Ramón Córdoba Palacio MD - elpulso@elhospital.org.co
No obstante las aparentemente optimistas, tranquilizadoras y casi siempre vanas pero presuntuosas afirmaciones de los responsables de la salud del pueblo colombiano, la crisis en el área se acrecienta, se hace apabullante: cierre de más hospitales, mora en el pago justo y oportuno de los salarios de quienes laboran en ellos, inadecuada atención al paciente por restricción del tiempo, de costos, etc. Es, pues, un deber ineludible que quienes somos médicos por verdadera vocación, a quienes nos interesa primordialmente el ser humano que requiere nuestros servicios y no el porcentaje de cubrimiento y el costo-beneficio medido económicamente, libremos con altura pero con decisión una lucha que si no logra romper la esclavitud legal que impide al médico buscar por todos los medios honestos el bien del paciente, sin los obstáculos mercantilistas de quienes tienen como negocio la existencia digna y la salud de éste, al menos deje en claro quiénes son los inmediatos responsables y quiénes se benefician con pingües ganancias en tan nefando negocio.
Y es un negocio nefando porque se coarta la honesta libertad del profesional médico, limitando el tiempo que debe dedicar al examen adecuado del paciente en orden a conocer lo mejor posible su estado de salud, porque se impide que haga un uso racional y correcto de exámenes paraclínicos que contribuyan a refrendar el diagnóstico y porque limitan, por costo, la terapéutica que puede prescribir. Se engaña, así, al paciente, especialmente al que carece de recursos económicos para costearse planes de atención prepagada, que también llenan abundantemente las arcas de los comercios dedicados al ramo. Sin embargo, se proclama libertad e igualdad de atención para todo ciudadano colombiano, libertad de trabajo honesto para todo colombiano. Y no pedimos que no haya leyes que regulen la acción médica, siempre las ha habido y en todas las culturas, sino que éstas no atropellen la libertad y la seguridad del paciente -de los menos favorecidos por la fortuna- ni restrinjan la conciencia honesta y el servicio adecuado del médico.
Y no es con paros médicos, que siempre son injustos ya que son los enfermos quienes pagan los platos que no rompieron, sino con el cumplimiento del voto que por mandato de la Ley 23 proclaman los jóvenes médicos el día de su graduación: «Velar solícitamente y ante todo, por la salud de mi paciente», y que la primitiva versión del Juramento llamado hipocrático (Hórkos), lo enseña en dos de sus apartes y en forma más elegante: «Haré uso del régimen dietético para ayuda del enfermo, según mi capacidad y recto entender: del daño y la injusticia le preservaré. [...] En pureza y santidad mantendré mi vida y mi arte».
Ese productivo pero ominoso negocio -ominoso porque comercia con la existencia y la salud de personas humanas- amplía sus horizontes y, empresas prestadoras de salud legalmente constituidas como comercio, crean ahora facultades de medicina en las cuales, sin duda, ilustrarán doctores, que no médicos, para lucrarse a sí mismas con mano de obra barata; doctores para el sistema, que obedezcan sumisos las indicaciones emanadas de sus directivas; doctores que si por cualquier motivo son despedidos de dicha empresa o si el sistema cambia -Dios quiera que sea pronto- tendrán que ofrecer su servilismo al mejor postor, como lo hacían anteriormente los eunucos cuando perdían a su amo, en una especie de pública subasta. Y decimos doctores y no médicos, porque ser médico implica un concepto de vida y de respeto a la dignidad incondicional del paciente y de uno mismo, que exige esencialmente obrar con plena libertad y honestidad sin obedecer normas que atropellen al paciente, o al médico, o a ambos. Pero, volvamos a nuestra campaña en defensa de los pacientes, sin paros médicos. ¿Cómo adelantarla? Informando con honestidad, con sinceridad, de buenas maneras, lo que desde el punto de nuestra formación ética y académica consideramos que debe hacerse en relación con el diagnóstico y el tratamiento, sin tapujos pero sin exageraciones, y que sea el paciente mismo quien compruebe lo que los administradores correspondientes determinan arbitrariamente sobre su salud, sin haber cumplido, cuando son médicos, con el más elemental deber para decidir sobre un paciente: examinarlo para formarse un concepto adecuado de su estado de salud; y, si no lo son, determinando sobre lo que no conocen, poniendo en riesgo la salud, la integridad y, a veces, la vida del enfermo.
Obviamente que vendrán sanciones: no renovación del contrato de trabajo, despidos, etc., pero si todos estamos firmes en el cumplimiento de nuestros deberes, convencidos de que defendemos la dignidad de quien nos confía su existencia, la de la profesión y la nuestra propia, el reemplazante continuará la obra emprendida y los mismos pacientes reclamarán al fin sus derechos. Recordemos que «es mejor morir de pies que vivir arrodillados».
NOTA: Esta sección es un aporte del Centro Colombiano de Bioética -Cecolbe-.