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Informe para el sector
salud
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La
financiación privada y la prestación de servicios
de salud
Francisco
de Paula Gómez - depaula@netcard.net.co
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La participación
del sector privado en la atención de servicios de salud
es cada vez mayor, no solo en Colombia sino en el mundo entero.
A partir de los pasados años 80, la prestación
privada de todo tipo de servicios de salud comenzó a
aumentar rápidamente en los países desarrollados,
tendencia que se extendió diez años después
a los países en vías de desarrollo. De acuerdo
con el Reporte de Desarrollo Humano de 2003 del Programa de
Desarrollo de las Naciones Unidas, en el caso de los países
desarrollados, la experiencia muestra “una primera fase
en la que la prestación es asumida totalmente por el
Estado, seguida de intervenciones más dirigidas, y a
continuación el establecimiento de sociedades público-privadas
para el abastecimiento de diferentes mercados…”. En
el caso de países como el nuestro, la ampliación
en el suministro privado en los países pobres responde
a tres factores según el mencionado reporte: La falta
de recursos por parte de los gobiernos, la baja calidad del
suministro público y los procesos de liberalización
de la economía.
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En el caso colombiano,
gran parte de la atención de salud ha estado en manos
del sector privado durante muchos años, debido a la escasez
de recursos del sector público, a la poca disponibilidad
de los mismos, o por las dificultades para su inversión
eficiente, aunque dicho sea de paso, históricamente en
nuestro país ha existido una innegable preocupación
por los temas de salud, mayor a la de muchos países similares
al nuestro. Con relación a los problemas de calidad en
la atención de servicios de salud, el país ha
tenido desarrollos exitosos en el sector público antes
de la reforma de 1993, como los esquemas de los Servicios Seccionales
de Salud de Antioquia o del Valle, y la operación exitosa
de varios hospitales públicos. Luego de 1993 el caso
del Distrito de Bogotá ha sido un modelo bien desarrollado
y trabajado. Sin embargo, la calidad de los servicios públicos
de salud, el acceso a los servicios por parte de la generalidad
de la población no siempre ha sido la mejor y la crisis
institucional del sector público ha sido permanente.
De esa forma, aunque el sector privado ha participado tradicionalmente
en el grueso de la prestación de servicios, la alta complejidad
de salud ha estado mayoritariamente en cabeza del mismo, que
ha hecho ingentes inversiones y esfuerzos durante muchos años.
Llama por ello la atención, que cuando se habla del sector
hospitalario, tanto los funcionarios encargados del tema como
la opinión pública, creen que los hospitales y
clínicas de orden privado no pertenecen al “sector
hospitalario del país”. De esa manera nunca se ha
pensado en función de una red hospitalaria integrada
entre IPS públicas y privadas ni se han desarrollado
políticas y planteamientos que incluyan la totalidad
del sector prestador de servicios de salud. No queda duda que
debemos cambiar la forma en la que miramos este sub-sector de
salud a la hora de planificar, evaluar o construir políticas
públicas de prestación de servicios.
El tercer impulso que se ha dado a favor del suministro privado
de servicios de salud según el planteamiento de Naciones
Unidas, proviene de la liberación económica y
del libre mercado, que en este caso busca avanzar en materia
de crecimiento y desarrollo. Este aspecto se ha convertido en
una mega-tendencia, en la cual condiciones como la atención
gestionada, la competencia, la eficiencia y el control de costos
hacen parte fundamental de la receta.
Con relación a la participación de la empresa
privada en los servicios de salud, la Constitución Política
colombiana expresa en su artículo 48 que “el Estado,
con la participación de los particulares, ampliará
progresivamente la cobertura de la seguridad social que comprenderá
la prestación de los servicios en la forma que determine
la Ley. La seguridad social podrá ser prestada por entidades
públicas o privadas, de conformidad con la ley”.
En las actuales circunstancias, la iniciativa privada dentro
del sector es fundamental para la atención de servicios
de salud a toda la población y su adecuada participación
gravita de forma manifiesta para el cumplimiento de los objetivos
que plantea el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Igualmente, nuestra Carta Magna en su artículo 333, postula
frente a la iniciativa empresarial privada: “La actividad
económica y la iniciativa privada son libres, dentro
de los límites del bien común. Para su ejercicio,
nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, son
autorización de la ley. La libre competencia económica
es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa,
como base del desarrollo, tiene una función social que
implica obligaciones…”.
En el caso de la iniciativa privada dentro del sector, valga
anotar que ésta ofrece múltiples posibilidades
y no se restringe sólo a la conformación de sociedades
anónimas o a otro tipo de empresas con ánimo de
lucro. Recordemos que la actividad de fundaciones y corporaciones
sin ánimo de lucro hacen parte de una iniciativa de carácter
privado, que las empresas del sector solidario también
lo son y que su objeto puede estar orientado a la prestación
de servicios de salud; al aseguramiento; a la provisión
de materiales, insumos y tecnología; a la educación;
a la provisión de medicamentos; a la investigación;
etc.
Con relación a la iniciativa privada no puede olvidarse
que ésta supone inversiones cuantiosas, procesos complicados
de desarrollo y gestión, y asunción de riesgos.
Cada vez que se cambian reglas de juego para el sistema, se
modifican períodos contractuales, se anuncian reformas
tributarias o nuevos decretos y reglamentaciones de la Ley 100,
se afecta la estabilidad económica de las empresas que
participan dentro del sector y se envía un mensaje de
precariedad a todos aquellos que evalúan invertir, afectando
indudablemente procesos de desarrollo económico del país,
pues salud mueve entre 15 y 17 billones de pesos por año
en Colombia. Ahora bien, se entiende que necesariamente deben
producirse nuevas normas o regulaciones que ajusten el sistema
a las necesidades, pero la cascada de normas e imprevistos regulatorios
se han vuelto una constante amenaza, no solamente para las empresas
sino para el sistema mismo, convirtiendo en caos lo que debiera
ser dinámico.
Por alguna razón que no termino de entender completamente,
hemos venido creyendo todos, que si dentro del sistema de salud
colombiano existe un problema, la única vía de
solución es expedir una nueva resolución, decreto,
acuerdo o ley: Los funcionarios gubernamentales creen firmemente
que deben expedir nuevas reglas, olvidando que con seguridad
ya las tienen y que lo único que se necesita para corregir
el rumbo de muchas dificultades es simplemente aplicar parte
de la frondosa regulación existente. Pero lo contradictorio
de este asunto, radica en que también los diferentes
agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud piensan
lo mismo y exigen que el gobierno “solucione” los
problemas y reglamente cada vez más los temas. Esta actitud
de funcionarios de gobierno y agentes del sistema implica varias
cosas: en primera instancia convierte a los actores del sistema
en agentes pasivos que pocas veces hacen parte efectiva de la
solución de problemas y en segundo término carga
al Estado de una responsabilidad que a veces no le corresponde,
generando nuevos conflictos debido a que termina reglando cosas
en las que en otras condiciones no debiera haber intervenido
o toma decisiones que terminan no sirviendo y que deja descontento
al gobierno mismo y a las partes en conflicto, que sobra decir
nunca pudieron ponerse previamente de acuerdo.
Debemos evaluar con tino las propuestas que se ventilan por
estos días en los varios proyectos de ley que aspiran
introducir cambios a la Ley 100 de 1993. Vemos con preocupación
que se hacen giros importantes en lo que a la iniciativa empresarial
corresponde, cambiando de tajo reglas que podrían impactar
severamente la operación y el esfuerzo de agentes indudablemente
valiosos para el sistema de salud como son las cajas de compensación,
o se imponen nuevos y mayores aportes al aparato productivo
cargando una vez más a los mismos, a los de siempre.
Si conocemos que existen recursos que se pierden por la evasión
y la elusión, por la corrupción tan de moda en
estos días -con los sonoros proce-sos que se ventilan
por los medios-, la politiquería o por la ineficiencia,
tiene poco sentido colocarle más “leña al
fuego”. En este caso no se requiere de nuevas reglas, solo
de aplicar bien lo que ya existe. |
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