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Continúa
el
ajuste a la Ley 100
Redacción
El Pulso elpulso@elhospital.org.co
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A casi dos años de haberse
iniciado el pretendido proceso de reforma a la Ley 100 de 1993,
por estos días continúa su trámite en la
Comisión Séptima y Plenaria de la Cámara
de Representantes el proyecto de ley 052 de origen gubernamental
aprobado en segundo debate en el Senado de la República
el pasado 20 de septiembre, proyecto que más que una
reforma a la reforma del 93 hace algunos ajustes a la Ley 100,
porque mantiene el esquema inicial de su creación: el
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
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Los
diferentes actores del sector salud parecen haberse convencido
de que ante las promesas incumplidas en la reforma del 93 y
ante el caos generalizado en las diferentes estructuras y procesos
del sistema, es mejor apostarle a establecer por lo menos algunos
pasos en firme en la reorientación del sistema, con la
esperanza de que ahora sí, se pueda acercar el logro
y la materialización de sus metas y principios originales.
Las únicas voces disidentes fueron las de los senadores
Luis Carlos Avellaneda, Jesús Bernal, Jesús Piñacué
y Jorge Robledo.
Lo aprobado
Se destaca de la aprobación en el Senado, la
destinación de los recursos del 4x1000 para ampliación
de cobertura en régimen subsidiado a partir de 2007 (propuesta
del senador Andrés González, para afiliar 8 millones
de colombianos), aunque se espera respuesta del Ministerio de
Hacienda porque su titular Alberto Carraquilla, insistió
en la inconveniencia de la medida. Argumenta que los recursos
para salud tienen que contemplarse en la Ley de Pre-supuesto
General de la Nación y que sacar un impuesto para pasarlo
a destinación específica, crea un problema grave
de sustitución: “Es quitarle una fuente de financiación
al presupuesto. Ese impuesto anualmente le deja al Estado más
de $2 billones 400.000 millones, con los cuales se financian
pensiones, transferencias, gastos de funcionamiento e inversión.
Por eso, de otorgarse una destinación específica,
tendrían que surgir los recursos alternativos”.
Según el senador Camilo Sánchez, se requieren
casi $900.000 millones para garantizar cobertura a los estratos
1 y 2: “Del tributo de 4x1000 se utilizará lo que
se necesite para garantizar cobertura en régimen subsidiado
del 100%”.
Otro punto aprobado contempla que las EPS deben contratar al
menos el 65% de los servicios de régimen subsidiado con
las Empresas Sociales del Estado -ESE- del municipio respectivo
(según la Ley 100, la contratación obligatoria
es 40%). Con este aumento, los hospitales públicos pasarán
de contratar $1,3 billones al año a $2,5 billones. Y
para evitar las demoras en los pagos que desfinancian los centros
hospitalarios, se establece una fórmula bimensual de
anticipos.
Se dejó establecido que las Empresas Promotoras de Salud
-EPS- no podrán contratar con sus propias Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud -IPS- más del 30% del
total de los contratos, porque el restante 70% lo tendrán
que contratar con la red pública de hospitales, instituciones
que se benefician de la medida. Igualmente, que tanto en el
régimen contributivo como en el subsidiado, las EPS o
aseguradoras deberán garantizar a los afiliados la posibilidad
de escoger su IPS entre las existentes en su área de
influencia.
También se aprobó que los empleadores pagarán
8% de los aportes a salud de sus trabajadores contratados a
término fijo, mientras el empleado asume el 4%, tal como
hacen los empleados a término indefinido. Otro logro
fue la aprobación de la afiliación automática
y gratuita al sistema de salud de todo recién nacido
y durante un año, si sus padres no están afiliados
al sistema; también se eliminaron las cuotas moderadoras
y los copagos para los pensionados que reciban mesadas entre
1 y 2 salarios mínimos.
El fin ansiado: cobertura universal
Fue la primera motivación de la Ley 100 y es
inspiración de este ajuste. Es fin primero y último:
en eso hay consenso. Todos a una, tirios y troyanos, presentaron
toda clase de propuestas encaminadas a alcanzar esta promesa
incumplida en el año 2001. El senador ponente del proyecto
de ley, Eduardo Benitez, afirmó que de aprobarse en los
dos debates que faltan, en el 2006 habrá 39 millones
de colombianos afiliados a salud (90% de cobertura de la población),
en los regímenes contributivo y subsidiado (incluyendo
en éste último los subsidiados parciales).
Según el senador Luis Carlos Avellaneda, preocupa que
en el proyecto 052 se plantee como objetivo pero a la vez se
renuncie a la universalidad en la cobertura, al no definir una
fecha para alcanzarla, pese a que $18 billones que circulan
en el sector salud serían suficientes para lograrlo.
La Academia Nacional de Medicina también expresó
su preocupación frente al objetivo de “cobertura”,
si ésta no significa prestación de servicios:
“Es necesario diferenciar ‘cobertura’ de ‘carnetización’,
por ahora no equivalentes. Por lo pronto, todo el esfuerzo parece
estar orientado a la carnetización, así sea por
medio de subsidios parciales, sin crear la infraestructura de
servicios que garantice a los 'carnetizados' la debida atención.
Además, la implantación de los subsidios parciales
son un paso más hacia la inequidad, partiendo del principio
de que la Ley 100, de por sí, es fundamentalmente inequitativa”.
También para la Academia de Medicina, en el balance de
la salud el país sigue con saldo en rojo, por cuanto
“las enfermedades reemergentes como la tuberculosis, el
incremento en la incidencia del dengue y de otras enfermedades
transmisibles, y el descenso en la vacunación, de continuar,
podrían dar lugar a situaciones alarmantes”. Y Cosesam
cuestiona que “si la gran meta del proyecto solo se expresa
en cobertura de afiliación, ¿qué pasa con
la salud? ¿De salud qué? ¿O no es una reforma
de salud?”
Rectoría y dirección
técnica
Otro consenso está en el punto de que el sistema
de salud debe estar bajo el efectivo y eficiente control del
Estado, mediante un fortalecimiento del Ministerio de la Protección
Social, y con un Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud
como ente de regulación y no de concertación,
conformado por profesionales de reconocida idoneidad, y con
autonomía científica, técnica y administrativa.
Limitar intermediación financiera
Otro de los propósitos centrales del proyecto es limitar
esta intermediación donde se queda el grueso de los recursos
del sector y alrededor de la cual se han establecido todo tipo
de negocios. Lo ideal es propiciar el equilibrio entre los aseguradores
(EPS), prestadores (IPS), entes de financiación y vigilantes
del sistema.
Restringir la integración vertical
Este es otro de los puntos aplaudidos en el proyecto,
pues al decir de la Academia Nacional de Medicina, “los
hospitales y clínicas privados y públicos se ven
seriamente amenazados por el fenómeno de la 'integración
vertical' que permite a las EPS y ARS crear sus propias IPS,
creando un creciente monopolio que distorsiona todavía
más el ya imperfecto mercado y que aumenta el poder dominante
del sector asegurador, por medio de mecanismos verdaderamente
perversos y anti-hipocráticos sobre los prestadores”.
Otros objetivos
Para evitar la pérdida de recursos por corrupción
o desviación, y que los dineros lleguen con oportunidad
a ARS y/o IPS, ellos serán manejados por fiduciarias
contratadas por los municipios o los departamentos, que deberán
garantizar su correcta utilización.
Y para evitar el peso financiero que debe asumir la EPS del
Seguro Social al destinar una elevada cuantía de sus
recursos para atender las enfermedades de alto costo, debido
a la concentración de pacientes con dichas enfermedades,
se dispone que las EPS y ARS aportarán el 2% de la UPC
para financiar los excesos de gasto de otras EPS en esas enfermedades.
También se destaca que los afiliados a las EPS y ARS
contarán con un Defensor del Paciente, lo mismo que los
profesionales de la salud.
Otros vacíos
A juicio de la Academia Nacional de Medicina, el proyecto
no corrige algunos defectos de la Ley 100 que ha señalado
el cuerpo médico, como el de generar la pérdida
de autonomía en la toma de decisiones clínicas
y la carencia de programas de capacitación e investigación
para los profesionales de la salud. La Academia señala:
“Increíblemente, al cumplirse casi doce años
de promulgada la Ley 100, el SGSSS carece, como lo ha denunciado
la Academia Nacional de Medicina, de un sistema de información.
Un servicio de salud, así como un programa de medicina
preventiva y de salud pública, son también, en
esencia, sistemas de información”. |
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Algunas voces frente al
proyecto 052
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”La
ponencia mayoritaria del proyecto de ley 052 profundiza el lucro
de EPS y ARS mediante el fortalecimiento del modelo de aseguramiento.
También aumenta la inequidad en el tipo de salud que
se les brinda a los colombianos, al estratificarla. La salud
pública, gran damnificada de la Ley 100 de 1993, lo continúa
siendo en el 052, al hacer responsables de las acciones de promoción
y prevención a las EPS y ARS, entidades que fueron y
continúan siendo incapaces de establecer programas que
logren un real impacto sobre los estados de salud de sus usuarios.
Una reforma no puede pasar por alto la grave crisis que enfrenta
la red hospitalaria pública”.
Luis Carlos Avellaneda, senador
“A pesar de todos los logros en cobertura, atención,
subsidios y otros, debemos seguir avanzando en varios frentes
para mejorar efectivamente los indicadores de salud de los colombianos.
Sin embargo, esos cambios deben basarse en realidades, y no
en mitos sobre el sistema y en especial sobre las EPS. Lo que
se ha creado en 15 años no puede ser destruido a partir
de reformas que no fortalecen los pilares que sustentan el modelo
calidad, sostenibilidad, solidaridad y universalidad. El sistema
necesita ajustes, no un cambio de paradigma”.
Augusto Galán Sarmiento, presidente de Acemi (EPS
y empresas medicina prepagada)
“Filosóficamente, este es un proyecto que la
Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas
-ACHC- considera bueno, que se debe apoyar porque aumenta de
manera amplia el número de personas con protección
en el sistema de aseguramiento, porque crea más estabilidad
en las fuentes de financiación y permite hacer una planificación
adecuada de los recursos, porque le mete mano a un tema que
ha estado totalmente abandonado por los gobiernos y es la regulación
del mercado, porque aporta equilibrio entre los diferentes actores
del sistema -especialmente entre el sector de las IPS y las
empresas administradoras de planes de beneficios- porque mejora
las herramientas de control ciudadano y finalmente porque establece
claridad para todos los participantes del sistema respecto de
lo que tiene que hacer cada uno de ellos. La gran conclusión
es que el escenario con este proyecto 052 funcionando plenamente,
es muchísimo mejor que el actual y difícil escenario
con Ley 100”.
Juan Carlos Giraldo Valencia, Director ACHC
“Creemos que este proyecto 052 no corrige los grandes
defectos que son evidentes en la reforma de la salud que estableció
la Ley 100, los cuales son principalmente de carácter
estructural, pero consideramos que sí representa un paso
adelante”.
Academia Nacional de Medicina |
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