Reformas pensionales en Colombia Haciendo juiciosamente la tarea Olga Lucia Muñoz López, periodista - elpulso@elhospital.org.co Cuando a principios de diciembre pasado el presidente Álvaro Uribe condecoró al vicepresidente del Banco Mundial con la Orden de San Carlos, como un reconocimiento al apoyo que el señor David de Ferranti le ofreció a Colombia, el primer mandatario recordó la seriedad con la que el país manejó su economía en los últimos años, como siempre ha estado dispuesto a pagar sus deudas y como ha hecho “las tareas” pese a las dificultades: “No pudimos aprobar la reforma tributaria… pero ahí seguimos en esa tarea”. Igualmente, el presidente Uribe recordó las reformas que en materia pensional ha hecho su gobierno: La Ley 797 de 2002, las propuestas en el referendo y el desmonte de los privilegios laborales en empresas como Telecom, Inravisión, Ecopetrol, el Seguro Social, amén de las anunciadas reformas en la red pública hospitalaria y clínicas del ISS. “Colombia ha hecho la tarea, tenemos una inmensa tarea por delante que vamos a hacer, pero Ustedes han sido inmensamente comprensivos con Colombia. Mil gracias por este gran apoyo que el Banco Mundial ha dado a esta Nación; tenga la seguridad que vamos a seguir haciendo la tarea, cada tropiezo tiene que ser una alternativa… y no tenemos palabras con que reconocerle a Usted”, puntualizó el presidente. Este “hacer la tarea” no es un compromiso solo con el Banco Mundial. Lo es también con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pues al buscar desde el año 2002 el “Acuerdo Stand By” para renovar un préstamo de US$2.200 millones de dólares para emergencias, Colombia se comprometió a poner en marcha un drástico ajuste fiscal y un programa económico para los años 2003-2004, con metas indicativas y reformas estructurales cruciales para “sostener la recuperación económica, reducir la pobreza y mejorar los indicadores sociales”. Entre las reformas estaban la tributaria, la laboral y la pensional. El 2 de enero de 2003, el presidente sancionó la Ley 789 o reforma laboral que amplió la jornada de trabajo, creó estímulos a empresas que generen empleo, recortó en 25% el pago dominical y feriado, y creó el subsidio al desempleo por 6 meses. El 16 de enero de 2003, el Banco Mundial anunció un programa de créditos para Colombia por US$3.300 millones de dólares, 24 horas después de que el FMI aprobase un acuerdo contingente ("Stand by") por US$2.200 millones de dólares, ambos condicionados a que el gobierno Uribe aplique reformas económicas y sociales clave. Y el 29 de enero de 2003, el presidente Uribe sancionó la Ley 797 de 2002 de reforma pensional, que busca ampliar cobertura, ahorrar en 50 años US$50.000 millones de dólares y otorgar subsidio a adultos mayores indigentes; esta reforma mantuvo la edad de jubilación en 55 años para mujeres y 60 para hombres hasta el año 2014, aumentó a partir del 2005 y en forma gradual el número de semanas hasta llegar a 1.300 para obtener la jubilación, y estableció que la cotización aumentará desde el año 2004 en 1% y en 2005 y 2006 en 0.5% adicional. Los “ajusticos” Como la reforma de la Ley 797 fue considerada insuficiente, en el referendo los puntos 8, 9 y 14 proponían eliminar las pensiones mayores de 25 salarios mínimos y desmontar los regímenes de excepción y de trabajadores de Ecopetrol, magistrados de las Altas Cortes, presidente de la República, educadores y parlamentarios. Para continuar los “ajusticos” pensionales, a lo largo del año 2003 se desmontaron beneficios laborales considerados onerosos en empresas como Telecom, Inravisión, Ecopetrol y el Seguro Social, y el 20 de julio de 2004 se radica en el Congreso el proyecto de Acto Legislativo No. 11 Senado y 034 Cámara, que acumulado al Proyecto de Acto legislativo 127 de 2004 Cámara fue aprobado en cuarto debate el pasado 14 de diciembre en su primera vuelta, y que por tratarse de una reforma constitucional, pasa este año 2005 a segunda vuelta para cumplir el trámite en dos legislaturas consecutivas. 1.2 billones de pesos anuales se ahorrará el Estado con la eliminación de la mesada 14 El viceministro técnico de la Protección Social, Ramiro Guerrero, afirmó que este año no se presentará otro proyecto para modificar los requisitos para pensionarse, como edad, semanas de cotización, tiempo de servicio, entre otros. Frente al régimen de transición, convertido en punto central de la reforma por las implicaciones fiscales (ahorros de 17 puntos del PIB, $45 billones a valor actual), el funcionario anunció que se buscará un punto medio entre lo aprobado en la Cámara (31 de diciembre de 2013) y lo admitido en el Senado (31 de diciembre de 2009), es decir que para finales del próximo período legislativo en julio de 2005, el gobierno planea concertar con el Congreso un anticipo del régimen de transición entre el 2010 y el 2013, siendo el 2011 el punto medio. Pero si se aprueba el anticipo del régimen de transición para el 2009, el cual es más posible por el ambiente político en el Congreso, el ahorro sería de 13 puntos del PIB, unos $35 billones. Ante la posibilidad de que contradictores demanden la reforma pensional ante la Corte Constitucional por anticipar el régimen de transición antes del 31 de diciembre de 2013, el viceministro afirmó que el acto legislativo respeta los derechos adquiridos e incluso los enfatiza, y además establece que los desmontes de regímenes privilegiados serán graduales: “Hay un debate entre juristas respecto de si la Corte puede revisar el contenido de los actos legislativos, por lo menos en forma parcial según el artículo”, indicó. Y en cuanto a la preservación del régimen especial de la fuerza pública, el viceministro indicó que no hay país en el mundo donde los militares no lo tengan, por lo que Colombia lo mantendrá. Incluso, en el Acta de Conciliación del Acto Legislativo, se reconoció que se mejoraba el régimen de asignación de retiro y pensión de la fuerza pública. Cronología de esta última reforma El 5 de mayo de este año, el Ministerio de Hacienda advirtió que en junio se acabarían las reservas del ISS, por lo que el Estado pagaría $9,6 billones antes de finalizar 2004 y en 2005 desembolsaría $12,9 billones para pagar pensiones. El 7 de mayo, la Superbancaria informó que los 6 fondos privados de pensiones y cesantías terminaron el año 2003 con 5'330.563 afiliados, cuando un año antes tenían 4'848.288. El 23 de junio, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se mostró partidario de una pensión mínima por debajo del salario básico de los colombianos ($162.000 mensuales, equivalente a 2 dólares diarios), para aumentar la cobertura que hoy sólo llega al 25%. Dos días después, el presidente Uribe aclaró que el gobierno nunca pensó entregar una pensión menor al salario mínimo a las personas que han cotizado toda su vida, y que el gobierno pensaba era revivir la propuesta de aplicar un impuesto a las altas pensiones, iniciativa que no fue bien recibida. El 20 de julio, el ministro Carrasquilla radicó en la Cámara de Representantes el proyecto de acto legislativo para reformar el artículo 48 de la Constitución en el tema de las pensiones; el 20 de agosto radica el nuevo texto, y el 12 de octubre comenzó a ser debatida por la Comisión Primera de la Cámara la reforma pensional que busca dar sostenibilidad financiera al Sistema General de Pensiones. Vale aclarar que la reforma pensional logró aprobarse en medio de una avalancha de proyectos. Si bien la mayor parte de la legislatura se dedicó a la reelección presidencial, el Senado y la Cámara discutieron a la par iniciativas importantes como la reforma de la ley 80 (estatuto de contratación), el proyecto de ley antitrámites, la reforma pensional, la reforma a la Ley 100 en salud, la iniciativa que reglamenta las bancadas y el Código Electoral. Por ello, no pocas veces fue accidentado el trámite de la reforma pensional. Críticas a la reforma La irresponsabilidad histórica de los sucesivos gobiernos de no pagar el aporte del Estado a la financiación tripartita del ISS (Estado, empleador y trabajador) desde la creación del Instituto, fue creando el hueco fiscal a las reservas para pagar pensiones, sin contar con que muchas veces aliviaron los déficits fiscales, fueron invertidas en Títulos de Tesorería (TES) o cubrieron inversiones como la compra del Banco Central Hipotecario (BCH). Sin embargo, el no reconocimiento y por tanto no pago de esa deuda, nunca fue asumido por los gobiernos como la causa central que bombardeó el régimen de prima media en pensiones del ISS, y que motivó que en la Ley 100/93 se desmontara el monopolio pensional del Instituto para dar entrada a los fondos privados de pensiones. Incluso este año se insistió en desmontar el régimen de prima media del ISS, por considerarlo inviable. No extraña además, que en la adición al artículo 48 de la Constitución para reformar el Sistema General de Pensiones, el primer inciso establece “la seguridad social será equitativa y financieramente sostenible”, dando a entender que se procurará la equidad, siempre y cuando sea financieramente sostenible. “Este año no se presentará otro proyecto para modificar los requisitos para pensionarse, como edad, semanas de cotización, tiempo de servicio. El régimen de transición, punto central de la reforma por las implicaciones fiscales, puede representar ahorros de 13 a 17 puntos del PIB, o sea de $35 a $45 billones a valor actual” Viceministro técnico de la Protección Social, Ramiro Guerrero. El consultor internacional en cálculo actuarial, Iván Restrepo Lince, ya había señalado a El Pulso en octubre de 2003, que el manejo inadecuado e irresponsable del sistema de jubilación diseñado en 1972 por el mejicano Gustavo Arroba, es el responsable de su inviabilidad financiera: “No da pie con bola, todos los días se le acaba la plata y todos los días le hacen un cariñito... ¡te vas a jubilar 3 años después, con 100 semanas más y con 10% menos!... todo son medidas superficiales que no resuelven nada; la constancia está en que cada 2 o 3 años se revisan las cuentas, el gobierno pide excusas por cuentas mal hechas y así continúa el ciclo”. El actuario señaló que los “arreglos” a pensiones son reformas coyunturales exageradamente cortoplacistas, que permiten que exista un flujo de caja para 2 o 3 años pero que de continuar así, tornará risible e insostenible el sistema pensional, con el agravante para quienes trabajan temporalmente que de jubilarse lo harán en el doble o triple de tiempo de los trabajadores corrientes, o simplemente no les alcance la vida para jubilarse, pues la edad estaría alrededor de los 80 o 90 años. Agregó además, que esto sucede porque quienes han tomado las decisiones de seguridad social de los trabajadores en los últimos 30 años, han sido los ministros de Hacienda, quienes no tienen ni idea de este tipo de cálculos actuariales ni sociales. Así, obviamente están más marcados por el criterio económico que el social, y sus propuestas no brillaron ni por su brillantez ni por su sentido de justicia social. Vale recordar como en entrevista al diario La República del 29 de marzo de 2001, el entonces ministro de Desarrollo, Augusto Ramírez Ocampo, reiteraba que la reforma pensional no daba espera, porque sin ella el país no es viable económicamente: “Se necesita ampliar la edad de jubilación, las contribuciones y, paralelamente, la edad de ejercicio laboral para tener una reforma pensional por lo menos para los próximos 100 años. La reforma no puede ser una medida del Ministerio de Trabajo o el de Hacienda sino una política de Estado, en la que el Presidente convocará a los sectores políticos, económicos y sociales porque una decisión de esa magnitud compromete el futuro de la Nación. La reforma es producto de algo tan obvio que nadie puede negar: cuando nacieron las pensiones (el sistema), este país tenía un promedio de vida de 45 años, pero ahora es de 75 años, razón suficiente para que la gente no pueda seguir jubilándose a los 50 y 55 años como mandaba la ley, eso es contra natura. Hay que aceptar que ahora vivimos más y por eso hay que demorar la jubilación por más tiempo. Es más, ya empieza a salir gente de determinadas posiciones por causa de la edad, cuando es perfectamente posible su continuidad en el mercado de trabajo, para aprovechar su experiencia”. En suma: a los sucesivos gobiernos les faltó responsabilidad para asumir su deuda histórica con el sistema de pensiones, y encima quieren echar la culpa a los trabajadores por el manejo inapropiado de la economía que condujo al déficit fiscal (generado por el desbordado gasto público, la burocracia y la corrupción del mismo sector oficial, sumado al entorno económico interno y externo que no permitió cumplir los supuestos macroeconómicos de principios de los 90 en tasa de inflación, aumento del empleo, crecimiento económico, reservas petroleras, entre otros-). La única salida que se les ha ocurrido, siempre gira en torno de aumentar el tiempo de trabajo y la edad de jubilación, los períodos y las bases de cotización, a la par que reducir los beneficios. Ojalá que la imaginación tan abundante para salidas ingeniosas y para la literatura, pudiera llegar a los responsables del manejo económico y del tema pensional, hasta encontrar salidas más justas y acertadas a un asunto del cual depende el futuro de los trabajadores colombianos. De lo contrario, todos tendrán que seguir trabajando, pero para el no futuro. Más información... Reformas pensionales en Colombia - Haciendo juiciosamente la tarea Cuando a principios de diciembre pasado el presidente Álvaro Uribe condecoró al vicepresidente del Banco Mundial con la Orden de San Carlos, como un reconocimiento al apoyo que el señor David de Ferranti le ofreció a Colombia, el primer mandatario recordó la seriedad con la que el país manejó su economía en los últimos años, como siempre ha estado dispuesto a pagar sus deudas y como ha hecho “las tareas” pese a las dificultades: “No pudimos aprobar la reforma tributaria… pero ahí seguimos en esa tarea”... Sostenibilidad financiera, ¿clave para la equidad pensional? El gobierno nacional se anotó un tanto, luego de que la Plenaria del Senado de la República aprobara en cuarto debate el Acto Legislativo No. 11 Senado y 034 Cámara, que pretende reforzar las medidas adoptadas con la Ley 797 de 2003, señalando como uno de los principios del Sistema General de Pensiones, procurar su sostenibilidad financiera... 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