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El sentimiento de desolación entre los prestadores
de servicios de salud es tan grande, pues parece que todas
sus esperanzas en un futuro mejor están muriendo con
el borrador de decreto que el Ministerio de Salud puso a consideración
para reglamentar la estrategia de Atención Primaria
en Salud (APS), las Redes Integradas de Servicios de Salud
(RISS) y los Equipos Básicos de Salud (EBAS), ordenada
en la Ley 1438 de 2011.
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Que algunos digan: “No
es para tanto, por eso el Ministerio lo puso a consideración,
para recibir opiniones”, es un consuelo vano, porque
la realidad demuestra que históricamente esas opiniones
no son consideradas. Por el contrario: enviar comentarios
a los proyectos se convierte en arma de doble filo, puesto
que justifican la consabida fórmula: “Este fue
un proyecto concertado, hubo consenso entre los diferentes
actores, el Ministerio consultó y fruto de eso expidió
el decreto”, ignorando que el consenso nunca se alcanzó
y que en las consultas fueron más las críticas
desoídas que las estudiadas.
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| Un ejemplo
del impacto del borrador de decreto se refleja en el titular
del portal consultorsalud.com: “¿Qué le pasó
al Ministerio con la redacción del proyecto de APS, redes
y equipos básicos de salud?” Y dice a continuación:
“Los prestadores públicos y privados de servicios
de salud en Colombia, consideran el borrador reglamentario de
APS como una de las mayores frustraciones al marco legal vigente…”. |
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“No se perciben decisiones profundas
de política pública que rompan
definitivamente el problema del 'fraccionamiento
de la atención', ni da lineamientos claros
para la conformación de las RISS”.
www.consultorsalud.com
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Señala además: “En el campo de las Redes
Integradas de Servicios de Salud (RISS), el proyecto se aleja
diametralmente de la conceptualización que le dio origen
legal, y aísla el componente territorial (alcalde y
consejo territorial de seguridad social) de la toma de decisiones
y solamente lo incluye al momento de realizar los estudios
del marco de gestión de las redes, manteniendo la estructuración
de las mismas en las EPS. Adicionalmente no se perciben por
ningún lado decisiones profundas de política
pública que rompan definitivamente el problema del
'fraccionamiento de la atención', ni da lineamientos
claros para la conformación de las redes”.
Y es que las contradicciones arrancan desde el título
del borrador: “Por el cual se reglamenta la estrategia
de Atención Primaria, en el componente de servicios
de salud, mediante las herramientas de Redes Integradas de
Servicios de Salud y Equipos Básicos de Salud”,
cuando cualquier persona medianamente entendida en el tema,
puede demostrar que la APS cuando se plantea como estrategia
de carácter nacional debe ser asumida de manera integral,
y este proyecto empieza por pretender reglamentarla por fracciones,
en este caso arrancando por las RISS y los equipos básicos.
En buen romance: se comenzó con la silla, sin que haya
jinete ni caballo.
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Rechazo unánime
a proyecto de decreto de APS y RISS
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En
fuerte comunicado, la Mesa Intersectorial por el Derecho Fundamental
a la Salud señala que el proyecto de decreto del gobierno
“reduce a su mínima expresión los conceptos
de Atención Primaria en Salud -APS-, de los Equipos Básicos
y de las Redes Integradas de Servicios de Salud -RISS-, y por
el contrario, estimula una mayor fragmentación del sistema,
posibilitando que se eternice el conocido paseo de la muerte".
Y agrega: “Con todo el respeto que nos merecen los funcionarios
del Ministerio, los conceptos consignados en el borrador parecen
redactados para profundizar aún más los problemas
crónicos del sistema, adolece de criterios técnicos
válidos, evidencia desconocimiento absoluto de las experiencias
de las regiones y de otros países, donde estos mismos
principios han sido puestos en marcha con éxito, y lo
más grave, desconoce las directrices de la Organización
Panamericana de la Salud frente al tema, de las cuales Colombia
es signataria”. |
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“Hay que rechazar
que se agregue la
palabra 'funcional' a la definición de las
RISS, evitando con esta argucia sospechosa
que las IPS puedan asociarse en uniones
temporales, consorcios u otra figura jurídica,
entre IPS públicas, privadas o mixtas”.
Luis Alberto Martínez.
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La disfuncionalidad de lo “funcional”
Para Luis Alberto Martínez, director de Aesa,
lo más grave frente al manejo planteado a las RISS
-figura en la cual los prestadores tenían grandes esperanzas
para corregir el rumbo de la prestación de servicios-,
es que el proyecto de decreto “desconozca los criterios
determinantes para la conformación de las RISS, consignados
en el artículo 63 la Ley 1438 y que deberían
ser la base para la reglamentación de su habilitación;
dichos criterios son los que hacen la diferencia entre redes
reales frente a las redes desarticuladas e inoperantes que
existen hoy y que se perpetúan en el proyecto de decreto”.
E indica: “Hay que rechazar que el proyecto agregue la
palabra 'funcional' a la definición de las RISS, evitando
con esta argucia sospechosa que las IPS puedan asociarse e
integrarse, como plantea la Ley 1438, mediante uniones temporales,
consorcios u otra figura jurídica, entre IPS públicas,
privadas o mixtas. Este sólo añadido atenta
contra los criterios determinantes que identifican este modelo
de atención, al limitar por ejemplo, aspectos tan fundamentales
como la gestión integrada de los sistemas de apoyo,
administrativo, financiero y logístico, el sistema
de información integral para todos los actores de la
red”.
Se violenta el espíritu de
la Ley 1438
Con un llamado al Congreso de la República
para que revise el posible desconocimiento del espíritu
de la Ley 1438 por parte del Ministerio de Salud y Protección
Social, la Mesa Intersectorial señala que el borrador
de decreto “violenta la ley en temas de conformación
de las RISS, por cuanto la norma establece que 'las entidades
territoriales, los municipios, distritos, departamentos o
Nación, según corresponda, en coordinación
con las EPS a través de los consejos territoriales
de salud, organizarán las redes integradas…'.”
Y cuestiona: ”En cambio, ahora el Ministerio pretende
asignar el proceso sólo a las EPS, que quedarían
así con el poder omnímodo de seleccionar y determinar
los prestadores que conformarán la RED, perpetuando
la posición dominante de las aseguradoras en el sistema
de salud, precisamente en un momento en el cual su transparencia
y su papel están más cuestionados por los mismos
organismos de inspección, vigilancia y control del
Estado, y que han mostrando la existencia de una total desarticulación
y fragmentación del sistema, tendiente a evitar el
acceso de los usuarios a los servicios como estrategia perversa
para aumentar ganancias privadas: ¿Qué pretende
el Ministerio al otorgarle más poder a unas entidades
cuestionadas por las mismas organizaciones del Estado? ¿Se
premia el incumplimiento de las leyes otorgándoles
más gabelas? Para mayor sorpresa, el articulado no
es claro en determinar sanciones por los incumplimientos que
tengan las EPS en la organización de las redes, lo
cual simplemente les otorga el poder absoluto, y con la impunidad
que hasta la fecha se ha dado con los incumplimientos constantes”.
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