El pasado 16 de junio fue radicada ante la Comisión Séptima del Senado la ponencia positiva para el tercer debate de la reforma a la salud 2.0, un proyecto legislativo impulsado por el gobierno del presidente Gustavo Petro que busca transformar el modelo actual del sistema sanitario en Colombia.

La propuesta, aprobada previamente en segundo debate por la Cámara de Representantes con 95 votos a favor y 25 en contra, propone cambios estructurales como la transformación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Gestoras de Salud y Vida (GSV). Estas nuevas figuras tendrían la función de coordinar la prestación de servicios, sin manejo directo de los recursos.

La iniciativa también plantea el fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud (APS), la centralización de los recursos en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y un mayor protagonismo del Ministerio de Salud en la dirección del sistema. Gobernadores y alcaldes asumirían responsabilidades en la ejecución de las políticas de salud en sus territorios.

La ponencia fue suscrita por los senadores Martha Peralta Epieyú, Fabián Díaz, Wilson Arias, Ferney Silva y Omar de Jesús Restrepo. “Seguiremos comprometidos con la búsqueda de consensos que hagan posible una transformación real de nuestro sistema de salud”, afirmó la senadora Peralta.

Escenario en el Senado

La reforma enfrenta un contexto legislativo complejo. En 2024, la Comisión Séptima del Senado archivó la primera versión del proyecto. En esta ocasión, algunos de sus actuales integrantes manifestaron nuevamente su desacuerdo, lo que podría derivar en un resultado similar. Seis senadores anunciaron su voto negativo, y en caso de empate, el proyecto sería archivado automáticamente, según lo establece el reglamento del Congreso.

Uno de los opositores es el senador liberal Miguel Ángel Pinto, quien señaló que “esta nueva propuesta es aún más grave. (…) El sistema de salud de los docentes, que se usa como piloto, está experimentando graves problemas”.

Desde sectores de oposición, se han planteado inquietudes sobre la capacidad del Estado para asumir funciones que actualmente desempeñan las EPS, así como sobre la sostenibilidad financiera del nuevo modelo.

Observaciones desde los pacientes

La organización Pacientes Colombia, que agrupa a más de 200 colectivos del país, expresó su rechazo a la ponencia presentada. En un comunicado, señalaron que la iniciativa “carece de soluciones estructurales reales y no responde a las necesidades urgentes del sistema ni a las de los pacientes al ser, en esencia, una reiteración del proyecto aprobado en segundo debate por la plenaria de la Cámara de Representantes, pero, además, desconociendo la información técnica entregada en las mesas adelantadas por dicha célula del legislativo a lo largo de cuatro meses”.

También cuestionaron la viabilidad financiera de la reforma. “Aun así, el Gobierno insiste en que los recursos actuales son suficientes y que no se requieren mayores inversiones. Sin embargo, ya administra el 60 % del sistema con resultados deficientes en el manejo de la cartera, garantía del derecho y la ampliación de la red de servicios”, afirmaron.

Otra de las preocupaciones expresadas por la organización es la fragmentación del modelo propuesto. Según el comunicado, la reforma distribuye la responsabilidad de la prestación del servicio de salud en múltiples actores “sin una articulación clara entre ellos, lo que termina generando mayores barreras para los pacientes”.

En relación con la eliminación de las EPS, también señalaron que “el Gobierno no ha dejado claro quién asumirá el rol de ente articulador del sistema de salud, lo cual genera preocupación, pues da la impresión de que está delegando la gobernanza sin una dirección definida. Esta falta de claridad también deja un vacío sobre cómo se garantizará el uso eficiente y transparente de los recursos”.

La organización advirtió, además, que la propuesta no plantea medidas concretas para reducir las brechas en acceso entre zonas urbanas y rurales. “Con respecto al talento humano, no se contemplan acciones concretas para su fortalecimiento. Actualmente, el país enfrenta un déficit de más de 50 mil profesionales del sector, y sin medidas claras para su formación, contratación y formalización, será imposible satisfacer las necesidades del sistema y garantizar efectivamente el derecho a la salud”, enfatizaron.

Sobre el enfoque preventivo y predictivo anunciado por el Gobierno, Pacientes Colombia expresó que no se detallan mecanismos efectivos para su implementación. En particular, señalaron que no hay medidas suficientes para atender a los más de 16 millones de personas que viven con condiciones crónicas de salud, ni para prevenir enfermedades evitables. “Hay muertes que pudieron evitarse, pero el Gobierno no ha cumplido con su deber. Esta pareciera ser una crisis agudizada, incluso creada, para justificar la aprobación de una reforma que no resuelve los problemas estructurales del sistema de salud ni responde a la gravedad de la situación actual. Se trata de una propuesta marcada por grandes titulares, pero con pocos resultados efectivos”, expresó Denis Silva, vocero de la organización.

El movimiento concluyó: “Desde Pacientes Colombia reiteramos que el país necesita una reforma, pero una que amplíe de forma efectiva el derecho a la salud, elimine las brechas sociales y territoriales, cuente con nuevas fuentes de financiamiento, garantice mayor rectoría estatal, formalice al talento humano en salud y fortalezca un modelo preventivo y predictivo real. Hacemos un llamado urgente a que esta reforma no sea una imposición política, sino una construcción colectiva que ponga en el centro a los pacientes, escuche sus voces y responda de manera concreta a las necesidades estructurales del sistema”.

Próximo paso legislativo

El tercer debate en la Comisión Séptima del Senado podrá realizarse a partir del 20 de julio de 2025, cuando inicia el nuevo periodo legislativo. Hasta entonces, las posiciones de los diferentes sectores seguirán definiendo el futuro de esta reforma que, de ser aprobada, implicaría una reconfiguración profunda del sistema de salud colombiano.