Actualmente
funcionan por ejemplo, sólo 8 Empresas Solidarias de
Salud (ESS): la “Empresa Mutual para el Desarrollo Integral
ESS”, con sede en Montería; Cooperativa de Salud
y Desarrollo Integral Zona Sur Oriental de Cartagena Ltda. “Coosalud
ESS”, con sede en Cartagena; la Asociación Mutual
La Esperanza "Asmet Salud" (ESS), con sede en Popayán;
“Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó
ESS” con sede en Quibdó; Entidad Cooperativa Solidaria
de Salud del Norte de Soacha “Ecoopsos”, con sede
en Soacha; Asociación Mutual Empresa Solidaria de Salud
de Nariño ESS "Emsanar ESS", con sede en San
Juan de Pasto; Cooperativa de Salud Comunitaria “Comparta”,
con sede en Bucaramanga; Cooperativa Empresa Solidaria de Salud
"Sarare Ltda", con sede en Saravena, y la “Asociación
Mutual SER Empresa Solidaria de Salud”, con sede en Cartagena
.
Y es que la historia de las ARS es la de un estrepitoso fracaso
de una buena intención gubernamental puesta en práctica
en medio del afán y sin una planeación que pudiera
garantizar que los recursos girados llegaran exitosamente a
su destino final, pues las buenas intenciones se convirtieron
en una fuente de acumulación de ingresos para algunas
ARS que vieron en la administración de estos recursos
públicos una fuente de capital y que, tan pronto como
sintieron la presión de los usuarios con el inicio de
la demanda de servicios, entregaron los afiliados y generaron
un vacío crítico en los municipios en los cuales
operaban.
El proceso de depuración y de liquidación voluntaria
de ARS ha afectado no sólo a las Instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud o IPS (especialmente a las de primer nivel)
en cuanto a la facturación que era casi del 60%, sino
también a los usuarios que han perdido la autonomía
que antes les permitía escoger la entidad a la cual querían
pertenecer y les ha tocado permanecer al margen de la elección,
conformándose con la que les sea adjudicada por el ente
territorial. Esta adjudicación “a dedo” se
ha convertido en un nuevo foco de corrupción, según
afirmó Sergio Gil Urrego, gerente de Aplisalud, porque
en algunos municipios los entes territoriales se han dedicado
a entregar los usuarios no a la empresa que mejor preste el
servicio, sino a aquella con la que se tengan mejores vínculos,
e incluso se han encontrado casos en los que se pagan de seis
a ocho mil pesos por usuario adjudicado.
El impacto de la liquidación de las ARS se ha sentido
en el sector de la salud a nivel nacional y a nivel regional.
Según Gil Urrego, Antioquia en particular se vio muy
afectada porque se quedó sin ARS local: “Aquí
están funcionando tres empresas solidarias grandes: Coosalud,
la que más empresas pequeñas de Antioquia incorporó,
aunque es de Cartagena; Ecoopsos que agrupó tres solidarias
de Antioquia, y Endis que tiene la sede principal en Córdoba”.
Los antecedentes
El 29 de diciembre de 1995 el gobierno Samper estableció
los requisitos para la creación de las ARS y la administración
del régimen subsidiado. Hacer una ARS fue fácil.
Sólo se necesitaba decir que se tenía un patrimonio
aproximado de $15 millones y buscar 5.000 pobres, no importaba
si existían o no.
En muchos casos, grupos de amigos y familiares se unieron para
administrar los miles de millones de pesos destinados a la salud
de los pobres. Detrás de ellos había políticos
que vieron en el Sisbén una oportunidad de amarrar votos,
acceder a recursos del Estado y mostrarse como benefactores
de la comunidad.
El negocio era tan llamativo que se generó una carrera
contra el reloj para afiliar beneficiarios. Escuadrones de jóvenes
se encargaban de buscar beneficiarios del Sisbén, indigentes
y niños abandonados para afiliarlos a la ARS, aprovechando
una norma que decía que el que primero llegara era el
que tenía los afiliados. Por cada uno recibía
al año $155.000. Sin embargo, de esas carreras quedaron
nombres repetidos, personas inexistentes y hasta algunas de
ellas fallecidas, conocidos como los falsificados o duplicados,
es decir: el Estado paga hasta dos y tres veces por una misma
persona o por una que está muerta.
Al “negocio” de las afiliaciones se sumó el
de la baja utilización de los servicios por el escaso
conocimiento que los beneficiarios tenían del sistema.
Así, las ARS se quedaron con recursos de la salud, cuyos
servicios no eran utilizados por los pobres y pasaban a engordar
las finanzas de las empresas. Los dueños se los repartieron
como utilidades. El rumor de un gran negocio que no requería
inversión se regó por el país.
La rentabilidad hizo que campesinos, madres comunitarias, indígenas
y profesionales conformaran Empresas Solidarias de Salud (ESS).
Las cajas de compensación y EPS, que en un principio
tenían dudas sobre la administración del régimen
subsidiado, se volcaron hacia él para apalancar las dificultades
que les generó el montaje del régimen contributivo.
La cifra de ARS llegó a 256.
Desde su aprobación a comienzos de 1996 hasta febrero
de 1998, fue poco lo que se hizo para vigilar el destino de
los recursos del régimen, lo que originó un círculo
vicioso de deudas en el sector. En muchos casos, alcaldes y
gobernadores no hacían los pagos a las ARS porque los
giros del situado fiscal no llegaban en forma oportuna o simplemente
porque destinaban los recursos a otros fines. A su vez, las
ARS no les cancelaban oportunamente a los hospitales con el
argumento de que los entes territoriales no les pagaban, lo
que se convirtió en un círculo vicioso que tiene
al sector salud en una de sus peores crisis.
Esta situación llevó al gobierno nacional a replantear
los requisitos para la creación de las ARS y endurecer
las condiciones de permanencia para las que estaban administrando
el régimen subsidiado. La expedición del decreto
1804 condujo a las ARS pequeñas a unirse para seguir
administrando los recursos del régimen subsidiado. En
ese proceso de fusión participaron 74 ARS.
Este apretón también facilitó la salida
del mercado de algunas ARS que se habían apropiado de
recursos que debían trasladar a los hospitales. Esas
administradoras están hoy en liquidación y no
hay quién responda por las millonarias deudas que tienen
con el sistema, porque como lo dijo uno de los funcionarios
de la Supersalud, “de ellas sólo queda el cascarón”.
La expedición del referido decreto también sirvió
de “reflexión” a las grandes EPS, como Saludcoop
y algunas cajas de compensación, entre ellas Compensar
y Comfamiliar, que luego de varios años de haber accedido
a la administración de los cuantiosos recursos del régimen
subsidiado, optaron en su mayoría por retirarse del negocio.
Su argumento principal sostenido en privado más no en
público, fue el bajo valor de la Unidad de Pago por Capitación,
UPC. No obstante, el mayor conocimiento de los usuarios del
sistema generó más utilización de los servicios
de salud, incremento de los costos y disminución de las
utilidades.
El reto de la Superintendencia
El decreto, que buscaba que las empresas que quedaban en el
sector tuvieran la capacidad financiera de atender integralmente
a los afiliados con calidad y que fueran suficientemente solventes
para garantizarle al usuario al menos por un año la atención,
aún sin que se hicieran los giros de recursos que usualmente
no fluyen de manera oportuna, así como minimizar los
malos manejos y acabar con la corrupción, no ha logrado
cumplir con sus objetivos.
Durante el año 2002, la oficina anticorrupción
de la Presidencia de la República adelantó 28
procesos por la pérdida de un billón de pesos
en malversación de fondos y otros delitos en Administradoras
de Régimen Subsidiado, ARS. La exsuperintendente de Salud,
Gloria Isabel Triviño afirmó en su momento que
en el manejo de las ARS se cometieron muchas irregularidades,
como falsedad en documentos, desviación de dineros y
contratación indebida.
En la primera etapa de las ARS, la Supersalud nunca tuvo recurso
humano como para garantizar una evaluación permanente
en esos procesos. Ahora el pequeño número de empresas
solidarias existentes permitirá a la Superintendencia
ejercer un papel más efectivo de evaluación y
control de su funcionamiento. Es necesario volver a pensar en
lo que había sido planteado al comienzo del Gobierno
Uribe: iniciar una serie de acciones para mejorar el flujo de
recursos de las EPS y ARS a las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud (IPS), cuya deuda asciende, a corte del 30
de junio, a más de $889.551 millones.
Del mismo modo, se espera que se propongan cambios en el modelo
de contratación; se impulse la modernización de
los procesos de facturación e información; se
ejerza un estricto control sobre los intermediarios; se unifiquen
los manuales de tarifas y se emprenda un sistema único
de pago. Todas esas acciones aportarían organización
y permitirían un más alto índice de cumplimiento
de los objetivos. |
