Presupuestos Máximos: desacuerdos en el sector

Los Presupuestos Máximos son valores fundamentales en la planificación basada en resultados (PBS), ya que proporcionan un límite financiero establecido para la ejecución de proyectos o programas específicos. La metodología detrás de la determinación de estos presupuestos implica el análisis detallado de las deudas acumuladas entre los años 2021 y 2023, utilizando diversas herramientas econométricas. Estas herramientas permiten evaluar la viabilidad financiera y la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos, centrándose especialmente en su impacto en las patologías relevantes.

Es esencial asegurar que los cálculos estén correctamente realizados para garantizar la eficacia de la asignación presupuestaria. Esto implica no solo considerar las deudas acumuladas, sino también utilizar metodologías econométricas apropiadas que se ajusten a las particularidades de las patologías en cuestión. La pregunta crítica a abordar es si los recursos asignados son suficientes para cubrir las necesidades específicas asociadas a las patologías y si, al mismo tiempo, se mantiene una gestión financiera responsable.

La normatividad juega un papel clave en este proceso, planteando la pregunta de si es conveniente revisar y ajustar los Presupuestos Máximos cada seis meses. Según diversos expertos esta periodicidad permite adaptarse a posibles cambios en las condiciones económicas y en la evolución de las patologías, asegurando una toma de decisiones ágil y basada en la realidad actual. Además, esta práctica puede fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, elementos cruciales en el ámbito de la gestión presupuestaria orientada a resultados en el ámbito de la salud.

En relación con lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió el borrador de la resolución para establecer el Presupuesto Máximo asignado a las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado, así como a otras Entidades Adaptadas, para la vigencia 2023.

Antecedentes y marco legal

La Resolución 1139 de 2022, en concordancia con el artículo 240 de la Ley 1955 de 2019, estableció disposiciones relacionadas con el Presupuesto Máximo para la gestión y financiación de servicios y tecnologías en salud. Esta resolución sustituyó a la Resolución 586 de 2021, manteniendo la metodología adoptada en la Resolución 205 de 2020.

En diciembre de 2022, se llevó a cabo la asignación del Presupuesto Máximo para los primeros seis meses del año 2023 a cada EPS y entidad adaptada. Este proceso consideró la aplicación de la metodología establecida en la Resolución 1139 de 2022, así como el valor asignado en la Resolución 1351 de 2022, derivado de la metodología adoptada en la Resolución 1318 de 2022. Además, se tomó en cuenta la Resolución 2292 de 2021, que actualiza los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), y se consideró un incremento del 7,15 % en la inflación para el año 2023, recomendado por la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud.

Para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2023, se basó en la asignación realizada para el primer semestre. En casos donde se identificó un menor reporte de información, el cálculo consideró tanto la asignación inicial como el valor proyectado para la totalidad de la vigencia 2023.

Pagos de presupuestos: unos dicen que sí, otros que no se han hecho

En relación con esto, el 5 de enero, el Ministerio de Salud y Protección Social afirmó: “Nos permitimos recordar a los interesados en los pagos de Presupuestos Máximos que para lo adeudado de “2022”, el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) en sesión realizada el 22 de diciembre, aprobó el pago de Presupuestos Máximos por un valor de $819 667 millones, con cargo al servicio de la deuda”.

A lo que la entidad agregó: “Para cubrir los Presupuestos Máximos del mes de diciembre y el ajuste de todo el año 2023, por valor de $1.4 billones aproximadamente, el Ministerio de Salud y Protección Social cuenta con los recursos para realizar los pagos respectivos al inicio del año 2024. Por otra parte, se realizaron todos los trámites administrativos y financieros para pagar el mes de noviembre de 2023 por valor de $246 475 millones”.

Al cierre de la vigencia 2023, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) informó que ha llevado “a cabo giros significativos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) por un valor total que supera los $82.2 billones”.

En lo que respecta a los Presupuestos Máximos, la ADRES canalizó $2.7 billones, abordando además ajustes a Presupuestos Máximos por un valor de $963 mil millones. En el ámbito de reclamaciones, se destinaron $391 mil millones, mientras que para programas de residencias médicas se dispuso de $237 mil millones. Además, en respuesta a las demandas de la emergencia sanitaria por COVID-19, tanto para la vigencia como para excedentes, se gestionaron $306 mil millones.

Sin embargo, varias asociaciones y actores del sistema han manifestado desacuerdos frente a dichas informaciones. La presidenta de ACEMI, Ana María Vesga, afirmó que es importante definir con prontitud acciones para asegurar la suficiencia de los recursos de la salud y el pago de los valores adeudados a las EPS. Expresó: “A pesar de los múltiples llamados al Gobierno nacional para realizar un ejercicio de ajuste a la UPC para 2024, que reconozca el mayor gasto en salud y las desviaciones acumuladas de los últimos años, que han venido deteriorando la situación financiera de las EPS, así como a honrar el pago oportuno de los Presupuestos Máximos corrientes y sus ajustes, a la fecha, el Ministerio de Salud no ha tomado las medidas necesarias para evitar una crisis financiera mayor en el sistema”.

Asimismo, la Procuraduría General de la Nación ha instado al ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, a realizar de manera inmediata el giro de los recursos correspondientes a los Presupuestos Máximos de los meses de noviembre y diciembre para la vigencia 2023, destinados a las Empresas Promotoras de Salud (EPS). Este requerimiento surge como medida para garantizar el oportuno funcionamiento del sistema de salud y el acceso a servicios médicos esenciales para la población colombiana.

Además, la Procuraduría ha solicitado al ministro información precisa sobre la fecha en la que se llevará a cabo el reconocimiento de los ajustes para la vigencia 2022. Esta solicitud se basa en la preocupación de que hasta la fecha no se haya efectuado dicho reconocimiento, poniendo en riesgo la salud de millones de ciudadanos. La falta de acciones concretas en este sentido podría afectar adversamente la prestación de servicios de salud y la atención adecuada a los beneficiarios del sistema.

La entidad de control constató el pago inoportuno por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. En el segundo semestre del año 2023, específicamente en octubre, se efectuó únicamente el giro correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre. Además, se resalta que solo en el presente año se han reconocido los ajustes correspondientes al 2021 para la red prestadora de servicios de salud. Esta situación genera preocupación respecto a la estabilidad financiera y operativa de las EPS.

Análisis de la academia

Un análisis de la Universidad de Medellín revela que la situación actual de liquidez en el sistema de salud colombiano es altamente crítica, generando una amenaza inminente para la atención oportuna de los usuarios en los próximos meses.

La universidad enfatiza: “En primer lugar, la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que representa el valor asignado a cada afiliado para cubrir el plan de beneficios, enfrenta insuficiencias sustanciales y persistentes en su ajuste anual. Esta deficiencia compromete la capacidad de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para brindar servicios de calidad a sus afiliados, afectando directamente la atención médica”.

Adicionalmente, el análisis resalta problemas significativos en el cálculo y reconocimiento de los Presupuestos Máximos, destinados a la prestación de servicios y el uso de tecnologías de salud no financiadas con recursos de la UPC. En el año 2023, apenas se están reconociendo recursos correspondientes a ajustes por prestaciones del año 2021, dejando pendiente una considerable cantidad de ajustes correspondientes al 2022.