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Retos del actual gobierno
en el
Sistema de Seguridad Social en Salud
Enrique
Peñaloza Quintero Director del Grupo de Política y Economía
de la Salud del Cendex, Universidad Javeriana - elpulso@elhospital.org.co
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La pretensión
no es plantearle retos de largo plazo al actual gobierno, como
serían mejorar las condiciones de salud de las personas,
disminuir las tasas de mortalidad de maternas e infantes, mejorar
el acceso a los servicios de salud o lograr equidad en el financiamiento,
porque esos son retos de una política de Estado que involucraría
a varios períodos de distintos gobiernos. En este sentido,
me concentraré en retos de tipo programático que
deben ser asumidos por el gobierno a la luz de los actuales
problemas.
En la jerga popular, talvez el tema más crítico
que enfrenta el nuevo gobierno es la crisis que atraviesa el
Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esta crisis es
el resultado de un vacío regulatorio por parte del anterior
gobierno, que produjo como resultado entre otras medidas, la
Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional.
Dicha sentencia estableció una serie de órdenes,
como las 17 y 18, sobre actualización de los planes obligatorios
de salud (POS); orden 22, sobre unificación gradual y
sostenible de los planes de beneficios del régimen contributivo
y subsidiado; y la orden 29, cobertura universal sostenible
del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Para poder
dar respuesta a estas órdenes, el gobierno enfrenta varios
retos que detallo a continuación.
La actualización del POS debe dejar de ser una acción
aislada y desintegrada, para convertirse en un proceso integral
y dinámico que permita logros en resultados en salud.
Para ello requiere una actualización, principalmente
de los medicamentos utilizados por los profesionales de la salud
como primera opción terapéutica, puesto que se
generó un volumen enorme de recobros al Fosyga por este
concepto. También se debe avanzar en la construcción
de Guías Integrales de Atención, que evidencien
procedimientos médicos con el mayor costo-efectividad.
De igual manera, se requiere precisar en términos actuariales
el alcance de las coberturas de algunas prestaciones que pueden
poner en riesgo financiero el sistema de salud por su costo
en el mercado, dado que se presenta un comportamiento con tendencia
monopolística por parte de las EPS.
El fortalecimiento de las acciones promocionales y preventivas
debe ser asumido claramente, ya que se debería estudiar
la posibilidad de sacar de las Empresas Promotoras de Salud
(EPS) este tipo de intervenciones y buscar un nuevo mecanismo
que asuma, tanto las acciones individuales como colectivas,
para lograr mayor eficiencia.
La revisión de la equidad de las prestaciones en salud
se hace necesaria, pues aún persiste la pregunta de si
los más necesitados son quienes reciben más beneficios.
En este sentido, la igualación de los planes de beneficios
deja de ser una opción para convertirse en una obligación.
Esto implica una mayor eficiencia en el gasto en salud, pues
la prioridad no debe ser la contención del gasto, sino
la búsqueda de acciones más costo-efectivas y
mayores acciones de promoción y prevención que
generen apariciones más tardías de los problemas
de salud. Una mayor claridad en los contenidos del POS, en tanto
a procedimientos, medicamentos e insumos médicos, disminuirá
la discrecionalidad de los diferentes agentes para extraer rentas
del sistema.
También es fundamental el establecimiento de una política
pública de evaluación de tecnologías, que
permita la toma de decisiones más informadas para la
priorización del tipo de intervenciones, dispositivos
médicos y medicamentos en el POS; en ese sentido, es
necesario establecer una entidad de evaluación de tecnologías
en salud. Por último, es recurrente la importancia del
fortalecimiento de los sistemas de información, ya que
la falta de información conlleva toma de decisiones equivocadas
y la ineficiencia del sector.
Debemos construir un compromiso colectivo donde realmente entendamos
para quién es este sistema de salud y que todos lo hagamos
respetar. Esto se hace más creíble si logramos
crear grupos de veto ante comportamientos oportunistas, y ahí
la academia tiene un papel muy importante, en términos
de evidenciar el cumplimiento por parte de los diferentes actores,
de los compromisos establecidos. Se requiere una institucionalidad,
porque ésta genera unos compromisos colectivos, duraderos
y permanentes. Esto se debe hacer en el marco de un debate nacional,
democrático y participativo. |
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