MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 15    No. 178  JULIO DEL AÑO 2013    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Ley Estatutaria en salud:
con visos de ley ordinaria


“Ley Estatutaria profundiza
la privatización del servicio”

Hernando Guzmán Paniagua - Periodista elpulso@elhospital.org.co

“No es cierto que eliminarán la lista explícita de bienes y servicios en
salud (POS) y que sólo habrá una lista de exclusiones, queriendo significar que prácticamente todo estará cubierto, excepto algunas cosas justificadas”.
Senadora Gloria Ramírez
“Por privilegiar los intereses de los negociantes de la salud, el Congreso perdió otra oportunidad de resolver la crisis que casi todos los días cobra valiosas vidas de nuestros compatriotas”, declaró la senadora Gloria Inés Ramírez, quién agregó: “El texto aprobado profundiza la privatización del servicio, la intermediación financiera y la mercantilización del derecho a la salud, y no resuelve los problemas que originaron la crisis”.
Advirtió la congresista: “La crisis de la salud no se resuelve con la 'redefinición' del sistema de salud: el país necesita es un nuevo sistema, democrático, basado en principios de carácter publico, solidario, sin intermediación financiera, con equidad y calidad, que elimine el carácter mercantilista y rescate la salud como un derecho humano fundamental”.
“Con este nuevo listado de exclusiones
se limita la acción de tutela, ya que solo se
podrá interponer luego de utilizar otros recursos judiciales,
como demandas de nulidad y otras acciones
contencioso-administrativas”.
Senadora Gloria Ramírez.
Y agregó: “No es cierto que se eliminará la lista explícita de bienes y servicios en salud (POS) y que sólo habrá una lista de exclusiones, queriendo significar que prácticamente todo estará cubierto, excepto algunas cosas que se consideran justificadas”. Atribuyó al gobierno “criterios ambiguos que de nuevo dejarán por fuera muchas tecnologías y servicios requeridos por las personas, por lo que, en la práctica, la situación seguirá igual o peor que ahora”. Entre ellos están los servicios y tecnologías en salud no autorizados por autoridad competente o sin evidencia técnica o científica de su seguridad, eficacia y/o pertinencia clínica. Esto le da al gobierno libertad para elaborar la lista de exclusiones, algo que puede estar mediado por intereses de terceros y afectará las medicinas alternativas y de comunidades indígenas, afrodescendientes, tradicionales y raizales.
Afirmó la senadora: “Con este nuevo listado de exclusiones se limita el derecho de acción de tutela, ya que solo se podrá interponer luego de haber utilizado otros recursos judiciales, tales como las demandas de nulidad y otras acciones contencioso-administrativas”. Dijo que esto implica que los jueces de la república en los casos de exclusión, deberán aplicar el criterio establecido en la Ley Estatutaria. Anotó que pese al aparente respeto a la autonomía médica para ordenar tratamientos a los pacientes, en la práctica se limita mediante el listado de exclusiones consagrado en la Ley.
Dijo que la norma desconoce la participación de la sociedad civil, en especial de la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud (Ansa) en la elaboración del proyecto de ley de 209/13, lo cual deja por fuera aspectos sustanciales de la reforma como la superación de las barreras de acceso, la adopción de un sistema de salud pública renovado y de Atención Primaria en Salud integral, la eliminación de la intermediación, la inclusión de principios favorables a los usuarios y la descentralización de los recursos de la salud.
Opinó además: “Los grandes beneficiados de la reforma serán los mercaderes de la salud, que seguirán cosechando grandes dividendos, mientras la crisis estructural quedará sin resolver, repitiéndose la historia de fracasos de los intentos de reforma a la Ley 100/93”. La parlamentaria reclamó la participación de todos los sectores de la salud para el aporte de soluciones reales a los problemas del sector. Añadió que el sistema de salud seguirá operando con unos intermediarios que en teoría garantizan unas prestaciones de salud definidas en un Plan de Beneficios, aumentando la contraprestación económica que recibirán como “Gestores del Servicio de Salud”, según el proyecto de ley ordinaria.
 
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