El 31 de diciembre, mientras el resto del mundo despedía el año en medio de algarabía, la familia de Carlina Ruiz Rodríguez, de 87 años, le reclamaba a la EPS SOS (Cali) porque ajustaba 65 días sin entregarle los medicamentos ni los pañales, pese a ser una paciente con discapacidad motora e incontinencia urinaria.

Su esposo de 98 años no puede atenderla, y la familia cada día está más desesperada, pues ve cómo se ha deteriorado su calidad de vida. Su yerno, Luis Valencia, madruga diariamente a la Medcol, llama, escribe a la Supersalud y denuncia en redes sociales el abandono al que, dice, ha sido sometida su suegra por la “negligencia de la EPS”.

La situación de Carlina refleja una crisis más profunda en el sistema de salud colombiano. Cada día, miles de familias enfrentan barreras administrativas, demoras inexplicables y una creciente incertidumbre sobre la continuidad de tratamientos esenciales, así como de insumos médicos que mejoran su calidad de vida.

La misma situación la vive María Alcira Bayena, también adulta mayor, con deficiencia cardíaca, operada de corazón, con arterias obstruidas y osteoporosis. El 24 de agosto de 2024 le ordenaron dos medicamentos, que según su médico tratante eran de vital importancia (Denosumab y Evolumab), pero hasta el cierre de esta edición no los había recibido.

El retraso de esos primeros medicamentos se sumó a otros ordenados en septiembre y que después de la primera entrega no volvió a recibir. En total, la Nueva EPS le debe, a través de Cafam, seis medicamentos cada mes, por valor de 2.080.000, una suma que la familia no puede pagar, por lo que María Alcira no está siguiendo su tratamiento.

Aumentan las quejas

La falta de dispensación ha sido una queja común entre usuarios de EPS intervenidas, pero más recientemente la situación se viene complicando en Medellín en afiliados a la EPS Sura, que, aunque venían acostumbrados a recibir los medicamentos a domicilio, muchos despachos no logran hacerse o llegan con pendientes. Marta y Bernardo, una pareja de adultos mayores de Medellín, llevan dos meses sin que la EPS les entregue Mirabregón, para la incontinencia, y Tamsulosina para la próstata agrandada.

De acuerdo con Clemencia Mayorga, del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, “las tutelas por falta de acceso a medicamentos, atención y oportunidad en el acceso a salas de cirugía y servicios de salud aumentaron un 42 % entre el año 2023 y el 2024”.

Los datos son contundentes: a noviembre, las tutelas reclamando el derecho a la salud se han triplicado desde 2021, y el mayor peso lo carga la no disponibilidad de medicamentos e insumos, que pasó de menos de 8.000 tutelas a 22.676 el año pasado. Según Andrés Vecino, profesor e investigador en la Universidad John Hopkins, “la razón es la desfinanciación deliberada del sistema”.

Y, en respuesta a esta situación, muchas familias han aumentado su gasto de bolsillo. Un sondeo realizado por Acemi revela que el 47 % de los usuarios han tenido que pagar medicamentos que deberían ser cubiertos por las EPS, con un gasto promedio que supera los $100.000 mensuales. Y, de acuerdo con el DANE, el gasto en salud aumentó 5,1 % en 2024.

Pero, como explica Jaime Arias, exministro de Salud, “muchos pacientes desisten de tomarse los medicamentos porque no los pueden pagar. Esto agrava las enfermedades crónicas y podría aumentar la tasa de mortalidad”.

Un problema estructural

Desde abril de 2024, cuando la EPS Sanitas entró en intervención, el cambio de gestores farmacéuticos como Cruz Verde y Audifarma ha generado interrupciones graves en la entrega de medicamentos y otros insumos. Según la Defensoría del Pueblo, los pacientes han reportado demoras de hasta 106 días para recibir medicamentos vitales.

La Supersalud identificó 15.397 medicamentos pendientes de entrega solo hasta marzo de 2024, y los efectos de esta situación se sienten de manera más aguda en pacientes con enfermedades crónicas y raras. En palabras del entonces superintendente Luis Carlos Leal, “la no entrega de medicamentos afecta la gestión del riesgo en salud y obliga injustamente al afiliado a asumir el costo o renunciar a su tratamiento”.

Pero más de 34 millones de usuarios de EPS están en manos de la Supersalud, pues dichas entidades han sido intervenidas, y, aun así, los pacientes atraviesan dificultades para recibir sus medicamentos. EL PULSO consultó a la Supersalud para este artículo y esperó respuesta por un mes, pero al cierre de esta edición no la había recibido.

A estas cifras se suman las dificultades generadas por la falta de integración en los sistemas de información entre las EPS y los gestores farmacéuticos. Esto dificulta el monitoreo y la entrega oportuna de medicamentos, dejando a los pacientes atrapados en un limbo burocrático.

Un hecho que llamó la atención es que la Procuraduría General de la Nación responsabiliza de ese desabastecimiento a funcionarios del Gobierno nacional, y recientemente llamó a juicio disciplinario al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por su presunta responsabilidad en la crisis de medicamentos de 2023.

Causas de la crisis

La raíz del problema es multifactorial. Por un lado, los gestores farmacéuticos como Audifarma han enfrentado dificultades financieras significativas. En noviembre de 2024, Audifarma solicitó un proceso de reorganización empresarial debido a deudas acumuladas por más de $3 billones. Además, los recursos destinados por las EPS para garantizar el suministro son insuficientes y están sujetos a retrasos en los pagos, lo que agrava la crisis. Clara Isabel Rodríguez, directora de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica, señaló en entrevista con el periódico El Colombiano que “los gestores farmacéuticos acumulan deudas de $4 billones con los laboratorios, lo que limita la capacidad de gestión operativa y pone en riesgo el acceso a medicamentos”. Esta situación no solo afecta a los pacientes, sino también a los profesionales de la salud, quienes enfrentan obstáculos para garantizar la continuidad de los tratamientos que prescriben.

Las respuestas de las autoridades

La Supersalud ha implementado medidas como mesas de conciliación y auditorías a los gestores farmacéuticos; sin embargo, estas soluciones son paliativas y no abordan el problema estructural.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha hecho llamados urgentes para que las EPS caractericen a los grupos afectados y mejoren sus procesos logísticos. Además, ha solicitado que se implementen sistemas de monitoreo más robustos para garantizar la transparencia y eficiencia en la entrega de medicamentos.

“El remedio es plata. Sin una inyección de recursos, esta crisis podría prolongarse indefinidamente”, concluye Jaime Arias. Además, aboga por un enfoque más integral que incluya la digitalización de procesos, la integración de sistemas de información y la capacitación de personal para evitar errores administrativos. Mientras tanto, familias como las de Carlina y María Alcira seguirán enfrentando un sistema que parece haberles dado la espalda, luchando cada día por el derecho fundamental a la salud. Ya se saben de memoria la norma que les otorga ese derecho: Ley 1751 de 2015, en sus artículos 2 y 12, ya están cansadas de invocarlos, aunque nadie les dé respuesta.