En 2018 se registraron 101 incidentes de violencia contra la misión médica; en 2021 fueron 553, con un incremento del 70 % respecto a 2020. Según la Mesa Nacional de Misión Médica, durante 2023 se presentaron 511 actos violentos contra la asistencia sanitaria, siendo Antioquia (78) y Cundinamarca (54) los más afectados; de estos, el 27 % estuvo relacionado con el conflicto armado.

“La mayoría de los incidentes fueron contra la vida y la integridad del personal sanitario, impactando directamente a auxiliares, enfermeros, psicólogos, odontólogos, médicos, conductores de ambulancias y equipos de salud pública, quienes sufrieron las consecuencias físicas y emocionales de estos actos”, informó el Comité Internacional de la Cruz Roja. Así pues, aunque el personal de enfermería es el más afectado, representando más del 40 % de las víctimas, seguido por los médicos, todas las personas que trabajan en un centro de salud, como los camilleros y conductores de ambulancias, pueden verse expuestas a una agresión física o verbal.

Estas agresiones, que tradicionalmente se han asociado con el conflicto armado, han evolucionado y diversificado sus causas, afectando la seguridad y el bienestar del personal sanitario en el país. De hecho, aunque estas cifras son elocuentes, el doctor Gonzalo Alberto Vélez López, presidente de la Asociación Médica Sindical Colombiana Seccional Antioquia (Asmedas), señala que existe un subregistro considerable, ya que muchos de los incidentes no se reportan debido a su frecuencia, cotidianidad y porque se han normalizado por parte del personal.

Según un estudio de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) de 2016, el 98,7 % de los trabajadores de los servicios de urgencias han sido víctimas de violencia verbal, el 27 % de violencia física y el 1,6 % de violencia sexual.

Por parte del conflicto armado en Colombia, durante la última década se han registrado más de 2 400 ataques contra la misión médica: entre ingresos a hospitales con armas para solicitar atención prioritaria, amenazas y hostigamientos en los puestos de salud, ataques a ambulancias, asesinatos de médicos y obstrucción a la atención de pacientes, entre otros.

No obstante, este es solo uno de los vértices de las agresiones contra el personal sanitario. Durante 2020 y los años siguientes de la pandemia por COVID-19 se evidenció otra situación que afectó a dichos profesionales: la estigmatización. Fueron expulsados de sus edificios o unidades residenciales, rechazados en ascensores y agredidos en los pasillos por ser “fuente de contagio”. Los aplausos que las personas daban desde sus casas durante la cuarentena como gratitud fueron intercambiados por actos de desprecio.

“Los profesionales de la salud conforman la fuerza principal que tenemos para poder abordar esta epidemia. Como primera consideración, debemos tener el respaldo a la comunidad. Ellos están arriesgando su vida y son los que tienen mayor probabilidad de contagio en un hospital por atenderme a mí y atender a mi familia”, tuvo que hacer un llamado el entonces ministro de Salud, Fernando Ruiz.

Esto explica el porqué del aumento de las cifras entre 2019, 2020 y 2021. No obstante, hoy, pasada la pandemia, las estadísticas no disminuyen. De acuerdo con la investigación “Violencia hacia los profesionales de salud en el sistema de salud colombiano: un estudio exploratorio en la ciudad de Bogotá D.C.”, influyen factores como “los largos tiempos de espera, la falta de infraestructura y de insumos, la insatisfacción con los tratamientos, una valoración incompleta porque se deben atender cierto número de pacientes en el día y la deficiencia en la comunicación”; es decir, el personal de salud se presenta como la cara visible de un sistema deficiente y es quien recibe las agresiones de los pacientes o familiares por su insatisfacción.

“Es inaudito que desde tiempo atrás sean los prestadores quienes venimos sosteniendo este fallido sistema y que ahora sean los profesionales de la salud quienes, fuera de que deben trabajar en condiciones laborales adversas, incluso con deudas laborales de meses, también deban recibir por parte de los usuarios insultos e incluso agresiones, debido a las grandes dificultades que les coloca el sistema, como la falta de oportunidad en la atención, fraccionamiento de la misma, ausencia de continuidad en la atención, entre otros”, comentó Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI).

En ese sentido, la incertidumbre sobre la estabilidad del sistema de salud puede incrementar la ansiedad de los pacientes. Ante rumores o noticias sobre el posible colapso del sistema, los usuarios pueden actuar de manera desesperada para asegurar su atención médica inmediata.

Normativas

Respecto al personal de la salud en medio del conflicto armado, esta situación se enmarca en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que dispone normativas que los actores involucrados deben cumplir, como garantizar el servicio médico para todas las partes, así como la protección de los centros sanitarios y ambulancias. No obstante, según el doctor Vélez, el “DIH se ha convertido en un acto decorativo. Entonces, el personal de la salud se ve en medio del fuego de este conflicto, las ambulancias son utilizadas de manera indiscriminada por los armados o son bloqueadas”.

Ahora bien, aunque el Ministerio de Salud, en la Resolución 4343 de 2012, establece la Carta de Deberes y Derechos del paciente, en la que se indica que este debe “respetar al personal responsable de la prestación y de la administración de los servicios de salud”, normativamente estos profesionales aún se encuentran desprotegidos. Ante una consulta realizada en 2017 y 2019, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió un concepto jurídico en el que indica que, en caso de ocurrencia de una agresión, el personal sanitario debería presentar la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que esta entidad investigue.

En 2019, el Ministerio del Trabajo, en conjunto con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y una comisión compuesta por representantes de otras entidades, desarrolló una cartilla para la prevención y protección de agresiones contra los trabajadores de la salud por parte de los pacientes y sus acompañantes. Aunque no determina las sanciones, la cartilla incorpora algunas medidas reactivas que puede tener en cuenta el personal sanitario en caso de ser agredido, entre las cuales se encuentra la solicitud de presencia de la Policía, donde, de acuerdo con el Código de Policía, podrá “retirar del lugar a la persona que está alterando la convivencia y presente oposición a la orden de policía, para que cese en su comportamiento”. No obstante, la Ley Estatutaria de Salud establece que el incumplimiento de cualquiera de los deberes que tienen los pacientes, incluyendo el deber de respetar al personal de salud, no puede ser invocado para impedir o restringir el acceso oportuno a los servicios de salud requeridos.

En ese sentido, la protección del personal sanitario se dificulta. “Creo que es necesario que se concrete de una vez una política nacional en contra de las violencias contra la misión médica y establecer a partir de allí elementos políticos de formación para que el sistema de salud pueda fluir de una manera diferente”, expresa el presidente de Asmedas. Dos de los puntos que resalta que se deben fortalecer son: primero, educación y sensibilización, donde se implementen políticas educativas que promuevan el respeto hacia el personal de la salud, con un esfuerzo continuo y visible en todas las instituciones sanitarias, como avisos, pancartas, videos; segundo, invertir en sistemas de seguridad, con control de acceso y cámaras, y el registro de pacientes para verificar que no lleven armas.