Cada día de este año cerca de 3 500 ciudadanos en el país han utilizado los canales de la Superintendencia Nacional de Salud para quejarse contra las Entidades Promotoras de Salud (EPS) porque no les entregan un medicamento, les dilatan la autorización de un procedimiento, les niegan un tratamiento o porque se cansan de la consabida excusa de que “no hay agenda disponible” cuando solicitan una cita con el médico general o con algún especialista.

Esta situación no es nueva, de acuerdo con la Supersalud, el estado de insatisfacción de los usuarios viene imparable desde hace varios años, pero entre enero y octubre de 2022 por primera vez se superó la cifra del millón de quejas, llegando a 1 043 026, lo que representa un aumento de 26 % frente al mismo periodo del año anterior. En otras palabras, hay 220 000 súplicas de atención nuevas, porque cada hora 145 usuarios pusieron una queja formal contra el sistema de salud.

Obviamente este indicador no habla del total de usuarios insatisfechos, porque no todo al que se le niega un servicio pone una queja formal, y más bien trata de resolver con su propio bolsillo o simplemente espera a que le den respuesta afirmativa.

Este es uno de los puntos críticos que tiene en cuenta el Gobierno en este momento para definir cuál será el papel de las EPS una vez sea aprobada la reforma a la salud

Pero ya el regulador ha empezado a tomar decisiones: esta administración ya liquidó tres EPS en sus primeros meses de gestión, se trata de Comfamiliar Huila, Convida y Comfaguajira, argumentando inviabilidad financiera y, principalmente, por la desprotección que se comprobó en la que tenían a sus poblaciones afiliadas, que se traducía en una violación reiterada y sistemática del derecho a la salud de estas personas.

Ponen en riesgo la vida de los pacientes

No solo se trata de insatisfacción ante la desatención. Según la Supersalud, la situación es aún más grave si se tiene en cuenta que la tercera parte de todas las quejas son clasificadas como que ponen en riesgo la vida, pues se evidencia que el paciente requiere una atención urgente y la intervención inmediata de la Supersalud, en máximo 48 horas, debido a su delicado estado de salud.

Según el reporte, en el top de los motivos que generan la mayor cantidad de quejas de los colombianos están: la demora en la asignación de citas de consulta médica especializada, los retrasos en la entrega de medicamentos, la tardanza en la prestación de servicios de imagenología y la inoportunidad en la programación de cirugías.

El superintendente Ulahy Beltrán López aseguró que “haber superado la barrera del millón de quejas y súplicas en estos 10 meses del año es una muestra de los altos niveles de desprotección por parte de las entidades administradoras de recursos o EPS; y también es la confirmación de que estar afiliado a una EPS no es sinónimo de estar protegido o asegurado”.

Los 10 territorios donde se observa la mayor criticidad son: Bogotá, donde se da el 22 % de las quejas; Antioquia con el 16 %; Valle con 14 % y Santander de donde llega el 5,3 % de las quejas, así como Bolívar, Atlántico, Guaviare, Vaupés, Risaralda, Vichada y Chocó. En estos departamentos la Superintendencia inició una estrategia de inmersión para llamar al orden a las EPS, requerir su participación en mesas de intervención focalizadas, establecer diagnósticos con los actores regionales y delinear planes de choque que den solución pronta al malestar de los pacientes.

El superintendente dijo que se necesita “un fuerte timonazo de manera urgente porque las necesidades de salud requieren inmediatez en atención y en soluciones. Estas administradoras que intermedian los recursos financieros de la salud (EPS), no pueden olvidar que ellas trabajan con recursos que son públicos y que por lo tanto esos recursos les pertenecen a las personas que ellas tienen afiliadas, y esas personas afiliadas son las verdaderas dueñas del sistema y en ese sentido, las administradoras de recursos deben cumplir con lo que demandan en servicios esas personas afiliadas”.

Aumentan las tutelas

La preocupación no viene solo de la Superintendencia y del Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo ha alertado del aumento de las tutelas. Entre enero y septiembre de 2022 el número de tutelas que invocaron el derecho a la salud aumentó a 109 825, un 58,31 % más que en el mismo periodo de 2021. Para este año anterior el número de acciones llegó a 92 499.

Por mes se interpusieron cerca de 12 203 tutelas relacionadas con la salud y el 77 % de ellas involucra a las EPS. El 25,16 % de las tutelas tenían que ver con incumplimientos de la Nueva EPS, el 8,64 % con Sanitas, el 8,13 % con Sura, el 8 % con Salud Total, y el top cinco lo completa Savia Salud con 6,9 % de las tutelas.

“Sigue siendo inaudito que las personas tengan que seguir acudiendo a las acciones de tutela para que las autoridades judiciales les ordenen a las EPS cumplir con las obligaciones que ya están consagradas en la legislación colombiana. El derecho a la salud, es el segundo derecho más tutelado y representa el 24,47 % del total”, recalcó el defensor del pueblo, Carlos Camargo.

Augusto Galán, director del centro de pensamiento Así Vamos en Salud, aseguró que “se tiene una idea de que el sistema de salud colombiano no funciona si no es con tutela y eso no es cierto”. Bajo su lógica, un promedio de 100 000 tutelas al año, para un sistema de salud que tiene entre 700 y 800 millones de servicios al año, es bastante poco.

Por eso en su concepto no es adecuado hablar del total de tutelas sino de cuántas se entablan por cada 100 000 afiliados, en ese sentido la Defensoría reveló que las EPS más entuteladas, con corte a septiembre, fueron: Savia Salud (35,5), Emssanar (25,44), Ecoopsos (23,85), Nueva EPS (23,1) y ComfaOriente (22,5).

Sin embargo, de acuerdo con Galán, “es injusto que personas que tienen derecho, como cualquier ciudadano sobre todo lo que está incluido en el Plan de Beneficios, tengan barreras de acceso y que la única manera para superar esas barreras sea a través de una tutela cuando el sistema debería operar de manera fluida para que eso no se diera y para que todos tuviéramos la posibilidad de un acceso oportuno y de calidad”.

Deudas provocan insolvencia de hospitales

Siempre es difícil determinar cuánto es lo que en realidad le deben las EPS a las clínicas, hospitales y proveedores, la Supersalud calculó 16.6 billones de pesos. Solo la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) asegura que la deuda de las EPS es de 13.8 billones con corte al 30 de junio, mientras que a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) públicas del país las aseguradoras les adeudaban 7.77 billones de pesos, según la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi).

En todo caso, ese incumplimiento en los pagos por parte de las EPS ha venido generando un ‘efecto dominó’ que el superintendente no duda en calificar como una “crisis que está llevando a la insolvencia, por falta de liquidez, al sector encargado de la prestación de los servicios”.

Juan Carlos Giraldo Valencia, director general de la ACHC, advirtió que “es urgente que el Gobierno extreme el control a las entidades que están en operación y no están pagando oportunamente, y ante las multimillonarias deudas que están dejando las entidades en liquidación, se estructuren nuevos mecanismos que garanticen el pago de las deudas por servicios de salud que ya fueron prestados y un fondo de garantías que permita el respaldo de las deudas que tienen con los prestadores de servicios de salud y que representan el 32 % de la deuda total”.