MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 5    NO 57   JUNIO DEL AÑO 2003    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Ley 550: un salvavidas
para algunas IPS

Marta Cecilia Caballero Jerez -Periodista elpulso@elhospital.org.co

El gobierno nacional creó en 1999 la Ley 550 con el propósito de establecer un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales, para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones.
De acuerdo con lo establecido en la mencionada norma, los fines de la intervención del Estado en la economía, están relacionados con la reactivación de la economía y el empleo, mediante la reestructuración de empresas pertenecientes a todos los sectores productivos colombianos.
Dentro de la filosofía que planteó el ejecutivo nacional para la creación de esta Ley, figura la búsqueda de más eficiencia en el uso de los recursos vinculados a la actividad empresarial, una mayor competitividad y la promoción social de sectores y empresas reestructurados.
El sector salud es uno de los más golpeados por la crisis económica que atraviesa el país desde hace varios años y por ello, la Ley 550 constituyó para algunas de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, la mejor salida para garantizar la subsistencia y la cobertura de servicios que venían prestando.

En Popayán
El Hospital Universitario San José de Popayán optó por acogerse a la Ley 550 con el fin de renegociar sus pasivos que a 2002 ascendían a los $40.000 millones. De esta manera, ese centro deja sus puertas abiertas y garantiza la atención médica de tercer nivel a 1.500.000 personas aproximadamente, del suroccidente colombiano.
De acuerdo con esto, los pasivos del San José serán reestructurados en 10 años, con uno de gracia, 3 para el pago de empleados, 3 para el pago a proveedores y 3 más para ponerse a paz y salvo con los bancos.
El Hospital San José de Popayán queda entonces con 350 empleados y 130 camas, de las cuales 14 son para el área de urgencias. La primera fase del proceso de reestructuración va hasta diciembre de este año y comprende un completo análisis de los acreedores del hospital y los respectivos acuerdos para cancelar los montos adeudados.
Otro punto importante en este proceso es el convenio docente asistencial firmado con la Universidad del Cauca, que permite la integración de un sistema de apoyo y colaboración por parte de ese claustro de estudios superiores hacia el Hospital San José y es un excelente mecanismo de retroalimentación de ambas partes para beneficio de la comunidad.
En virtud del convenio que operará durante 3 años, se le brindará una mayor estabilidad a los servicios que presta el hospital, habrá apoyo en equipos y personal de profesores de la Universidad del Cauca, quienes podrán ocupar cargos administrativos en el San José y a su vez, los médicos de esta Empresa Social del Estado recibirán reconocimientos académicos de esa universidad.
Clínica Los Rosales
Uno de los casos que muestra las bondades de la Ley 550 o de reestructuración administrativa es el de la Clínica Los Rosales de la ciudad de Pereira, que firmó su respectivo acuerdo en diciembre de 2000.
Fernando Robayo García, promotor designado para el acuerdo, manifestó que acogerse a la Ley 550 le permitió a la institución renegociar en un término de 13 años sus acreencias que eran del orden de los $28.000 millones. Asimismo, se logró la transformación de la clínica de una sociedad limitada a una por acciones y Coomeva adquirió el 24% de las acciones, lo que le brinda a la Clínica Los Rosales mejores resultados en términos de prestación de servicios de salud. Además, se han constituido alianzas estratégicas con otras entidades, lo que potencializa los recursos de la institución. El señor Robayo García indicó, además, que la reestructuración administrativa permitió la continuidad de los 500 puestos de trabajo que genera este centro hospitalario.
Clínica Los Andes
Es similar la situación de la Clínica Los Andes ubicada en la ciudad de Cali. Álvaro José Lloreda Caicedo, promotor del acuerdo, dijo que esto posibilitó a la entidad manejar sus pasivos del orden de $1.800 millones, reducir costos y reorganizarse internamente.
El punto más neurálgico para que esta institución saliese adelante era el de los pasivos, que según el acuerdo, se dividieron en diferentes formas de reestructuración, teniendo en cuenta la prioridad que para ellos existe en la Ley 550. Algunos se pagarán a 5 y otros a 8 años, lo que ha permitido su adecuado manejo.
Destacó que uno de los factores que contribuyó para que la entidad saliera adelante, es la reducción de los insumos, que se han manejado dentro de unos parámetros de austeridad para que sólo se compre lo necesario en la medida en que se requiera.
La Clínica Los Andes de Cali garantizó con la reestructuración administrativa su permanencia y una óptima prestación de los servicios que ha brindado. Se está especializando, además, en atender clientes directamente y no depender del Seguro Social, debido a los problemas económicos de esa institución.
Otras grandes y pequeñas IPS en Ley 550
Los mencionados son apenas algunos de los casos exitosos de la aplicación en instituciones del sector salud, de la Ley 550 de reestructuración económica. Pero son muchas más las entidades que se han acogido a esa norma para continuar brindando sus servicios con mayor calidad y eficiencia.
Algunas de esas otras Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) que a lo largo y ancho del país se han acogido a la Ley de reestructuración económica son: la Fundación Abood Shaio, de Bogotá; el Hospital San Juan de Dios, de Zipaquirá; el Centro de Alta Tecnología Diagnóstica del Eje Cafetero (CEDICAF) de Pereira; la Clínica Oftalmológica Unigarro Ltda., de Pasto; Usifem S.A., de Bogotá; Velmonte Sociedad Ltda., de Cota; Creasalud, de Ibagué; Centro Médico Carvajal, de Bogotá; Sonreir Ltda., de Cali; Centros Cooperativos para la salud, de Bogotá; Clínica Cetroc Ltda., de Barranquilla; Centro Médico Santa Clara, de Chinchiná; la Sociedad Médica de la Clínica San Antonio, de Cúcuta; el Centro Médico Oftalmológico Rafael Bacón Amat, de Bogotá; Urgencias Médicas Ltda., de Buga; la Clínica Unión Somédica Ltda., de Montería; Salud Familiar S.A., de Cali; IPS Los Alpes de Pereira; y la Clínica de Occidente, de Cali.
La pregunta que queda abierta, es si serán muchas las IPS que deberán recurrir a esta Ley en busca de oportunidades para seguir prestando sus servicios de salud.

 



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