La más grande debilidad: falta de prevención Olga Lucia Muñoz López - Periodista elpulso@elhospital.org.co En concepto de la doctora Marta Aristizábal, directora ejecutiva de la Fundación Glarp (Grupo Latinoamericano para la Participación, la Integración y la Inclusión de Personas con Discapacidad GLARP- ITD), se bien Colombia avanzó mucho en los últimos 10 años en la atención a la discapacidad, también “bajó la guardia” en prevención de riesgos que la generan (biológicos, laborales, por infecciones, etc.), siendo el “talón de Aquiles” junto con la falta de promoción de participación individual y grupal de discapacitados. “Siempre hay que trabajar en prevención y promoción de estilos saludables de calidad de vida, y en disminución de las condiciones de pobreza y de vulnerabilidad. Por ello hay promover el involucramiento de todos los sectores en la construcción de un país más inclusivo, para todos, que traspase transversalmente todo el quehacer del Estado colombiano”, indicó, aclarando que Colombia tiene un fuerte liderazgo en Latinoamérica en articulación de actores y procesos, búsqueda de consensos, coordinación de gestiones, y utilización de un lenguaje común en un enfoque de respeto y ejercicio de derechos. Señaló además que Colombia tiene la normativa suficiente para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad, por lo que sólo falta la reglamentación y llevar a la práctica: “Es un proceso lento. Hay que empezar las adecuaciones para ajustar los beneficios a las necesidades de cada grupo poblacional, no sólo de discapacitados sino de todos los grupos minoritarios que han sido excluidos o invisibilizados. Además, hacer conocer los derechos específicos, tanto desde el ámbito nacional como internacional con las Convenciones de OEA y la nueva de ONU, porque son herramientas para hacer que la situación cambie. Son normas de obligatorio cumplimiento, pero hay que hacerlas conocer y que se ponga en práctica, porque nada se gana si la gente no la conoce, porque no la reclama y no defiende sus derechos ni hace nada por buscar que se cumpla”. Considera entonces, que la política pública de discapacidad debe apuntar a la divulgación y promoción de derechos, porque derecho que no se conozca, derecho que no se reclama y derecho que no se reclama se pierde; profundizar en las acciones que se adelantan; comprometer más a los gobiernos locales; fomentar la integración laboral en igualdad de condiciones a personas normales y dar facilidades en los puestos de trabajo; desmitificar la discapacidad como condición inhabilitante; trabajar en todas las instancias por la inclusión de personas con discapacidad; continuar adecuaciones arquitectónicas en las ciudades y medios de transporte para garantizar la accesibilidad física; reclamar servicios de salud a que se tiene derecho a las aseguradoras de salud y administradoras de riesgos profesionales (“que no hacen lo que deben hacer porque nadie se los reclama”, señaló); y que exista un involucramiento serio y responsable en la construcción de los procesos a favor de la población con discapacidad, más con visión de país y menos de grupo.   Más información... 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