Los hospitales y clínicas de Colombia ya no dan más. Tal como los cafeteros cesan actividades casi automáticamente -pues la economía cafetera entró en franca recesión y los caficultores lo único que hacen es expresar nacionalmente esa realidad-, ocurre con las IPS del país. Si a un hospital le deben las EPS una multimillonaria suma de dinero, ese hospital tarde o temprano empezará a incumplir sus compromisos de pagos con su personal que lo atiende, con los proveedores de medicamentos e insumos y equipos, con la incorporación de tecnología médica y demás obligaciones cotidianas. Ni qué decir de la investigación científica, esta actividad exige personal e infraestructura especializada, con dedicación especial, todo lo cual requiere recursos financieros considerables. Entonces, cuando cesa la irrigación natural de recursos económicos en una institución de salud, la prestación de servicios tiende a parar en correspondencia.
No obstante, resulta admirable que a pesar de la altísima deuda que tienen las empresas aseguradoras con los hospitales y clínicas, muchos de ellos se sostienen heroicamente y luchan cada día contra la amenaza del cierre que sigue cerniéndose sobre ellos. Son ilustrativos los casos de varios hospitales universitarios que, a pesar de registrar una abultada cartera, muestran en sus balances del ejercicio de 2012 un superávit. Ello, como explican sus gerentes, muestra una gestión limpia, austera y racional que produce resultados positivos en sus balances, pero que no oculta las dificultades en la atención de la salud, los miles de pacientes que quedan forzosamente por fuera de los servicios, y los desarrollos de nuevas áreas que deberán seguir aplazados por tiempo indefinido.
Esto quiere decir que el gobierno, el Ministerio de Salud y los deudores no pueden seguir pasando de agache frente a la difícil situación hospitalaria, escudándose en su buen desempeño administrativo: si no han cerrado e incluso muestran buenos indicadores, no es propiamente por el comportamiento de las EPS ni por la agilidad gubernamental en el flujo de recursos. Es por el esfuerzo propio en el entorno más complicado.
En este punto, es notorio el descontento de todos los hospitales con la falta de oportunidad y la insuficiencia del giro directo, por fortuna adoptado por el gobierno. Estos giros son intermitentes, rebajan en un movimiento uniformemente acelerado y sigue sujeto a lo que autorizan las EPS. Por ello, no cabe duda: el Ministerio del ramo no tuvo más remedio que plantear en su iniciativa de reforma la eliminación de la intermediación financiera en el sistema de salud y el cambio radical del rol que cumplen las EPS, de aseguradoras a administradoras. Esto indica que a pesar de todos los salvavidas que les tiró el gobierno a esas empresas, la realidad de corrupción, abuso de poder dominante, desviación y dilapidación de los recursos e irresponsabilidad frente al usuario, se le salieron de las manos a todo el mundo. Por la misma razón, se vio marchar a miles de personas en Bogotá y otras ciudades colombianas, exigiendo “Salud sin EPS”.
Queda ahora a consideración del Congreso de la República la reforma propuesta, la cual contiene elementos valiosos que deben examinarse, cotejarse y complementarse para que el conjunto de cambios sea ante todo justo, acorde con las necesidades sociales, viable y coherente. El legislador tendrá que asumir esta tarea con suma prudencia, con sentido humanitario y patriótico, anteponiendo los intereses de los usuarios de la salud a las viejas costumbres clientelistas, a las componendas fraguadas de tiempo atrás por algunas aseguradoras que tienen voceros a sueldo en el Congreso, y a los negocios de la salud que infortunadamente han usufructuado unos pocos “padres y madres de la patria”.
Muchos entuertos quedan por resolver; pasar de un sistema caótico como el actual a uno que al menos respete la dignidad del ser humano y ponga orden en la administración y las finanzas de la salud, no será fácil: requerirá prudencia, sabias decisiones y una muy alta dosis de voluntad política. De entrada, el más humilde de los colombianos pondría como primera condición para la habilitación de las EPS en el nuevo escenario que se propone, el ponerse a paz y salvo con los hospitales, con sus pacientes y usuarios. Empresa que no cumpla este elemental requisito, no tiene el mínimo derecho a administrar los servicios de la salud. Dice el refrán popular que “uno cambia de lugar, pero no de mañas”. Por supuesto, no todas las EPS son culpables ni corruptas, pero el sistema es único y generaliza.