Periódico EL PULSO

En una versión cinematográfica adaptada de “Viaje al centro de la tierra” de Julio Verne, uno de los aventureros que ha vivido durante años con unas tribus prehistóricas y que es hallado nuevamente para el mundo de la civilización por su mujer y dos expedicionarios contratados por ella, al momento del regreso a su época y de escoger entre llevar oro y una planta con poderes curativos reales y prácticamente mágicos, decide llevarse muchas muestras de la planta, porque promete con profunda convicción, que esa planta y sus poderes les permitirá hacerse ricos, siendo así mucho más valiosa que el oro mismo.
En el mundo real actual no hay mucha diferencia con esa ficción: un producto al cual se atribuyen propiedades curativas, puede costar cifras exorbitantes y justificar ese valor por los supuestos y pretendidos efectos que afirma ofrecer. Ello ha permitido que desde el comienzo de los tiempos existan los medicamentos entendidos como aquello que cura, o por lo menos lo intenta, y a quienes lo elaboran o procesan, les ha otorgado incluso hasta cierto halo de seres con facultades sobrenaturales.
La medicina tiene ese objeto de prevenir, curar o por lo menos aliviar, y por eso también desde los albores del tiempo, se ha servido de los medicamentos, productos externos al hombre mismo que se le aplican de una u otra forma para dar un “remedio” a sus males físicos y síquicos.
Siendo la vida y su conservación el máximo valor instintivo que mueve al hombre y preserva al género humano, ese valor se ha yuxtapuesto a los medicamentos, en tanto medios que le ayudan en ese propósito. Pero en un mundo a su vez mediatizado por toda suerte de intereses y valores, principalmente políticos y económicos, los medicamentos entraron al juego del poder, y su procesamiento, su distribución y su utilización, no han logrado escapar a estas fuerzas, hasta llegar incluso a desnaturalizarse como curativos, quedando con un disminuido papel lenitivo y siendo el objeto de miles de hilos invisibles en el no tan velado teatro global que rodea al mundo.
Nuestro país no ha sido ajeno al fenómeno, pero precisamente en aras de tratar de conservar el medicamento como tal, de garantizar productos de calidad en medio de las limitaciones tecnológicas y las presiones transnacionales, y de promover un uso correcto de los mismo, se ha embarcado en la definición de una nueva Política Farmacéutica Nacional (PFN), en un proceso que “exige transformaciones profundas en muchas concepciones y prácticas de los diferentes actores del mundo del medicamento”, según reza en la propuesta presentada por el Ministerio de la Protección Social y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, el pasado 24 de abril.
Se pretende construir entonces esta nueva política, con participación de un amplio espectro de actores involucrados, en un ejercicio tecnocrático con asesoría de conocedores del tema, y en un ejercicio político de negociación de posiciones encontradas que se pretende mediar mediante la concertación y regulación del Estado, que en última instancia, está comprometido y obligado a defender la salud de la población colombiana y el bienestar de la misma en caso de conflicto entre las partes.
El documento final deberá estar concluido en junio 15 de 2003, una vez consolidadas todas las observaciones recibidas por medio de documentos, correos electrónicos, foros y talleres, para tener un documento base que permita continuar el proceso de construcción de la Política Farmacéutica Nacional. Las alternativas son convertirlo en un documento nacional o Documento Conpes, o convertirlo en un documento oficial del Ministerio de la Protección Social, que puede ser adoptado mediante resolución.
Gracias al Acuerdo con la OPS-OMS y dentro de un proyecto en varios países, se utilizará un sistema de evaluación y seguimiento de la PFN mediante la aplicación periódica de unos indicadores, cuyos resultados permitirán establecer “línea de base” para monitorear cada año o cada 2 años, los avances en el tiempo con una base objetiva estandarizada.
En este momento crucial vale la pena reiterar una acotación del médico farmacólogo David Eloy Guerra, cuando advierte que hay dos sentencias de la Corte Constitucional en materia de medicamentos que dicen muy claramente cual es la directriz que debe tener la Política Farmacéutica Nacional: La sentencia T-322 del 94 que habla sobre el derecho a la calidad del medicamento y la T-344 de 2002, que dice que el médico tratante es quién decide que medicamento requiere el paciente y no los Comités Técnico Científicos; en resumen, estas se refieren a darle un manejo a los medicamentos desde la necesidad del paciente, traduciéndolo en términos económicos, no es costo-beneficio sino beneficio-costo. “Primero miro a ver que necesita el paciente, si se va a beneficiar de eso, y después pregunto cuánto vale, no al revés como estamos haciendo ahora: primero preguntamos cuánto vale y luego preguntamos si el paciente se beneficia o no”, indicó.