EPS, tutelas y tratamientos: una situación preocupante

Por: Andrea Ochoa Restrepo

elpulso@sanvicentefundacion.com

La tutela es un mecanismo legal en Colombia que permite a los ciudadanos reclamar la protección de sus derechos fundamentales, incluido el acceso a servicios de salud.

Estadísticas

En Colombia, la Defensoría del Pueblo ha reportado un aumento en las violaciones al derecho a la salud, reflejado en el número de tutelas presentadas. Entre enero y septiembre de 2022, se registraron 109 825 tutelas relacionadas con este derecho, con un promedio mensual de 12 203 tutelas.

Las regiones con mayor número de tutelas en salud durante los primeros nueve meses de 2022 fueron Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Norte de Santander y Santander, todas ellas experimentando aumentos significativos en el promedio mensual de tutelas.

En 2022, la Superintendencia Nacional de Salud recibió y tramitó 36 078 acciones de tutela, de las cuales el 6 % se procesaron fuera de los plazos establecidos. El 94 % restante de las tutelas seleccionadas se tramitó a tiempo. Hasta junio de 2023, la Superintendencia ha recibido 482 331 reclamos y 218 193 solicitudes de información. Los principales motivos de los reclamos en 2023 han sido la restricción en el acceso a los servicios de salud (89,4 %) y la insatisfacción con el proceso administrativo (4,3 %).

El mayor número de tutelas se concentró en los departamentos de Antioquia (18,79 %), Valle del Cauca (10,83 %), Bogotá (9,61 %), Norte de Santander (7,35 %) y Santander (5,75 %). No obstante, al analizar el registro por cada 10 000 habitantes, Arauca, Caldas, Norte de Santander, Risaralda y San Andrés mostraron los indicadores más elevados.

La salud se mantiene como uno de los derechos fundamentales más vulnerados en Colombia, siendo la segunda razón principal para la presentación de acciones de tutela y la principal causa de quejas en la Defensoría. “Lo que nos debe llevar a una reflexión sobre la necesidad de ajustar el sistema de salud, pero ese ajuste debe ser el resultado de un gran pacto que involucre a todos los sectores”, resaltó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Las EPS más tuteladas

Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) fueron las más señaladas, con un 80,72 % de las tutelas. Le siguieron las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), especialmente las que prestan servicios al Magisterio (4,92 %) y el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía (4,47 %).

La Nueva EPS, actualmente intervenida, fue la aseguradora más tutelada, con 44 323 acciones constitucionales, lo que representa una participación del 27,37 %. En segundo lugar, se ubicó Sanitas, también intervenida, con 16 212 tutelas (10,01 %); le siguieron Sura EPS, con 15 170 (9,37 %); Savia Salud, con 14 255 (8,8 %); y Asmet Salud, con 12 459 (7,68 %).

Motivos de las tutelas

Las tutelas se presentaron principalmente por la prestación de servicios de salud (45,58 %), tratamientos integrales (14,01 %) y medicamentos (12,23 %). Los pacientes que más recurrieron a este recurso fueron aquellos con tumores (11,73 %), enfermedades del sistema osteomuscular (9,51 %) y enfermedades del sistema circulatorio (9,42 %).

Insatisfacción y desafíos

Según expuso Así Vamos en Salud, “a lo largo de los años, el número de tutelas ha incrementado considerablemente. Aunque hubo una caída brusca durante los años de pandemia, el número de tutelas ha aumentado progresivamente en los últimos dos años. Los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Santander y Norte de Santander han registrado históricamente la mayor cantidad de reclamaciones en salud. Sin embargo, al analizar estos datos de manera poblacional, se observa que Caquetá, Caldas, Norte de Santander, Risaralda y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son los que presentan las tasas más altas por cada 1 000 habitantes en el país”.

A la vez, la entidad realizó el interrogante: ¿cuál es el grado de conocimiento sobre los derechos y deberes en salud por parte de la ciudadanía que reside en las zonas más apartadas del país? “Los departamentos que registran los peores desenlaces en salud y los indicadores más deficientes son, paradójicamente, aquellos donde se notifica la menor cantidad de tutelas interpuestas. Tal es el caso de Vichada, Vaupés, Guainía, Guaviare, Amazonas, San Andrés, Putumayo, Chocó, La Guajira, Casanare y Caquetá, todos con menos del 1 % de las tutelas en salud”, a lo que respondió Así vamos en Salud.

La lucha de los pacientes por sus derechos médicos

Santiago*, un venezolano de 31 años diagnosticado con VIH y afiliado al régimen contributivo de la Nueva EPS, enfrentó una situación crítica cuando la EPS suspendió su servicio de salud en septiembre de 2022, argumentando que su desvinculación laboral había invalidado su afiliación.

Ante esta negativa, Santiago decidió interponer una acción de tutela el 16 de junio de 2023, buscando proteger su derecho a la salud y garantizar la continuidad de su tratamiento. El caso fue remitido al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín, que vinculó a diversas entidades como la Nueva EPS, el Departamento Nacional de Planeación, y la Secretaría de Salud de Antioquia, entre otras.

La Corte enfatizó que las razones administrativas o económicas no justificaban la suspensión del tratamiento médico para una enfermedad catastrófica como el VIH.

Finalmente, la Sala Novena de Revisión revocó la decisión del juzgado de primera instancia y ordenó a la Nueva EPS restablecer de inmediato el tratamiento antirretroviral de Santiago. La historia de Santiago refleja las dificultades enfrentadas por muchos pacientes en Colombia, especialmente aquellos con condiciones médicas crónicas y migrantes.

Además, le instó a Santiago a completar los trámites necesarios para ser encuestado en el Sisbén y así poder trasladarse al régimen subsidiado de salud, si fuera necesario por su situación económica.

*Cambio de nombre, para mantener la protección de su identidad según lo manifiesta la Corte Constitucional: “Se deberán omitir de las providencias que se publican en la página web de la Corte Constitucional los nombres reales de las personas en los siguientes casos: (…) cuando se haga referencia a su historia clínica u otra información relativa a la salud física o psíquica”.