La investigación de la Contraloría General de la República sobre el mal manejo de los recursos de la salud, especialmente por desviación de esos dineros, es por una parte la continuación de los escándalos de corrupción que provoca un sistema de seguridad social permisivo, desregulado, incoherente en materia normativa y proclive a todos los abusos de posición dominante por parte de los sectores privados.
Al mismo tiempo, esos hechos materia de investigación son talvez la mejor demostración de la inocuidad de la pretendida reforma del sistema con la Ley 1438. Efectivamente, los críticos de la norma han dicho que en esencia se mantienen las instituciones básicas que hacen del actual sistema un fracaso social y que han permitido la peor ola de corrupción con los recursos de la salud.
Son los parámetros de este sistema los que facilitan las prácticas corruptas que investiga la Contraloría. El flujo de recursos no es claro, ni bien regulado, ni oportuno, ni el giro directo tiene las suficientes salvaguardas que garanticen su destinación adecuada; y tampoco hay transparencia en la relación de entes territoriales, EPS, IPS y entes gubernamentales, Fosyga, etc. En este marco, el modus operandi de la corrupción es múltiple y sólo la conclusión del proceso permitirá saber las responsabilidades particulares de cada actor.
Todas las conductas irregulares y delictivas que existan en el manejo de los recursos de la salud tienen que ser investigadas cuidadosa e imparcialmente, sin miramientos. Y si en el transcurso del proceso se establece la responsabilidad de entes territoriales, sean municipios o departamentos, el peso de la ley deberá caer sobre los funcionarios cuya participación se demuestre. Ya lo anticipó la señora Contralora, Sandra Morelli: en los hechos investigados están involucrados, fuera de las entidades territoriales, distintas EPS, IPS, ciudadanos particulares y funcionarios públicos de distintos órdenes, incluyendo algunos del Ministerio de la Protección Social.
Sobre el proceso en sí poco nos corresponde conceptuar a los periodistas y analistas, sin conocer todos los elementos que obran en los expedientes. Sólo esperar que se actúe en derecho, conforme al debido proceso y poniendo la lupa en todos los rincones del sistema de salud, porque todos los actores del mismo tienen que ver de una u otra manera con la asignación, administración, flujo, distribución y aplicación de los recursos.
Pero sí nos compete llamar la atención por enésima vez sobre la intensificación de la labor preventiva que debe acompañar estas acciones de la justicia y de los órganos de control. Y como quiera que el gobierno sigue sordo a todos los llamados de la sociedad civil, de la academia, de los expertos, de los sectores gremiales y profesionales y sobre todo de los pacientes y usuarios, no queda más remedio que acrecentar la movilización del pensamiento y de las acciones legales pacíficas para clamar una vez más por el desmonte de todos los elementos perniciosos que conforman un sistema disfuncional, mercantilista, desregulado, caótico e inhumano, características ideales como caldo de cultivo para una corrupción sin límites como la que estamos viendo.
El castigo de los culpables del despilfarro y desviación de los recursos es importante, desde luego, pero solamente es una parte del remedio, es algo coyuntural. Se necesita parar el desangre y ello sólo es posible dentro de un nuevo modelo de salud. Los rectores del sistema no pueden seguir pasando de agache frente a esta realidad, ni actuando como simples bomberos de un incendio que ellos contribuyeron a prender.