En el contexto de los diversos retos que enfrenta el sistema de salud colombiano, la escasez de medicamentos se revela como una problemática central que impacta la estabilidad y eficacia de hospitales y clínicas a lo largo del país. Esta crisis, que a menudo transcurre en silencio, está dejando marcas profundas en la capacidad de atención médica, poniendo en peligro la salud de los ciudadanos.

Para comprender adecuadamente este problema, es esencial delimitarlo y distinguirlo de conceptos relacionados. Dado que el desabastecimiento afecta tanto a países desarrollados como en desarrollo, no hay un consenso universal en su definición.

Se puede decir que un medicamento está desabastecido cuando no hay existencias en el mercado nacional. Un problema de suministro ocurre cuando la cantidad ofrecida es inferior a la demanda, mientras que la escasez sucede cuando, existiendo el producto en cantidades suficientes, no hay recursos para adquirirlo.

Estos términos a menudo se correlacionan y pueden confundirse, especialmente al hablar de una “crisis de medicamentos”. En cuanto a los actores involucrados:

• El Ministerio de Salud legisla sobre los medicamentos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), considerando el perfil epidemiológico y la eficacia dentro de límites presupuestarios.
• El Invima otorga el registro sanitario a medicamentos nuevos y renovaciones, asegurando la seguridad del consumo.
• Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) están obligadas a entregar medicamentos a sus afiliados, tercerizando esta tarea a gestores farmacéuticos.
• Los laboratorios fabricantes son responsables de la producción y distribución.

Con relación a ello, entonces es importante señalar que uno de los aspectos más críticos de este problema es su directa incidencia en la calidad de la atención. La carencia de insumos esenciales lleva a hospitales y clínicas a restringir tratamientos, posponer cirugías y limitar la disponibilidad de servicios fundamentales. Esta situación no solo compromete la salud de los pacientes, sino que también genera una carga adicional para el personal médico, quienes deben manejar la escasez y tomar decisiones cruciales respecto a la asignación de recursos limitados.

Un caso concreto y a modo de ejemplo, según explicó Tatiana Gómez, jefe de compras de San Vicente Fundación, “el área de compras de la institución, consciente de su papel fundamental en la prestación de servicios oportunos y de calidad, dedica sus esfuerzos diarios a la adquisición de medicamentos e insumos, buscando siempre las mejores condiciones en términos de calidad, oportunidad y eficiencia de costos. Este compromiso tiene como objetivo contribuir al crecimiento conjunto del hospital. Sin embargo, resulta inevitable desarrollar estrategias para proteger a la institución de los problemas de abastecimiento, los cuales afectan directamente el mercado a nivel nacional”.

La problemática en la consecución de medicamentos e insumos se manifiesta en un fenómeno de desabastecimiento repentino, donde los hospitales se enteran sobre la marcha de la falta de disponibilidad en el mercado. En contadas ocasiones se cuenta con un tiempo estimado para reaccionar y mitigar el impacto. “Esto obliga a la cadena logística a buscar entre los proveedores los remanentes disponibles en el mercado, exponiéndose a sobrecostos que se traducen en aproximadamente $300 millones para el último trimestre de 2023. Asimismo, se experimentan situaciones de sobreabastecimiento en los casos en los que se logra la consecución de los productos. Para aquellos casos en los que no se logra adquirir los insumos necesarios, el área asistencial busca alternativas terapéuticas para satisfacer las necesidades de los pacientes”.

El actual desabastecimiento que enfrenta Colombia implica una mayor dedicación del recurso humano en la búsqueda de soluciones. Este problema se convierte en una cadena, ya que ante la falta de disponibilidad de un producto, todas las instituciones concentran sus esfuerzos en la búsqueda de alternativas, lo que lleva a una competencia con los mismos proveedores. Este temor al riesgo de quedarse sin productos provoca una presión en el mercado y contribuye a la escasez de proveedores con stock disponible para satisfacer la demanda.

Desde la perspectiva financiera, representa un duro golpe para las instituciones de salud. La necesidad de recurrir a alternativas más costosas o importar medicamentos a precios elevados contribuye a un aumento significativo de los gastos operativos. Este ciclo adverso coloca a los hospitales en una situación difícil, luchando por mantener la calidad de sus servicios mientras enfrentan una presión financiera.

La cadena de suministro, afectada por los procesos de importación, la fluctuación de la moneda y la falta de coordinación entre los diferentes actores del sistema, se erige como un eslabón frágil. La ausencia de un sistema de distribución eficiente agrava la situación, generando retrasos y obstáculos que podrían evitarse con una gestión más efectiva.

En términos éticos, esta crisis compromete el derecho fundamental a la salud. Los pacientes, en lugar de recibir la atención y medicamentos necesarios, se enfrentan a la incertidumbre y la frustración. La inequidad en el acceso a tratamientos efectivos se intensifica, creando brechas en la salud de la población y socavando los principios fundamentales de justicia social.

La coordinación entre entidades gubernamentales, la simplificación de trámites para la importación de medicamentos y la búsqueda de soluciones a largo plazo para fortalecer la cadena de suministro son pasos fundamentales. Asimismo, se requiere una mayor rendición de cuentas en la gestión de recursos y en la toma de decisiones que afectan directamente la disponibilidad de medicamentos.