Fuentes y aplicaciones de recursos en pandemia: ecuación desigual

La crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19 y sus implicaciones sanitarias, ha golpeado la estructura de la nación en su ciclo económico hasta llevarnos a una fase de desaceleración durante dos trimestres consecutivos. En las finanzas del SGSSS el fenómeno mostró efectos en aseguradores, prestadores y proveedores. Desde el gobierno nacional, y de las instancias sanitarias, se han realizado esfuerzos para buscar variadas formas de aumentar recursos y estrategias para solventar las crisis. Sin embargo estos parecerían insuficientes.

Lo que si se observa, y genera mucha preocupación, es la caída severa en atenciones y demandas por servicios presenciales de salud donde algunos cálculos permiten estimar en unos 25 millones de consultas externas dejadas de realizar, solo hasta junio de 2020, lo que ha representado un exceso en los ingresos operacionales a favor de las EPS, según conversión de UPC, de 5.000.000 UPC/Mes, lo que en parte podría atribuirse las restricciones por regulaciones externas, temor de la presencialidad por parte de pacientes, o priorización y reasignación de servicios. Esta disminución de las atenciones contrasta con el aumento real en los insumos por incremento en demanda por fuera del comportamiento corriente, y que tienen que ser adquiridos a precios afectados por un dólar crecente, lo que a la postre ha incrementado los costos para los prestadores.

Según las distintas fuentes pagadoras, se observan dos clases de recursos, unos de naturaleza ordinaria provenientes de la Adres, y otros extraordinarios asignados como reacción al Covid-19, que tienen como fuente al mismo Adres, la Supersalud, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Fondo de Desarrollo Territorial -Findeter.

La primera fuente (corriente), octubre de 2020 se consolidó en $18.83 billones con una participación del 94.34%.

Los recursos extraordinarios, a igual fecha de corte, fueron de $1.13 billones, representando el 5.66% del total de los recursos dispuestos en toda la vigencia fiscal de 2020 hasta el mes de octubre, siendo las mayores beneficiarias 46.322 IPS, contabilizado el número de veces que se le realizó giro a una misma IPS. Lo anterior ha permitido darle dinámica al sector al fondear organizaciones de las que generalmente dependen proveedores de insumos, dispositivos, materiales médicos, quirúrgicos, de odontología, tecnologías en salud y similares.

En cuanto a los recursos corrientes, se destaca el excelente comportamiento de las aseguradoras del régimen subsidiado que han registrado pagos a través del giro directo por $15.11 billones a 30.456 IPS en su frecuencia acumulada (mes a mes), lo que representó el 75.73% del total de los recursos girados a la red prestadora, lo que contrastan con el bajo volumen de pagos mediante este instrumento por parte de las EPS del contributivo que asciende solo $2.67 billones en lo corrido del año (hasta septiembre de 2020) destinados a 13.338 IPS y con una participación del 13.36%. En menor escala se encuentran los giros autorizados por recobros de pagos previos al periodo enero- septiembre por un valor de $874.810 millones, en 1.287 instituciones, con una representación en el total de 2.21%. Con una menor participación (0.54%), estuvieron los pagos correspondientes a techos precio máximo (No PBS) de marzo a septiembre de 2020 por $1.723 millones.

Por su parte, en la iniciativa oficial de operaciones de crédito a través de Adres de compra de cartera extraordinaria, medida con la que se pretendía solventar la crisis financiera por la pandemia de Covid-19, hasta la fecha se han realizado operaciones por $407.517 millones, beneficiando a 381 IPS (56% del régimen contributivo y 44% del subsidiado; 220 públicas, 157 privados y 4 mixtas). Sin embargo estos resultados son escasos en la medida que se esperaba una respuesta mas fluida de parte de las EPS toda vez que el monto asignado era de $700.000 millones para apalancar la estrategia crediticia. La baja respuesta puede obedecer a que las aseguradoras decidieron no comprometerse debido a que los costos afectaban sus estructuras financieras, con lo que solo se pudo colocar el 58.22% del valor pretendido.

Otra estrategia adoptada por el ministerio de salud y protección social fue la de transferencias directas a las ESE, para esto se dedicaron recursos por $213.493 millones en el mes de mayo y terminaron beneficiando a 504 instituciones, con una representación relativa del 1.07%. En un segundo momento se entregó la suma de $260.557 millones a 518 IPS y proveedores.

En el mismo nivel se destacan la oferta de líneas de operaciones crediticias de redescuento compromiso salud, para lo cual se aprobó un monto inicial de $256.000 millones, para mejorar capacidades de capital de trabajo, y un plazo de 5 años con tasa de redescuento de IBR 3M+ 0% T.V. y margen de intermediación hasta del 4% sobre la tasa de redescuento de Findeter; la vigencia de estos créditos es el 31 de diciembre de 2021 o hasta agotar los recursos. Las operaciones que finalmente se han concretado ascienden a los $120.498 millones, es decir, 47.07%, por lo que existe aún margen para futuras transacciones.

Por el lado de las EPS, y según el último reporte de Adres a septiembre de 2020, se observa un aumento considerable en los recursos compensados, reconocidos y liquidados frente al 2019. Según el reporte el régimen contributivo pasó de recibir $18.22 billones en 2019, a $19.26 billones en 2020, un aumento del 5.66%. En este mismo sentido el régimen subsidiado tuvo ingresos de $16.46 billones en 2019 y un aumento del 11.50%, alcanzando $18.35 billones. El consolidado del total de los recursos compensados y liquidados a ambos regímenes es de $37.61 billones de enero a septiembre de 2020, para un promedio mensual de $4.17 billones.

Sobre este valor anotado de $37.71 billones las aseguradoras han recibido por giro directo $17.78 billones, es decir el 47.92% ($15.11 billones subsidiado y $2.67 contributivo), un poco menos de la mitad de los recursos que efectivamente han recaudado entre enero y septiembre de 2020.

La realidad de las cifras muestra que las actuales formas de contratación y modalidades de pagos presentadas en Colombia no consultan la forma como se entregan los servicios de salud. El desbalance por efectos del Covid-19 ha exacerbado las afujías de los prestadores y ha generado un exceso de excedentes a las aseguradoras gracias a sus esquemas que privilegian la contención de servicios. Estas debilidades son razón suficiente para continuar auscultando formas de modificar la gestión en las finanzas del sistema, y deberán estar acompañadas por estrategias que garanticen la totalidad de la compra de cartera por las EPS, donde aún hay espacio suficiente para generar incentivos y exigibilidades.

En este mismo sentido se deberá trabajar en la idea de realizar desinversiones en las aseguradas con incentivos, plazos y condiciones excepcionales de registro, toda vez que esta emergencia es una clara contingencia y para esto también deben ser consideradas las provisiones en reservas técnicas y de inversiones con recursos que están disponibles en el sistema financiero, lo cual inyectarían recursos suficientes y ayudaría a disminuir las cuentas por cobrar que llega a los $42.8 billones.

Finalmente, se deben ajustar las normas para lograr mayores pagos directos a los prestadores por fuera del conglomerado del asegurador, y así controlar los efectos nocivos que implica la integración vertical, factor desequilibrante que aceleran la falta de sostenibilidad y liquidez en el sistema de salud.