La Ley 1122 de 2007, pese a no ser en sí misma una gran reforma al sistema de salud y reunir varias inconsistencias en su texto y reivindicaciones de varios gremios, de todos modos dio lugar a varias esperanzas para mejorar el sistema e incluso abrió ciertas válvulas de escape que al fin de cuentas pudieran dar lugar a una reforma estructural, como se está viendo con la interpretación de la Corte Constitucional.
Una gran esperanza era contar con una Comisión de Regulación en Salud -CRES-, conformada por dos ministros y cinco expertos con dedicación exclusiva, con presupuesto propio y autonomía administrativa. Se esperaba así que el sistema estuviera guiado por un organismo con capacidad analítica y técnica, muy desprendido de los intereses gremiales y políticos, y con dedicación permanente a la problemática del sistema.
Sin embargo, esta esperanza se desvanece y la frustración toma fuerza en medio de la desazón que causa el sistema político, el descrédito del Legislativo y el enfrentamiento de los poderes Ejecutivo y Judicial. Es así como luego de cerca de dos años de aprobarse la Ley 1122 aún no se ha conformado la CRES, y el gobierno parece haberse propuesto sacar primero por su cuenta una serie de medidas que se le asignaron a la Comisión, como el manual tarifario y la redefinición del POS, lo que da una mala señal del crédito que el gobierno le dará al organismo y la independencia que está dispuesto a concederle.
Además de lo anterior, en junio pasado el gobierno expidió el decreto 2277 para reglamentar la designación de los comisionados expertos. Con este decreto, así él pueda deberse a cierta falta de claridad o contundencia de la Ley 1122, el propósito inicial se ha degenerado, y si bien por fin se logre dar a la luz a la Comisión, el tortuoso alumbramiento puede dar lugar a un engendro que traiga más problemas de los que hoy tiene el sistema. Basta con señalar que este decreto parece ofrecer una mera colombina para repartir entre cien niños desnutridos, pues luego de permitir que todas las entidades u organizaciones que quieran presentar ternas al Presidente de la República realicen convocatorias públicas de méritos con tal fin, se deja claro que el Ejecutivo designará a los 5 comisionados “libremente”.
Curiosamente, mientras la Ley 1122 exige que los comisionados expertos tengan al menos título de maestría y una experiencia de 10 años en su área, a las entidades que realizarán los supuestos concursos de méritos el decreto 2277 solo les ...pide estar conformadas al menos seis meses antes de la solicitud de registro para realizar el concurso, o sea en el primer semestre de este año, haber desarrollado su objeto en ese período y contar con un número representativo de asociados; no es claro cómo una entidad u organización está capacitada para realizar un concurso de méritos, y seguramente muy pocas de ellas han hecho algo así en su vida o en su corta vida institucional. De todos modos, en desarrollo de este decreto, el Ministerio de la Protección Social acaba de presentar la lista de entidades que pueden hacer concursos, para un total de 26, entre las que se cuentan asociaciones científicas, asociaciones de profesionales, los gremios que hoy tienen presencia en el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, asociaciones de pacientes y hasta algún centro de investigación que no sabe uno cómo puede ser “representativo”.
Así las cosas, si estas 26 entidades realizan concurso público de méritos, lo que comprende un examen de la hoja de vida, un examen de competencias y una entrevista, las posibles ternas sumarían decenas de elegibles para que al final el Presidente designe libremente a los 5 comisionados. ¡Otra frustración! De todos modos, es bueno mantener la esperanza y por eso todos los aspirantes a realizar estos concursos deberían más bien ponerse de acuerdo en confiar en personas con grandes cualidades académicas y morales para que conformen una Comisión que trace el futuro del sistema, con un claro sentido de interés público.
Entre los nombres que se me ocurren, ninguno de los cuales seguramente pasaría por un concurso de méritos pues no sería fácil que ellos mismos creyeran en sus evaluadores o sencillamente no les interesa, pero confiemos en que la discrecionalidad del Presidente permita designarlos, están los siguientes: Saúl Franco, profesor de la Universidad Nacional; Diana Pinto, profesora e investigadora de la Universidad Javeriana y de Fedesarrollo; Jaime Ramírez, ex integrante del Programa de Apoyo a la Reforma y profesor de la Universidad Javeriana; y Rodrigo Uprimny, destacado jurista y profesor de varias universidades.
¡No perdamos la esperanza!

¡Primicia informativa!, es el anuncio que se hace generalmente acompañado de alguna llamativa fanfarria para despertar al máximo la atención de los oyentes o de los televidentes. Y lo que se revela se fundamenta en que la función de la prensa es informar y que lo revelado es verdad; a veces, a modo de explicación no solicitada, se agrega -citando la Sagrada Escritura- “la verdad os hará libres”. Infortunadamente en ese momento y con más frecuencia de lo conveniente, los periodistas pierden el sentido profundo de su misión y se dejan seducir por el brillo de la “chiva”, por el afán de ser los primeros, y olvidan la más necesaria de las virtudes: la prudencia.
La misión de los periodistas es fundamentalmente contribuir con su labor a formar conciencia de la realidad que vive una comunidad, llámese ésta nación, ciudad, etc., y para ello, sin lugar a dudas, la revelación de lo que ocurre, de la “verdad”, es un elemento clave. Pero, no podemos olvidar que de tejas abajo esa verdad puede tener diferentes interpretaciones según el punto de vista de quien juzga, es decir, tiene al interpretarse un elemento subjetivo que obliga, inexcusablemente, a ser prudentes al revelarla para no dañar a otros, para no perjudicarlos en su honra, en sus bienes, para no poner en peligro su existencia.
La labor del verdadero periodista va más allá de simplemente informar como lo hace un testigo ocular que relata subjetivamente lo que vio, información que sin duda contribuye al conocimiento de una realidad pero que no necesariamente tiene como función esencial educar, contribuir a formar conciencia de una realidad. El periodista informa pero debe hacerlo teniendo presente que su función primordial es, como he dicho reiteradamente, formar conciencia de una realidad lo más próxima posible a la verdad plena, a una verdad que no puede humanamente dejar de tener visos de subjetividad, porque aunque la verdad ontológicamente es una y sólo una, en los hechos terrenales no es posible anular la subjetividad. No quiere decir lo anterior que toda acción sea éticamente aceptable, pues sólo lo es la que busca el Bien total del ser humano, el de cada persona y el de todas las personas. No propongo un relativismo ético, que es siempre reprobable, sino que llamo la atención sobre la responsabilidad de suministrar una noticia sin un severo examen para saber si se inspira en el deseo de contribuir al Bien pleno, como lo expresé antes, o si sólo se hace por el afán de ser el primero, por el afán de dar la “chiva”.
El Diccionario de la Lengua Española, el de la Real Academia, trae entre las acepciones del vocablo informar una pertinente al tema que tratamos: “[tr.]ant. fig. Formar, perfeccionar a uno por medio de la instrucción y buena crianza”. Sí. “Perfeccionar a uno por medio de la instrucción y buena crianza” es, en otras palabras, educar -y vale la pena recalcar en “buena crianza”, es decir, con honestidad-, lo que obliga al educador a tener prudencia, la virtud de los verdaderos sabios.
Prudencia: saber qué digo, por qué lo digo, a quién lo digo, cómo lo digo y cuándo lo digo; saber qué callo, por qué lo callo, ante quién lo callo, cómo lo callo y cuándo lo callo.
Señores periodistas, cierto que tenéis muchos derechos, pero no olvidéis que cada derecho implica uno o más deberes. Primero los deberes y luego los derechos es hacer el Bien a cada ser humano y a todos los seres humanos.
¡No olvidemos que el fin, por bueno que sea, no justifica nunca los medios!
Nota: Esta sección es un aporte del Centro Colombiano de Bioética -Cecolbe-