La salud en cuidados intensivos

Por: Redacción El Pulso

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El incremento del 5,36 % en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año 2025 ha causado inquietud, en un momento en el que el sistema se enfrenta a una crisis financiera. Sin recursos suficientes y un flujo oportuno, la prestación adecuada de los servicios de salud corre peligro. La insuficiencia de la UPC pone en riesgo la operación del sistema, la protección de los pacientes y sus familias. Sin una oportuna y suficiente asignación de recursos, se materializan barreras de acceso, se incrementan los tiempos de espera y aumenta el gasto de bolsillo de los hogares.

Este desajuste tendrá un impacto negativo en la capacidad de las EPS para cumplir con sus compromisos financieros. En particular los costos laborales, que oscilan entre el 60 % y el 70 % de los gastos de los prestadores, experimentan una presión adicional, a través del aumento del 9 % en el salario mínimo, lo que dificulta aún más la contratación y retención del personal de salud.

Dentro de las consecuencias que también experimentará el talento humano en la salud, es que un buen porcentaje de los trabajadores de clínicas y hospitales no recibirán incrementos salariales en el presente año.

Frente a lo anterior, hay que tener en cuenta que el sector ya se encuentra en una crisis de liquidez, y el bajo ajuste de la UPC amenaza con profundizarla, lo que provoca atrasos en los pagos a proveedores, afectando la calidad de la atención y limitando la capacidad de las EPS para invertir en infraestructura y tecnología.

Dado que se persigue asegurar la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), esta medida de la UPC con un incremento limitado subraya las limitaciones del Ministerio para tomar decisiones a partir de datos fiables, lo que indica una gestión pública desfavorable y errática. Al ajustar la UPC exclusivamente a la inflación, el Ministerio no solo refuerza la desconfianza en el sistema, sino que también instaura una solución estructural que se enfoque en mejorar la calidad de los datos y, especialmente, sancionar de manera efectiva a las EPS por sus incumplimientos, más allá de las medidas superficiales.

El Gobierno nacional debe ayudar a reestructurar las EPS intervenidas para proteger los derechos fundamentales de los usuarios y mejorar los mecanismos de control y auditoría para prevenir la fuga de recursos.

Con el fin de abordar este problema, deben implementarse, hoy más que nunca, soluciones estructurales que no se limiten a un simple ajustamiento de la UPC. En primer lugar, se podría tener en cuenta una reforma integral que contemple un aumento significativo y sostenido en la UPC, alineado con las proyecciones de costos del sector, incluyendo los incrementos salariales y la inflación esperada. Esta reforma también debería incluir la mejora de la eficacia en la gestión de las EPS, la optimización de recursos y la eliminación de burocracia innecesaria que dilata los pagos y servicios.

Por todo lo anterior, hoy es necesario proteger la prestación de los servicios de salud, garantizar la sostenibilidad de las instituciones y evitar un colapso que afectará tanto a los trabajadores del sector como a millones de colombianos.