A falta de una, ahora serán tres las reformas a la salud que se tramitarán en el Congreso

La falta de un acuerdo entre las diferentes bancadas y el Gobierno nacional tiene tambaleando la reforma a la salud presentada el mes pasado por la ministra Carolina Corcho. Luego de múltiples reuniones con los directivos de los partidos políticos, tanto de la coalición del gobierno como de los independientes y los opositores, todavía no es claro que tenga mayorías para lograr la aprobación.

Pero mientras ese descontento se da, otros dos proyectos de reforma serán presentados como contrapropuesta desde las bancadas, dispersando aún más la atención acerca de la iniciativa del gobierno de Gustavo Petro, con lo que este empieza a perder liderazgo.

Desde el Congreso quien viene abanderando la discusión es Dilian Francisca Toro, presidenta del Partido de la U, que desde su experiencia como médica ha tratado de mediar por una opción en la que puedan convivir la idea del gobierno de dar una mayor atención a las poblaciones históricamente excluidas -para las que ha sido más difícil poder acceder a los servicios de salud-, con la supervivencia de las EPS, que sí o sí, según su lógica, deberían estar a cargo del aseguramiento del riesgo.

Según cuenta Toro, han sido varias las reuniones en las cuales han planteado modificaciones al articulado, supuestamente se llega a acuerdos con el gobierno que después no se ven reflejados en el borrador. Así que al fin de cuentas no hay acuerdo. Han sido al menos tres veces desde que se radicó el proyecto que ocurre lo mismo.

Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, reveló que solo el 27 % de las propuestas de los partidos han sido acogidas por el Gobierno, lo que deja por fuera 98 proposiciones.

“Me negué a asistir a una reunión. No vuelvo a asistir a más reuniones, ¿para qué?, si solo se tiene 20 % de acogida. Aquí no hay consenso, y el Partido Conservador votará que no al proyecto”, se quejó Cepeda.

De momento, el Partido de la U no ha decidido retirar su apoyo a la reforma y confía en que las modificaciones se harán la próxima semana en la Comisión Séptima, luego de que los ponentes pidieran más tiempo para deliberar acerca del articulado, como detalló Agmeth Escaf, presidente de la Comisión.

Para ese primer debate ya hay diferentes ponencias: la negativa del Centro Democrático y del Cambio Radical, quienes piden el archivo del borrador, es decir, que no se vote el proyecto y se hunda; y la iniciativa gubernamental, que cuenta con 156 artículos, incluyendo el correspondiente a la vigencia. Si gana la ponencia favorable al gobierno, la oposición pide que la votación se haga artículo por artículo, para dar un debate muy concienzudo sobre cada uno de los puntos de la norma, y evitar que con las votaciones en bloque se pierdan detalles importantes en el debate.

“Debería votarse artículo por artículo, esta es una reforma muy sensible, de ella depende la garantía de la prestación del servicio de la salud, del derecho a la salud de los colombianos”, dijo Andrés Eduardo Forero Molina, representante a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático.

Los apoyos no están seguros

Para que la reforma pase ese primer filtro en la Comisión Séptima, es necesario que se logre el apoyo de al menos 11 congresistas de los 21 que conforman esa célula. De momento, el gobierno cuenta con el respaldo de nueve (cuatro del Pacto Histórico, dos de Alianza Verde, dos de curules de paz y uno de Comunes); mientras que seis se han declarado en oposición a la iniciativa (dos del Centro Democrático, dos de Cambio Radical y dos del Partido Conservador).

Los seis restantes están en duda (cuatro del Partido Liberal y dos de La U), su respaldo dependerá, según han dicho, de que las proposiciones que presenten sí sean acogidas. Y estas no son pocas, pues solo estos partidos presentaron 133 proposiciones, que se condensan en 12 puntos.

Los liberales, que prácticamente tienen la sartén por el mango al tener cuatro asientos en la Comisión Séptima, están a la espera de la decisión que tomará en próximos días su líder, el expresidente César Gaviria, quien desde el principio no estaba muy cómodo con la iniciativa, puesto que en parte respalda los postulados del exministro de Salud, Alejandro Gaviria, a quien sus críticas le costaron el puesto como ministro de Educación del gobierno Petro. Y tampoco ha sentido que sus observaciones hayan sido incorporadas al artículo.

Así que, lo que ha trascendido es que el liberalismo presentaría una ponencia propia con sus observaciones a la reforma, para lo cual fue comisionado el representante a la Cámara, Germán Rozo.

Los cambios que piden

El ministro del Interior, Alfonso Prada, quien en las últimas semanas ha sostenido intensas negociaciones con las bancadas, aseguró que está lista la modificación que permitirá que el sistema de salud sea mixto y no 100 % público, como se había planteado inicialmente.

De hecho, la ministra Corcho señaló que: “La propuesta inicial era emular un administrador público, pero, como hubo resistencia, se cambió y ahora estamos pensando en fusionarlas para que haya dos formas de prestación de servicios, una gestión privada, que haga una articulación operativa, y una pública, que hay que construir, y que la debemos tener en el país”.

Y es que la participación de los privados es el gran tema sobre la mesa. Varias proposiciones van en el sentido de que se le dé una mayor claridad al funcionamiento de las gestoras de salud, hoy conocidas como EPS (Entidades Promotoras de Salud). El problema no está en el manejo directo de los recursos, sino en quién es el que debe asumir el riesgo individual en salud, que es en lo que, en consideración de los congresistas, son expertas las EPS. No obstante, la posición de Prada es que esta responsabilidad debe ser compartida entre el Gobierno y los privados, pero ¿cómo? Es la pregunta que surge entre los corporados.

En lo que sí hay un amplio consenso es que el pago por los servicios no necesariamente tenga que estar en cabeza de las gestoras y la reiteración sobre los límites claros a la integración vertical, que ha venido favoreciendo a los prestadores de la misma EPS sobre los prestadores públicos o de terceros. Mejor dicho, parece estar claro que las EPS no podrían ser gestoras y prestadoras al tiempo.

Otro tema que tampoco les suena a las bancadas conservadoras y de La U es la definición de los fondos regionales, porque ven en ello un peligro de burocratización de la salud. En su lógica, la salud no puede depender de los políticos de turno y menos en regiones apartadas y pobres, que se han caracterizado por la corrupción.