Muchos de ellos se han confabulado contra la legislación que protege la vida y la salud de las mujeres, y parece que las únicas que no tienen derecho a hacer respetar sus derechos son precisamente las mujeres. Echar para atrás la Sentencia C-355 de mayo de 2006 que despenalizó el aborto en Colombia es tan absurdo y retardatario, como pretender hoy desconocer el derecho de las mujeres al voto.
Trascurridos 10 años del siglo XXI, llamado por algunos el siglo del conocimiento, el desarrollo y los derechos humanos, muy pocas cosas han cambiado para las mujeres, de manera especial en los países del tercer mundo: la inequidad es la regla y en este tema Colombia es considerado uno de los países más inequitativos de América después de Haití, e incluso la violación persiste como demostración de poder por parte de los “vencedores” en un conflicto que por más de 5 décadas golpea a nuestro país.
Si bien la Corte despenalizó el aborto en tres circunstancias especiales por tratarse de un problema de salud pública responsable de la muerte y discapacidad de cientos de mujeres -problema que en la actualidad ocupa el cuarto lugar como causa de muerte materna en Colombia- no podemos perder de vista que en lo fundamental se trata de un problema de derechos humanos.
Lo que pretenden los impulsores de la reforma constitucional que busca echar para atrás la despenalización del aborto, es un ataque infame a los derechos humanos, y en especial a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres: éstos últimos son derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad inherente a todos los seres humanos. Dado que la salud es un derecho fundamental, la salud sexual y reproductiva es un derecho humano básico; estos derechos deben ser reconocidos, respetados y difundidos por todas las sociedades y por todos los medios. A modo de ejemplo, en la Agenda de la Salud para las Américas 2008-2017, la OPS propone la inclusión, la universalidad y la accesibilidad a los derechos humanos, así como la disminución de la inequidad entre los países y al interior de los mismos como una prioridad para la región.
Argumenta el senador José Dario Salazar, proponente de la reforma que pretende el desconocimiento de los derechos adquiridos por las mujeres en franca lid, que se abusa de la norma: nada más carente de rigor y verdad, ya que después de 4 años de promulgada la sentencia, en Colombia se practicaron aproximadamente 650 abortos legales frente a cerca de 200.000 ilegales, lo que equivale a la conservación de la vida o la salud de estas 650 mujeres que de no haber contado con este derecho, seguramente se sumarían a los cientos de muertes evitables que año tras año destruyen cientos de hogares colombianos con las graves consecuencias sociales que esto implica.
Cuando un país despenaliza en el aborto, inicialmente hay un incremento en el número de mujeres que lo solicitan, luego se entra en un periodo de estabilización con una caída significativa de la mortalidad materna por esta causa. Lo que pretenden los opositores a la Sentencia C-355 no es precisamente atacar un capricho de feministas como lo manifiestan algunos: es desconocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos de 1976, la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW 1981), la Convención sobre Derechos Humanos de Viena, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo 1994 y la Política de Salud Sexual y Reproductiva de Colombia, entre otros, para no alargar la lista. Todas, conferencias y convenciones a las cuales asistió Colombia y donde se comprometió a promover y respetar sus decisiones. Lo triste y preocupante es que el promotor de este nuevo ataque a los derechos humanos es precisamente un “Padre de la Patria” que al posesionarse juró defender la Constitución y la Ley, y no precisamente acomodarlas a sus creencias religiosas y convicciones personales.
Porque si bien Colombia es un país con mayoría católica, también lo son Italia, España, Inglaterra, Alemania y la inmensa mayoría de países europeos, donde el aborto está despenalizado para proteger la salud, la vida de la mujer y la estabilidad de la familia, y así lo demuestran sus indicadores de salud sexual y reproductiva, específicamente los de mortalidad materna. En Alemania la iglesia católica es poderosa e influyente, pero allí también está despenalizado el aborto por idénticas razones que en Colombia.
En nuestro país el 52% de la población es femenina, el 34% de los hogares tienen como cabeza a una mujer y hace ya muchas décadas sabemos que la ausencia de una madre implica desnutrición de la familia, mortalidad infantil, deserción escolar, abuso al menor, esclavitud laboral, embarazo adolescente, prostitución y drogadicción, problemas muchos de ellos derivados del aborto inseguro. Esta situación la entendieron y abordaron los países desarrollados desde finales del siglo XVIII, cuando descubrieron que los problemas de población y desarrollo de las naciones se resolvían cuando se abordaba la salud sexual y reproductiva de manera integral, seria, con programas que trascendieran las administraciones y dejando de lado esa visión teológica que aún predomina en los países pobres, y que los aleja de alcanzar lugares de privilegio en equidad y salud pública a nivel mundial, y por ende el tan anhelado desarrollo.
Vale la pena citar a Kofi Annan, exsecretario de Naciones Unidas, quien recién manifestó: “No se pueden alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, particularmente la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, a menos que se aborden decididamente las cuestiones de población y salud reproductiva; y para esto es preciso intensificar los esfuerzos por promover los derechos de la mujer y aumentar las inversiones en educación y salud, inclusive salud reproductiva y planificación de la familia”.
En la visión y propósito de los proponentes de este nuevo atropello a los derechos humanos, está la respuesta al por qué Colombia no logrará saldar una deuda centenaria con la equidad de género y específicamente con la salud de las madres. Mientras en Sudamérica se produce un profundo cambio cultural y político -fueron necesarios dos siglos de historia republicana para que Chile fuera escenario de la primera elección de una mujer como Jefa de Estado, ejemplo que en buena hora imitaron otros países de la región-, en Colombia hay legisladores que todavía piensan que la mujer es menor de edad, que los derechos humanos son un embeleco de minorías, y que la Constitución y las leyes se pueden acomodar a sus creencias religiosas y a sus intereses personales.

El proyecto que nos ocupa contiene conceptos errados -también errores y horrores de ortografía y sintaxis-, que conducen a conclusiones equivocadas o ambiguas, pero que con la maraña de promesas y vocablos altisonantes disimulan las verdaderas trampas a la dignidad del paciente. A lo largo del documento se habla del bienestar del paciente, no de su Bien; se desconoce que la obligación del médico no es primordialmente el bienestar sino el bien pleno del paciente, ya que muchas de las medidas terapéuticas no conllevan bienestar inmediato sino malestar y sacrificio al paciente.
Se hace énfasis en la importancia de la cobertura y el incremento de ésta es argumento fundamental en el proyecto de reforma a la salud. Aunque se promete mucho sobre la “calidad de la atención”, no se analizan a fondo elementos que entorpecen gravemente dicha atención y que son faltas contra la ética. No se modifica la consulta cronometrada fijada por las EPS y las IPS -15 minutos por paciente-, como si la patología que padece cada uno de ellos fuera una cantilena idéntica para cada ser humano, como si los humanos fuéramos objetos con instrucciones idénticas para su adecuado cuidado. Cada ser humano tiene una forma de enfermar y de sentir su propia enfermedad, lo que no permite enmarcarlo en fórmulas rígidas como pretenden las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, con el único fin de aumentar el ingreso monetario de sus arcas.
Surge una inquietud: si tan buenos resultados ha dado que los particulares actúen en nombre del Estado en aspectos de la salud, ¿por qué no permitirles que ejerzan plenamente la justicia en Colombia y encomendarles la guardia de las fronteras, con grandes economías para el Estado?
La pretendida reforma que pretende fortalecer el actual sistema de salud es, como lo fue la Ley 100, un atropello al êthos de la medicina surgido en el año 500 a.C.: el servicio al ser humano. Y es en cambio la entronización del êthos del comercio en la atención de los pacientes: comercio de seres humanos.