Es muy difícil responder a la pregunta: ¿qué falta en el país para que sus gentes tengan salud, como muchos lo deseamos? Es difícil dar la respuesta, porque todos creemos que ya hemos hecho nuestro mejor esfuerzo en lo que tiene que ver con los aportes económicos individuales, con la inversión en tecnología y en infraestructura, con lo tocante a reglamentación y legislación, y en fin, con todo lo que conduzca a alcanzar ese anhelo de la salud para todos; y de otro lado, porque el estado de salud es, la irremediable, la resultante de una serie de factores bien conocidos, pero que en nuestro caso no han sido adecuadamente sincronizados y ajustados para que produzcan el resultado que se requiere, es decir, que al final se logre un nivel adecuado de vida, y por ende, de salud.

El hecho de prestar los servicios de salud -asistenciales propiamente- con criterio mercantilista -sin que se quiera usar aquí el termino en forma descalificante-, lastima el sentido y el valor de la relación humana, pero salvaguarda los indicadores económicos, que en último término es lo que le importa a los organismos internacionales y a segmentos poderosos de la sociedad y del gobierno.

De manera que cuando se habla de las relaciones que existen entre monetarismo y política social, lo que se pretende es escudriñar el efecto de lo primero sobre lo segundo, porque en verdad lo social se ha puesto en lugar secundario a cualquier otro interés. Aquí por supuesto, lo de salud está contenido en esa gran bolsa de lo social que poco se aprecia y que se estima sólo en lo que se cree que vale, valorada solo como elemento fuente de riqueza.

Esta mirada economicista no es por cierto exclusiva del país. Esto mismo se ha vivido en el contexto regional latinoamericano, donde se adelantaron reformas a instancias de los organismos multilaterales que propiciaron y alentaron las corrientes globalizadoras y las tendencias aperturistas de las economías, que en virtud de esa fuerza se abrieron a otras más capaces y poderosas que, además, estaban y están protegidas por los gobiernos de esos países.

Pobreza, desempleo, déficit de vivienda, malestar social y desmejoramiento de las condiciones de vida de la gran masa de población, entre otros males, es lo que le ha quedado a nuestros países, de las políticas de los últimos 15 años.

La situación ha estado agravada por la creencia, también de raíces externas, de que todo, absolutamente todo, es solo una oportunidad de mercado.

Hoy por hoy todas las relaciones están regidas por intereses económicos, y solo se deja por fuera de la mesa de negocios, como algo meramente marginal, lo que corresponde a los subsidios parciales que ahora están de moda en salud con las coberturas igualmente parciales; pero no solo en salud, también en vivienda, educación, transporte, pensiones, etc. Este paño de agua tibia no ocultará por mucho la hinchazón.

Entendemos perfectamente la complejidad de los temas sociales y lo difícil de la problemática económica; intuimos las presiones y los compromisos con los distintos entes nacionales e internacionales que atan las manos, pero se hace urgente cambiar los términos sociales de relación, por unos donde no sea exclusivamente lo financiero lo que se aprecie, y donde se propicie un despertar de la sociedad entera a unas coordenadas diferentes, que den respuesta a las necesidades de la gente, pero de todas maneras donde prime lo social y donde el éxito se mida y se premie, no exclusiva ni primordialmente por utilidades contantes y sonantes al final del período fiscal, sino en razón del impacto positivo en la sociedad.

De pronto un 3 por mil como aquel con el que salvamos todos los colombianos el sector financiero, pudiera ser el pie amigo que le ha hecho falta al sector social. Aquí seguramente no habrá quien coadyuve.

Hacer dinero al precio de lo social no solo es absurdo, sino inaceptable.