Enhorabuena, el Ministerio de Salud abrió un espacio en su página virtual para recibir las opiniones de personas e instituciones sobre el borrador del decreto reglamentario que elaboró para los medicamentos de origen biológico y biotecnológicos. Como en otras coyunturas de consulta ciudadana realizadas por el gobierno, hay que decir que la iniciativa es necesaria y positiva dentro del espíritu de participación democrática.
Falta ver qué tanto coinciden las palabras con los hechos, en un sector tan sensible como la salud, en el cual ya estamos acostumbrados a más de una decepción, a más de una promesa incumplida. Seamos optimistas y esperemos que esta vez con la reglamentación de los productos biotecnológicos, sí atiendan a las incontables opiniones expresadas.
Nos consta que desde todo el país se respondió con generosidad y además con gran conocimiento y profundidad. Desconocer el contenido de tantas voces sería frustrante, sobre todo considerando que la mayoría de observaciones coinciden con el ente oficial al aplaudir el espíritu general del articulado y el interés manifiesto de la señora ministra, Beatriz Londoño, de proteger a toda costa la salud de los colombianos.
En este punto hay una discusión interesante. Esa invocación por la salud del pueblo es una plática que esgrimen por igual los defensores de la entrada de medicamentos biosimilares al mercado de Colombia, y los defensores de la primacía de biotecnológicos o productos pioneros como única alternativa terapéutica para muchas enfermedades.
Más basta leer las observaciones de algunas asociaciones médicas y algunas asociaciones de pacientes, para darse cuenta de la manipulación de que son objeto por parte de algunos laboratorios multinacionales farmacéuticos. Ante el vencimiento de algunas patentes, que atañe al mercadeo transnacional y que no tendría por qué repercutir sobre la salud pública de algún país, parece que hay poderosas compañías farmacéuticas que tratan de aferrarse a unos pocos nichos de mercado, entre ellos el colombiano.
Dios asista a nuestras autoridades de salud en este trance, porque si la señora Ministra y el Presidente Santos examinasen con serenidad el entorno de esta consulta y el consenso entre el borrador de decreto y las opiniones expresadas, verían que tienen a la vista una perspectiva de gobernabilidad para el sistema de salud, una posibilidad de aliviar sus aporreadas finanzas por los exorbitantes y escandalosos recobros de medicamentos. Y por ende, la ocasión de avanzar en el propósito de atacar la corrupción en algunos de sus focos más virulentos, y sobre todo de servir a todos los conciudadanos proporcionándoles biológicos de calidad, seguridad y eficacia, probados y reconocidos incluso por agencias internacionales tan prestigiosas como la EMA de Europa y la FDA de Estados Unidos.
Es además momento propicio para que las autoridades colombianas hagan un ejercicio de soberanía y de responsabilidad política frente a la población. Desde luego, como lo advierten las entidades científicas y gremiales más importantes de Colombia, tiene que haber una permanente disposición para realizar pruebas clínicas y pre-clínicas a los productos que los requieran, pero el Ministerio de Salud no puede caer en la trampa de generalizar lo excepcional. De nuevo, la disyuntiva está entre el discurso del negocio y el discurso del derecho a la salud.