Desde el segundo semestre de 2003, el país en general y el sector salud en particular reclaman una reforma al sistema de salud que mejorara el servicio y pusiera orden en el pago a clínicas y hospitales por las EPS. Y en su ánimo de atender a ese reclamo, tras las intentonas de reforma con las leyes 1122 y 1438, que no resolvieron los ya agrandados problemas del sistema, el actual gobierno prometió “un profundo revolcón”. Fue así como el Ministerio y el gobierno emprendieron otra cadena de desaciertos, con el proyecto para la “redefinición del sistema de salud” en una ley ordinaria y la aprobada Ley Estatutaria.
Hoy puede apreciarse que pocas veces habían estado tan alejados los entes oficiales del interés nacional y ciudadano, y tan cooptados por intereses particulares no siempre legítimos. La Ley 1438 y otras normas, y el discurso oficial de los últimos meses, predican por doquier la garantía del acceso a los servicios de salud, oportunidad, calidad, equidad, integralidad en vez de fragmentación, universalidad, descentralización, etc. Y al fin, todas esas palabras escritas con mayúscula quedan como términos vacíos, como promesas de campaña. El Ministerio de Salud oye -más no escucha- a todos los actores que tienen algo qué decir sobre la reforma y acumula en el proyecto de ley 210 varias iniciativas.
La frustración cunde de nuevo, cuando los partidarios del verdadero cambio se percatan de que fueron ignorados los anhelos del pueblo por enésima vez. Nada sustancial de los proyectos alternativos se incorporó al proyecto acumulado, prevaleció la posición del gobierno manipulada por aseguradores privados y acolitada por la mayoría parlamentaria irresponsable y a veces corrupta, infiltrada por políticos que litigan en causa propia. Resultado: el aseguramiento sigue en manos de las EPS, camufladas como “Gestores de Servicios”, pero con prebendas injustificables que violentan el orden constitucional y legal.
Además, no puede ajustarse al bloque de constitucionalidad la función de definir, organizar y coordinar la red hospitalaria pública y privada de prestación de servicios que se entrega a los “Gestores”, cuando la Carta Magna asigna clara y taxativamente esas facultades a los entes territoriales. Y si al tiempo se autoriza a esos “Gestores” practicar la integración vertical en el primer nivel, no sólo se les tolera el ejercicio de posición dominante que mantienen; se consagra además uno de los peores exabruptos jurídicos: la consideración de recursos sagradamente públicos como capital privado que se destina al arbitrio para fines ajenos a la misión del sistema. Con un peligro adicional: estos procederes ya no estarían sujetos a inspección, vigilancia y control del Estado, al otorgar a los Gestores funciones de auditoría de cuentas, indelegables en particulares.
Ni hablar de la fragmentación que subsistirá en el esquema de atención, favorable siempre a la red de integración vertical, única que operará exitosamente. Y esperemos que el gobierno cumpla con la norma de exigir a las EPS su paz y salvo para emprender nuevas responsabilidades. Pero es por lo menos dudoso tal anuncio, cuando la ley les facilita la dilución de sus fabulosas obligaciones con hospitales, más de $5 billones, al permitir el peligroso cambio de razón social. La contralora, Sandra Morelli, puso el dedo en la llaga, y en vez de concitar todo el apoyo gubernamental, se le fue encima la animadversión del fiscal general y la indiferencia de Supersalud. ¡Qué bien le harían al país esos entes si se alinearan frente a una causa nacional tan justa como es la salud!
Por esto y muchos aspectos más, hoy el país clama al gobierno por una verdadera reforma estructural al sistema de salud, que resuelva los problemas que el pálido proyecto de ley 210 no solucionaría. Así las cosas, reforma sí, pero no la propuesta. Sí, pero no.