La falta de regulación y control financiero ha debilitado significativamente el sistema de salud en Colombia, permitiendo a algunas aseguradoras gestionar recursos sin asegurar la solvencia ni la liquidez necesaria para cumplir con sus obligaciones hacia terceros prestadores, operadores logísticos y farmacéuticos. Esta situación representa un alto riesgo financiero y fiscal para todos los agentes económicos del sector salud.

Cuando la UPC no logra cubrir el costo médico y el gasto administrativo, se genera una pérdida contable. Esto desencadena una afectación patrimonial y, con ello, un patrimonio adecuado negativo. Para corregir esta situación se recurre a capitalización, eficiencias técnicas y financiamiento de prestadores (aumento de cartera), así como a proveedores y afiliados estratégicos. Esto explica una parte esencial de la crisis financiera de sostenibilidad en salud y es la expresión abyecta de los indicadores de permanencia, que cada vez son más sensibles en su afectación negativa. Por tanto, se requiere de acciones administrativas y del traslado de afiliados, quienes presentan una percepción de alta incertidumbre respecto a su permanencia en el sistema de salud.

A diciembre de 2023, se revelan graves deficiencias en el cumplimiento de requisitos clave por parte de las EPS: el 41,67 % no cumple con el Capital Mínimo Requerido, el 58,33 % carece de Patrimonio Adecuado, y el 75 % no cuenta con las inversiones necesarias en instrumentos derivados para respaldar las reservas técnicas. Tanto el Capital Mínimo como el Patrimonio Adecuado muestran déficits significativos, con valores negativos de -$755 mil millones y -$6.3 billones respectivamente, indicando una descapitalización masiva del aseguramiento en salud, similar a la situación reportada en 2018.

En respuesta a la falta de regulación, se promulgó el Decreto 2702 de 2014 y normativas subsiguientes, que intentan fortalecer las condiciones financieras y de solvencia para las entidades del aseguramiento en salud. A pesar de estos esfuerzos normativos, persisten desafíos significativos debido a la disparidad entre la UPC y las necesidades financieras del sistema, resultando en intervenciones administrativas y liquidaciones de aseguradoras. Estos incumplimientos tienen consecuencias directas en los afiliados, quienes enfrentan cambios frecuentes de aseguradora, elevando los niveles de insatisfacción y reclamaciones dentro del sistema.

El indicador más relevante en el aseguramiento en salud en Colombia, que evalúa la capacidad financiera y patrimonial del sistema, es el Patrimonio Adecuado. Este indicador se calcula inicialmente aplicando un porcentaje (8 % o posiblemente 6 %) a los ingresos operativos de los últimos 12 meses para determinar la suma del capital primario y secundario, conocida como Patrimonio Técnico. Idealmente, el Patrimonio Técnico debería superar siempre al Patrimonio Adecuado.

Sin embargo, en la práctica, el Patrimonio Técnico ha mostrado consistentemente valores negativos debido a pérdidas recurrentes en los ejercicios financieros, lo que resulta en una insuficiencia patrimonial. Esta situación indica un nivel de descapitalización tanto a nivel individual de las aseguradoras como en el sector en general.

Por ejemplo, en 2023, el Patrimonio Técnico alcanzó -$5.2 billones debido a pérdidas acumuladas en la operación, mientras que el Patrimonio Adecuado fue de $4.5 billones. Esto muestra una insuficiencia patrimonial de -$6.4 billones al 31 de diciembre de 2023 para las 24 EPS, tanto del régimen contributivo como subsidiado, muchas de las cuales se encuentran en planes de reorganización institucional y ajuste.

Durante el periodo de análisis entre junio de 2015 y diciembre de 2023, el indicador de Patrimonio Adecuado ha mostrado un deterioro continuo. Esto refleja que las aseguradoras en salud han comprometido cada vez más su capitalización, evidenciando la necesidad urgente de inyectar recursos adicionales para asegurar una operación adecuada. Sin embargo, la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no ha sido suficiente para cubrir estas crecientes necesidades financieras.

Desde junio de 2015, el indicador de descapitalización del sector de salud en Colombia ha mostrado una tendencia preocupante, comenzando en $654 mil millones y alcanzando un punto crítico de -$6.3 billones en 2023, frente a los -$1.7 billones de 2022. Estos valores reflejan dinámicas sectoriales como la implementación de la Ley 1751 de 2015, ajustes metodológicos, incrementos en la UPC, y aumentos en costos médicos y presupuestos máximos.

Cumplimiento de indicadores de permanencia de EPS a diciembre de 2023

Fuente: Información reportada EPSI. Archivos tipo FT 001, FT 006, FT 007. Cir. Única – Cálculos SNS. Compilación y cálculos Jaime A. Peláez Quintero, Especialista en gerencias, economía y finanzas de la salud.

Al analizar exclusivamente las EPS con déficit patrimonial, la situación se agrava, mostrando un panorama crítico en el aseguramiento en salud. Para diciembre de 2023, el déficit consolidado entre estas EPS fue de -$7.8 billones, comparado con -$5.4 billones en 2022 y -$1.4 billones en junio de 2015. Esta cifra subraya la magnitud de la crisis financiera bajo el modelo actual, exigiendo acciones profundas y progresivas para revertir la tendencia negativa que se ha intensificado durante casi una década.

El análisis del Capital Mínimo al 31 de diciembre de 2023 también revela una situación preocupante. Mientras algunas EPS cumplen con este indicador con $3.4 billones, otras muestran un déficit significativo de -$4.2 billones. En el desglose por regímenes, el régimen contributivo cumplió con $1.4 billones, pero el subsidiado registró un saldo consolidado negativo de $866 mil millones. Las EPS que operan en ambos regímenes reportaron $534 mil millones. Sorprendentemente, las organizaciones en planes de reorganización institucional y ajuste mostraron un déficit de -$1.8 billones.

Además, las EPS han acumulado pérdidas contables de $5.2 billones entre 2022 y 2023, mientras que el descalce de reservas técnicas supera los $10 billones al cierre de 2023. La Unidad de Pago por Capitación (UPC), evaluada en $9.7 billones, no proporciona un financiamiento adecuado para cubrir costos y gastos operativos.

Estos números subrayan la gravedad de la situación, especialmente en un momento en que se considera una reforma significativa que supera los $114 billones, pero que carece de un respaldo financiero sólido. La incapacidad financiera de las EPS para cumplir con obligaciones y normativas ha llevado incluso a solicitar anticipadamente su retiro del sistema, generando preocupación y debate entre los diferentes grupos de interés.