Péndulo financiero del aseguramiento: déficit estructural sistémico

En las últimas tres décadas, el sector de aseguramiento ha enfrentado un entorno inusualmente incierto y desafiante, marcado por una sostenibilidad caótica. Las finanzas en salud se encuentran en un espacio caracterizado por la inquietud, con una economía que cerró el año 2023 con una inflación interanual del 9,28 %, proyectándose a la baja en un 6 % para 2024. El desempleo oscila entre el 11 % y 12 %, y la tasa de cambio tiende a disminuir, influenciada por la Reserva Federal de EE. UU. y la disminución de la tasa interbancaria por parte del Banco de la República.

Este escenario económico se ve agravado por la desaceleración interna, afectada por los mercados de capitales estadounidenses y las expectativas internas relacionadas con reformas y cambios en el gobierno, especialmente en áreas de transición energética y relaciones internacionales.

Anticipando el sistema de salud que podría establecerse en Colombia en 2024, se requiere evaluar la situación financiera de las aseguradoras sanitarias en 2023. Esto incluye gastos, cuentas por cobrar, Presupuestos Máximos y ajustes respecto a 2022. La aprobación de la reforma de salud es crucial para proyectar la viabilidad del sistema, considerando reclamaciones de gremios, expertos, políticos y el gobierno, así como tensiones judiciales que amenazan con desencadenar una crisis profunda.

La coyuntura actual refleja un déficit estructural sistémico, donde los costos médicos superan el financiamiento a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Este fenómeno, arraigado y secular, presenta perspectivas desafiantes para la próxima década. En este contexto, la propuesta de un aseguramiento social con prevalencia pública, contraria al sistema mixto con competencia regulada y subsidios cruzados establecido desde la Ley 100 de 1993, se vislumbra como una posible solución ante la crisis inminente.

Los costos en el sector de salud han experimentado un notable aumento, especialmente debido a la pandemia de COVID- 19 y las consecuentes demoras en el tratamiento de enfermedades críticas. Además, presiones tecnológicas han contribuido a un incremento del 6,2 % en la presión fiscal del PIB, según la ANDI (Asociación Nacional de Insutriales).

Desde el lado de la oferta, se observa una sobreproducción de servicios por parte de algunos prestadores y una suboptimización de eficiencias. El ingreso operacional muestra desfinanciamiento, ya que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no refleja las demandas reales de costos y frecuencias de salud.

A pesar de la necesidad de una reforma en el sistema de salud, su implementación es incierta y genera divisiones en la opinión pública. Las EPS enfrentan riesgos financieros, con 10 de ellas mostrando niveles significativos de descapitalización, según el informe de la Supersalud de enero de 2024.

Con relación a lo anterior, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) insta al Ministerio de Salud a priorizar recursos adicionales, aunque se cuenta con más de $2 billones adicionales. La Asociación Colombia de Hospitales y Clínicas (ACHC) reporta deudas superiores a $16 billones y un déficit que afecta negativamente a toda la cadena de valor del sistema de salud.

Se destaca la descapitalización de aseguradoras en salud por -$5.3 billo - nes y un capital mínimo negativo de $372 000 millones. Además, el aumento del 12,01 % en la UPC no cubre las expectativas y deberá financiar equipos de salud, debilitando aún más su situación financiera.

Para el año 2024, se aprobó un presupuesto de $61.5 billones para salud, con $35.3 billones destinados al aseguramiento. El Sistema General de Participaciones asignó un total de $70.5 billones, con un 24,5 % destinado a salud después de descontar Asignaciones Especiales del 4 %.

La aprobación de la reforma en salud implicaría costos estimados de $9.8 billones, divididos en $5.5 billones directos y $3.5 billones contingentes. Los directos se distribuyen en Atención Primaria en Salud ($1.9 billones), fortalecimiento de Red Pública ($756 000 millones), Infraestructura (CAPIRS) ($1.5 billones), Saneamiento de Hospitales ($1.2 billones) y Becas y Sistema de Información ($121 000 millones).

Colombia, con un gasto total en salud del 7,8 % al 8 % del PIB (alrededor de $110 billones en 2023), enfrenta la necesidad de implementar un sistema de salud progresivo. Este gasto está por debajo del promedio de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que supera el 10 %. Sin embargo, las reclamaciones actuales parecen desafiar estos objetivos y logros, creando una brecha entre realidades, posibilidades y acuerdos. Esta situación podría agravar la crisis del sistema, haciéndolo inviable, no sostenible y de alto riesgo en su operación. Es esencial abordar las demandas de aseguradores y prestadores mediante un ajuste real que considere las realidades financieras desequilibradas del sistema.