Colombia no valora suficientemente la riqueza que representa su población vieja. La negación de calidad de vida a la mayoría de estas personas es una manifestación de las democracias débiles o restringidas, lo mismo que el descuido de otras poblaciones vulnerables como mujeres y niños. Y un campo en el cual se aprecia la discriminación, es el de salud y seguridad social: para verificar qué tan equitativa o inequitativa es una sociedad, basta ver el tratamiento dado al sector de la población mayor.
Colombia figura en el puesto 52 del Índice Global de Seguimiento al Envejecimiento entre 96 países del mundo, dato preocupante porque este instrumento marca la respuesta social al envejecimiento, la gestión efectiva para que los viejos vivan bien. Pero en el componente específico de salud está en el lugar 18, algo cuestionable si consideramos que los criterios de esa clasificación son una mera realidad estadística. Esos criterios son esperanza de vida al cumplir 60 años de edad, esperanza de vida saludable y situación mental y psicológica, elementos difíciles de evaluar y generalizar en una población tan heterogénea como la colombiana. Como advierten expertos de la Fundación Saldarriaga Concha, esa clasificación no implica que el sistema de salud funcione bien para los viejos ni que tengan todas sus necesidades básicas resueltas; las inequidades son evidentes.
El Estado tiene una legislación amplia que pretende garantizar la salud y la calidad de vida de los mayores y algunos programas positivos en su favor. Lo uno y lo otro son necesarios, pero insuficientes. El aparato normativo no siempre se traduce en reglamentaciones viables y adecuadas y en una política de Estado coherente y garantista: los programas tienen limitada cobertura. Lo más grave que ocurre con las personas mayores es la falta de una cultura humanitaria que le permita ver a toda la sociedad el valor de sus ancianos, la prelación de sus derechos como población vulnerable.
Así, muchas formas de maltrato pasan inadvertidas, constituyendo otro nicho de impunidad, tan difícil de develar y de superar como el maltrato infantil. La carencia de esa cultura explica el generalizado abandono de los ancianos por sus mismas familias, la falta de verdaderos cuidadores frente al cúmulo de enfermedades crónicas y degenerativas que crece exponencialmente, y lo más grave: la violencia que se ejerce cotidianamente contra estas personas.
Ningún estamento del país tiene disculpa para no comprometerse en un mejoramiento radical de las condiciones de vida de los viejos. Es éste otro terreno en donde no podemos esconder la cabeza en la arena como el avestruz, no podemos ceder el terreno al discurso tecnocrático estéril de quienes tranquilizan su conciencia cambiando de nombre a los viejos con los consabidos eufemismos de “tercera edad”, “edad dorada”, “adultos mayores”, “personas mayores”, que no redundan en un mejor trato a estos patriarcas que tanto nos han dado y tan poco les retribuimos.