Como bien es conocido en el sector salud, se radicó y retiró en el Congreso de la República un proyecto de ley (el 236) que pretendía modificar al sistema general de seguridad social en salud, y se aprovechaba la oportunidad para el fortalecimiento del ejercicio de las profesiones de la salud.
Tal y como lo hemos manifestado reiteradamente desde esta columna, sentimos en el medio un interés desmedido por la creación de nuevas normas, como la única forma de dar solución a las diferentes problemáticas del sector, olvidando que la mayoría de las veces es justamente el interés desmedido por legislar lo que ha llevado al caos jurídico en que se encuentra el país, al punto que parte de las negociaciones de los tratados de libre comercio tienen en su agenda este tema de la seguridad jurídica.
No obstante lo anterior, vemos como se ha logrado crear conciencia en el legislador de la necesidad de generar un sistema único de afiliación al sistema, un registro único de aportantes y un sistema que permita que los prestadores, como los últimos eslabones de la cadena del sistema, reciban de manera oportuna los pagos por los servicios que prestan, siendo una oportunidad la disolución de las ARS propuesta, ya que muchas de estas han sido utilizadas en perjuicio del sistema y en última instancia en detrimento de la atención de los enfermos más pobres.
El capítulo V del proyecto se dedica a la profesión médica, y es fundamental en éste el contenido de la norma sobre la autonomía en el ejercicio de esa actividad, al exigir de los actores del sistema el respeto por la autonomía de los profesionales de la salud en su ejercicio, y con fundamento en ese respeto, prohíbe la limitación de los exámenes diagnósticos, de la remisión a otros especialistas, de la prescripción de medicamentos y de la mora en el pago de sus servicios, temas que son hoy motivo de queja de estos profesionales.
No podemos entonces dejar de ver que este proyecto tiene importantísimas normas para el sector, tanto desde la reorganización en cuanto al flujo de los recursos fundamentada en una adecuada inscripción el sistema, y una administración acorde con las necesidades del mismo. Por otro lado, al profesional médico, a quien se le endilga la responsabilidad del resultado de los tratamientos, se le concede en buena hora la autonomía perdida frente a su paciente. Por todo esto creo poca la defensa del gremio médico a este proyecto. Sobre estos temas trataremos en otra oportunidad.