc).

Y es que el profesor Hernández lleva años diciéndole al país que el sistema como está planteado no funciona porque se convirtió en un negocio de los intermediarios, en el que los derechos de los colombianos, especialmente de aquellos que viven en el campo, no entran en la ecuación.

“Todos los recursos que ponemos los colombianos en impuestos, o en cotizaciones obligatorias, son recursos públicos que se concentran en una cosa que se llama Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), esos 42 billones al año se los entregamos a unas intermediarias que se llaman EPS, todas en las misma lógica: obtener lucro de esa administración, y lo hacen con el mecanismo que se inventó Juan Luis Londoño (ministro de la Protección Social en el gobierno de Álvaro Uribe): darle una Unidad de Pago por Capitación (UPC) a la EPS del régimen subsidiado o contributivo a cambio de un plan de beneficios. Esa es la lógica de competencia regulada del mercado de aseguramiento”, señaló el experto.

El asunto es, continuó Hernández, que “en la lógica de esos intermediarios, entre menos se gasten la plata más ganan. En el campo no hay servicios porque para ellos es muy costoso si mantienen un centro de salud abierto con un equipo de salud de cinco profesionales”.

Por su parte Samuel García, director de prestación de servicios y atención primaria del Ministerio de Salud y Protección social, le agradeció a la audiencia la información dada allí ya que la consideró clave porque señala aspectos claves para saber en qué dirección trabajar, y declaró: “es claro que existen brechas entre la salud urbana y la rural, hay indicadores que han mejorado y otros donde quisiéramos estar mucho mejor como los de salud materna e infantil, si se miran las cifras esas brechas son innegables” indicó también que existe preocupación por la poca disponibilidad de talento humano en las áreas rurales, las cuales básicamente se soportan en el servicio social obligatorio. El funcionario mencionó que se espera fortalecer la gestión territorial en salud, ya que es responsabilidad de estos entes organizar la prestación de salud en los territorios, y recordó que el gobierno trabaja en un plan nacional de salud rural.

De acuerdo con Román Vega, docente de la Universidad Javeriana y exsecretario de Salud de Bogotá, el sistema actual: “mantiene una racionalidad económica, en un lugar de acumulación y gestión de los capitales empresariales, a costa del acceso y dignidad de la atención; y pretende hacer lo mismo con los sistemas de salud de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas. Ello a través del manejo rentístico de los fondos sociales y públicos del sistema mediante las EPS, el cierre de hospitales, puestos y servicios de salud, o su concentración en las cabeceras municipales, las reglas excluyentes de habilitación de la calidad de los servicios, y la sobreexplotación de los escasos trabajadores de la salud”.

Y lo que es más grave, cada vez es más difícil que profesionales de la salud vayan a zonas rurales dispersas cuando ya han culminado su rural. David Fajardo, quien habló en nombre de los médicos en el Congreso, anotó que el 20 % de los profesionales de la salud que hacen año rural trabajan más de 270 horas al mes y no cuentan con los insumos necesarios para desempeñar su labor.

Lo que el congresista Omar Restrepo tradujo en palabras más simples: “llevar médicos mal remunerados al campo no es factible, porque para ese médico que está en una ciudad no es sencillo desprenderse de sus comodidades y de su familia, y si está mal remunerado peor. Necesitamos gente que tenga arraigo cultural con el campo para que sirvan por vocación a la comunidad, y eso requiere recursos”.

Lo que evidencia otro reto: llevar educación en salud al campo, para que quienes viven allí puedan ser profesionales que se desenvuelvan en su entorno.

Si se implementa el Acuerdo, mejora la salud

“Tenemos una ambulancia de hace 40 o 50 años, no estamos autorizados para tener antiofídicos porque piensan que terminan en manos de grupos armados, los centros de salud están en mal estado, pedimos insumos que nunca llegan y tenemos un auxiliar de enfermería para atender más de 5.000 habitantes”, señaló Yamit Contreras, representante del Catatumbo en la audiencia.

La respuesta del Gobierno, que estuvo a cargo del delegado Samuel García, fue que sí ha cumplido con las promesas del Acuerdo de Paz que incluyen el mejoramiento de la salud en el campo y que para ello han diseñado una política acorde a cada territorio.

La salud rural es el tercero de ocho pilares en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, que es la estrategia del Acuerdo de Paz para cerrar las brechas entre el campo y las ciudades en los 170 municipios más afectados por el conflicto armado. Allí se concentrarán los recursos para el campo de los próximos 10 años, y con base en esa priorización se formuló el Plan Nacional de Salud Rural.

Lo que fue cuestionado por Vega, ya que la “grave realidad de la salud rural se extiende a la totalidad de los 1.123 municipios del país, incluyendo los ocho distritos especiales, las 20 áreas no municipalizadas y los asentamientos de campesinos, colonos e indígenas ubicados en las regiones de parques nacionales naturales y áreas de distritos integrados”.

Por el momento no se sabe cuánto costará llevar a cabo el Plan Nacional de Salud Rural, aunque en su formulación se detallan fuentes de financiación que abarcan el Presupuesto General de la Nación, recursos de los entes territoriales, regalías, alianzas público privadas y cooperación internacional, sin embargo, ya es un hecho que se quedará corto frente a la magnitud de la problemática.