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| Recertificación de profesionales
de salud |
¿Nace otro negocio
de
intermediación?
Juan
Carlos Arboleda Zapata Periodista elpulso@elhospital.org.co |
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Días antes de terminar la pasada
legislatura, fueron retirados de la Comisión Séptima
del Senado los proyectos de ley para reformar la Ley 100 y
el proyecto de reforma del recurso humano en salud. Esta situación
obedeció a la falta del tiempo necesario para debatirlos
y a la necesidad del gobierno de que los congresistas se concentraran
exclusivamente en la reelección presidencial, con el
compromiso de que serían inscritos nuevamente y en
el caso del proyecto de recurso humano, muy probablemente
sin ninguna modificación.
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El proyecto de ley que trata las condiciones del recurso humano,
propone implementar la recertificación del personal que
trabaja en el sector de la salud: Se podría decir que
así como deben habilitarse y acreditarse prestadores
y aseguradoras, ahora le llega el turno a profesionales y demás
personal del sector. La medida busca la permanencia y pertinencia
en la calidad del conocimiento de quienes prestan servicios;
sin embargo, lo que podría verse como medida lógica
y loable dentro de la búsqueda de la calidad, puede convertirse
en grave problema para la continuidad de la misma calidad de
los profesionales y la autonomía de sus profesiones,
e inclusive profundizar el proceso de pauperización y
enorme dependencia, ahora también de conocimientos, en
la economía de mercado en que se ha convertido la salud
en Colombia.
La calidad, objetivo de la recertificación
La percepción de los involucrados en el tema, es que
en líneas generales la recertificación debe existir
como mecanismo de mejoramiento de la calidad en el servicio
de salud que se ofrece a los colombianos. Para el doctor Fernando
Ruiz, director del Cendex de la Universidad Javeriana, es una
propuesta pertinente, pues hay suficiente evidencia e información
de que en Colombia se tiene un estado de maduración para
hacerlo, y argumenta que los estudios del Programa de Apoyo
a la Reforma en Salud mostraron un exceso de oferta de profesionales
en la mayoría de las áreas, ocasionados por la
apertura de mercado educativo que hizo la Ley 30 de 1992.
Otro elemento, agrega, son las enormes diferencias en calidad
de formación que se da a los profesionales de salud,
evidenciándose que la expansión de programas educativos
en salud generó deficiencias para controlar y evaluar
la calidad de los programas, y no se conocen sus condiciones
de calidad. Además, “en los profesionales que ya
trabajan en el medio hay diferencias muy importantes y deficiencias
muy grandes en la capacitación continua y en la educación
posterior al grado”. Según el doctor Ruiz, toda
sociedad tiene en un momento dado que asumir su rol de responsabilidad
frente a los efectos potenciales de las acciones de salud: “Creo
que es el momento en que los colombianos tenemos que tener el
derecho a una salud donde haya una garantía mínima
de calidad. Los dos pilares de eso fundamentalmente son acreditación,
habilitación y consolidación de la calidad en
los hospitales y el aseguramiento en la calidad de los profesionales
de la salud”.
El doctor José Maria Maya, rector de la Universidad CES,
si bien está de acuerdo con la necesidad de recertificarse
para tener profesionales de salud con alta calidad científica
y académica, considera que no existe en el país
la experiencia necesaria para este tipo de procesos y recomienda
hacerlo de manera gradual y voluntaria: “El proceso debe
iniciarse con mucho cuidado y aprendiendo de la experiencia,
para que fundamentalmente garantice al sistema la seguridad
de que profesionales formados de forma idónea por universidades,
conservan la pertinencia en su conocimiento y mantienen un proceso
de educación continua que haga que su respuesta a los
problemas de salud sea la requerida”.
La Federación Médica Colombiana, si bien no desconoce
la importancia de recertificar, considera que es una cuestión
de autonomía de las profesiones, donde cada cierto tiempo
el profesional que está ejerciendo se somete a un proceso
donde se garantiza que está en condiciones óptimas
para ejercer. Agrega que debe ser alcanzada con actividades
que emanen de la propia profesión médica a través
de sus instancias más representativas, con una característica
fundamental: cambiar su carácter de obligatoria, como
está planteado en el proyecto de ley, por el de un derecho
adquirido de los profesionales, y por lo tanto gratuito y enmarcado
en la educación médica continuada. Para el doctor
Sergio Isaza, presidente de la Federación, es importante
que no intervengan terceras personas ni que se convierta en
un negocio o instrumento que signifique más erogación
económica para los profesionales, y que al ser manejado
por personas fuera de la profesión, se convierta en talanquera
para acceder al trabajo por parte de los profesionales.
El gran peligro: se abriría
nuevo negocio
Las inquietudes frente a la recertificación surgen al
analizar elementos fundamentales de su reglamentación.
Uno que despierta muchos cuestionamientos es la posibilidad
de que surja un nuevo negocio de intermediación, dependiendo
de quién o cuál sea el organismo encargado de
realizarla. Una cuenta sencilla dimensiona el posible volumen
del negocio: según estudio de la Universidad de Antioquia,
en el país hay unos 280.000 profesionales en el sector
salud; si el proceso de recertificación para cada profesional
tuviera un costo promedio y estimado muy por lo bajo de $100.000,
serían ingresos de por lo menos $280.000 millones en
periodos cíclicos, por cuanto la recertificación
no tendría un carácter eterno. Estas cifras ya
han llamado la atención de más de un inversionista,
para quienes lo importante no será necesariamente la
calidad de los profesionales sino lo lucrativo del negocio.
Esa preocupación ha sido manifestada por todos los involucrados
en el tema.
El doctor Javier Castro Naranjo, decano de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Antioquia, señala que es indudable
la existencia de intereses financieros detrás de las
recertificaciones, y no lo ve ajeno a los procesos dados con
los tratados de libre comercio. El doctor Isaza lo ve como un
riesgo inminente, señala el interés de las aseguradoras
en la aprobación de la ley, y recalca: “He aprendido
que cuando las aseguradoras buscan con tanto ahínco que
salga una ley y cuando asesoran permanentemente al ministro
de la Protección Social, hay que buscar detrás
de todo cuál es el negocio”. Con un agravante: y
es el tipo y criterio de servicios que se buscarán con
la recertificación, que pueden corresponder más
a una práctica mercantil, desconociendo “que la
medicina como ciencia social, tiene como perspectiva desarrollarse
en función del derecho de las personas y de la salud,
y no en función de hacer más rentable la venta
de servicios de salud”.
Frente a la posibilidad de que la recertificación pueda
convertirse en un nuevo negocio de intermediación en
salud, esta vez teniendo a los profesionales del sector como
clientes, se han planteado varias alternativas. El doctor Germán
González de la Facultad de Salud Pública de la
Universidad de Antioquia, opina que el proceso no se debe dejar
a instituciones privadas y que debe ser la universidad pública
la que lo lleve a cabo; añade que no debe hacerse a través
de exámenes sino de cursos que otorguen créditos,
y que cada cierto tiempo se hagan equivaler para obtener la
recertificación: “Eso evitaría que haya problemas
de negocio alrededor de la recertificación y evitaría
corrupción; más que exámenes promuevo una
educación continua que en un momento dado se asimile
a la certificación. El proceso es para asegurar la calidad,
que las personas se mantengan activas y bien formadas, el proceso
de recertificación no es un proceso burocrático”.
Sin embargo, para el doctor Fernando Ruiz, la existencia de
un negocio es casi imposible de evitar, y frente a ello recomienda
que no sean los defectos del mercado los que impongan las condiciones
sino que sea un sistema regulado, donde el Estado defina tarifas
e instituciones recertificadoras: “Es indudable que se
va a mover dinero y ahí están los intereses y
posiciones que se mueven en este momento, pero eso es inevitable”.
Convertir este proceso en objeto de negocio conlleva riesgos
paralelos, señala el doctor Maya: “Se abre la posibilidad
de que haya muchos recertificadores y así se deteriora
totalmente el concepto; se terminará con algunos cobrando
más para recertificar más fácilmente, y
por eso es muy riesgoso dejarlo al mercado. También podría
ser un mecanismo para disminuir el número de profesionales
en cada especialidad si lo manejara una sociedad científica,
lo cual sería igualmente peligroso, como se ha dado en
Méjico”. El doctor Maya va más allá
y abre un interrogante poco planteado: ¿Qué pasa
laboralmente si un profesional no es recertificado? ¿Es
una causal para dar por terminado su contrato de trabajo con
justa causa? Ello considerando que el proyecto le da carácter
de obligatorio al proceso. Por eso propone que al principio
lo ideal sería hacerlo voluntario y que incluso el Ministerio
entregue recursos y entonces no se tenga que cobrar. |
¿Aseguradoras
también recertificadoras?
Ante la posibilidad que abre la ley de que las aseguradoras
participen en el proceso de recertificación, el rechazo
ha sido unánime desde todos los sectores. El doctor Zoilo
Cuellar, director de la Academia Nacional de Medicina, no concibe
el mecanismo como un examen sino como un sistema de créditos
educativos: “No puede ir separada la recertificación
de la educación continua; por el contrario, al ir juntas,
la recertificación se convierte en un premio, no en un
castigo. Pero estoy totalmente opuesto a que las aseguradoras
formen parte, ellas tienen una función diferente y es
muy probable que utilicen el sistema para presionar; pero definitivamente,
el Consejo de Recertificación es un hecho académico”.
Para el doctor Cuellar, el ente recertificador debe estar conformado
por la Academia Nacional de Medicina, la Asociación de
Facultades de Medicina y un Consejo para cada grupo de pares,
necesarios para realizar evaluación por competencias.
El doctor Castro considera como un síntoma grave de integración
vertical, la posibilidad de aseguradoras involucradas en este
proceso, y para evitar la opción de negocio, es enfático
al sugerir que la recertificación la debe hacer la academia,
específicamente la universidad pública que no
tiene interés en favorecer personas o entidades, ni tiene
conflicto de intereses: “Me parece supremamente delicado
que la integración vertical presente en el sistema, se
dé también a nivel de la parte formativa. No es
extraño que en un futuro no muy remoto, las EPS tengan
sus propias facultades de medicina, facultades de medicina de
bolsillo, donde formen su propio recurso humano en salud. Me
parece sumamente peligroso: uno no puede ser juez y parte”.
El debate está planteado y la discusión por darse.
Existen más preguntas que respuestas. Sí es claro
que si bien la recertificación puede ser mecanismo interesante
para mantener y garantizar la idoneidad del personal de la salud,
también se comienza a vislumbrar que como en todo en
el sector salud, pueden existir otros intereses detrás
del proyecto, y que dependerá de una reglamentación
estudiada y planeada con verdadera voluntad de mejorar la calidad,
el evitar que de nuevo veamos el origen de un futuro problema
del sector, porque como lo dice con preocupación el doctor
Sergio Isaza: “Podría ser el comienzo de la desprofesionalización
de la medicina, ya respaldada jurídicamente” |
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