MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 284 MAYO DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
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Todas las regiones del planeta, aunque en proporciones diferentes, dispares en momento e intensidad, han visto afectadas sus finanzas y comportamientos económicos con la llegada del COVID-19 y su declaratoria como pandemia. La situación era de esperarse y sus efectos se extenderán durante varios años, aunque el nivel del impacto depende de muchos factores, entre ellos el tipo de respuesta que tuvieron los gobiernos durante este tiempo.
En el caso particular de América Latina y el Caribe, para organismos internacionales como la OMS ha sido la región del mundo más golpeada, y lo más grave, es que esta afectación es tanto en el campo sanitario como económico y social. La mortalidad ha sido de las mayores, impulsada por Brasil, y el comportamiento social se ha deteriorado con el aumento de la pobreza, una desigualdad agudizada y la profundización tanto del desempleo como del subempleo.
Considerando la importancia de analizar la forma en que los países de la región han respondido a la pandemia, el Grupo Economía de la Salud - GES- adscrito al Departamento de Economía de la Universidad de Antioquia, estudió el tema con énfasis en la cobertura de servicios y la protección financiera de la población. Para esto se miró tanto el gasto público como el gasto de bolsillo de los países como el instrumento crucial para alcanzar los objetivos de los sistemas de salud en cuanto a cobertura universal y a evitar gastos catastróficos a la población. Los países estudiados fueron: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay.
Hay que considerar, en primera instancia, que la situación en la que se encontraba el sistema de salud de estos países no estaba preparada para atender una pandemia, tanto en términos de cobertura como de protección financiera. Según el estudio de la GES, “al inicio de la pandemia, algunos países de la región se encontraban en una posición desfavorable en términos de cobertura y protección financiera. En lo primero, los países mejor posicionados en el índice de cobertura universal en salud (CUS) están por encima de 70/100, como es el caso de Costa Rica (76), Perú (76), Chile (74) y Colombia (74)”.
Por esta razón, los gobiernos aumentaron la inversión en el sector de la salud para fortalecerse: había que adecuar las infraestructuras, aumentar el número de camas disponibles en UCI, disponer de un plan para la atención de los pacientes COVID-19, además de realizar pruebas y pensar en los planes de vacunación. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Panamá, Brasil, Colombia y Perú fueron los países con más gasto público adicional; y los que menos, México, Costa Rica y Ecuador. En el caso de Colombia, hay que tener en cuenta que en materia de inversión el país transformó la política fiscal a Ley de Sostenibilidad, lo que mantiene mayor inversión para el sector salud y le apuesta a la reactivación luego de la modificación de recursos a causa del Covid-19 que terminó por agudizar más los déficit de cartera.
En el caso de la Ley de Inversión Social, es importante determinar cómo esta puede estar positivamente relacionada con el gasto público en capital humano e infraestructura física para el Sistema de Salud. Es decir, cuál sería el costo de oportunidad para el gasto público del sector. Así como la inversión que se destinará a extensión de los programas y políticas públicas en salud, de allí su importancia en la ejecución y evaluación de impacto.
Esto entonces, expone un panorama más amplio en materia de salud, con relación a ello, la GES afirmó: “Si bien es difícil determinar el saldo neto en el corto plazo y el futuro del gasto total en salud, sumando el público y el privado, se puede establecer que su comportamiento tiene dos sentidos en medio de la pandemia. Por una parte, hay una presión para aumentar el gasto con miras a atender la pandemia, pero por otro lado, y especialmente durante 2020, se generaron ahorros por la merma en atenciones médicas y hospitalarias (reasignación de recursos)”.
Asimismo el grupo, explica que “adicional al esfuerzo fiscal para invertir en el sector salud, se destaca la voluntad política y la capacidad de gestión como factor clave que se manifiesta por ejemplo en la realización masiva de pruebas y también en una menor mortalidad. Se destaca Chile, en cuanto a pruebas y a cobertura de vacunación. En otro extremo se observa la situación de países como México y Brasil, con un bajo número de pruebas o una alta mortalidad, lo que guarda relación con la baja proporción del gasto público, la política interna y la capacidad de gestión de la pandemia”.
Ahora bien, con respecto al gasto de bolsillo en la atención por la pandemia, México, Ecuador y Chile fueron países donde su población debió cubrir hasta una tercer parte del gasto total en salud, al tener sistemas de salud con poco financiamiento público; mientras tanto, Costa Rica, Uruguay y Colombia no presentaron esta situación, al tener mayores índices de cobertura en salud pública. Colombia, por ejemplo, utilizó recursos adicionales provenientes del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), destinando 4.300 millones de dólares al sector de la salud; así, el esfuerzo fiscal para la salud contrarrestó ser uno de los países más afectados por la pandemia, ubicándolo como un país con un sistema integrado.
El problema con el gasto de bolsillo reside en que fueron los hogares de menores ingresos los más afectados; encuestas realizadas en México, Chile y Perú corroboraron lo anterior, al demostrar que no solo debían pagar por la atención en caso de necesitar hospitalización, sino que también el costo era bastante alto. Así, la economía de las personas no se vio afectada únicamente por las medidas de restricción y por el desempleo: pagar por la salud, medicamentos e insumos médicos se sumaron a la lista de egresos.
La investigación concluye que los países latinoamericanos realizaron grandes esfuerzos fiscales para aumentar los gastos públicos con el fin de mejorar la atención de los casos COVID-19. Sin embargo, la forma en cómo México y Brasil atendieron la pandemia, con poca cobertura y poco gasto público, derivó en la poca realización de pruebas y en una alta mortalidad. En contraste, Costa Rica y Uruguay demostraron un sistema de salud más integrado, no obstante, su mayor cobertura y protección financiera pusieron sobre la mesa otras debilidades, “como lo que respecta a la falta de gobernanza y a la atención centrada en la enfermedad más que en la promoción de la salud y en la prevención”.
De acuerdo con el Banco Mundial, se espera con respecto a los gastos públicos una “prioridad del status quo a la salud”, es decir, durante el 2020 y el 2021 se aumentó el gasto público per cápita como respuesta a la crisis; no obstante, para el 2022, una vez superada la dificultad, se plantea que los gobiernos retomarían nuevamente el presupuesto del 2019.
No obstante, el panorama que deja la pandemia, además del déficit del sistema de salud, también afecta los gastos por la inflación en insumos y materia prima; en ese sentido, el esfuerzo fiscal y las políticas públicas, como la Ley de Sostenibilidad y Ley de Inversión Social serán factores necesarios para plantear los presupuestos en salud.
Así, según la investigación realizad por GES, existen tres posibilidades en los países de América Latina: seguir en un aumento sostenido del gasto, mantenerse tal y como están o retroceder.
En conclusión, el futuro y las proyecciones del gasto de salud, también dependerán de los indicadores que tienen la economía mundial en riesgo, tales como el aumento de la inflación (Índice de precios al consumidor-IPC) la cual se ha dado principalmente por el descontrol del IPC sobre la oferta, también afectada por externalidades de los costos de los insumos médicos, en equipos y que puede obstaculizar los presupuestos asignados en inversión. Esto, entonces, se traduce en un menor poder adquisitivo y el encarecimiento de los bienes y los servicios para el sector.
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