MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 286 JULIO DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
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Hasta el pasado 30 de junio se contaban más de 840 días en los que Colombia había estado bajo emergencia sanitaria. Con la llegada del COVID-19 se tomaron 294 actos administrativos, dos emergencias que fueron decretadas por el gobierno, y se presentaron más de 100 proyectos de decreto.
Días antes, el presidente de la República, Iván Duque, ya había revelado en una declaración en la Casa de Nariño que se levantaba la emergencia sanitaria argumentando que no había elementos que justificaran ampliarla por más tiempo. Duque, manifestó que Colombia estaba llegando a una normalidad gracias a la vacunación masiva contra COVID-19; sin embargo, dijo que se activaría por medio de las autoridades de salud una vigilancia especial que irá de la mano de los gobernadores y alcaldes de todas las regiones del país.
El ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que: “hace dos semanas el equipo de expertos venían evaluando la posibilidad de levantar la emergencia sanitaria, al ver que estaba bajando considerablemente la mortalidad por el coronavirus”. Y además señaló: “El Instituto Nacional de Salud realizó diferentes modelos matemáticos de lo que ha sido la progresión y los escenarios que nos vienen a futuro en el COVID-19 y también se analizaron durante la semana pasada con el comité de expertos las diferentes condiciones bajo las cuales se planteó la emergencia sanitaria”.
En su momento, la declaración de la emergencia en marzo de 2020, tras detectarse el primer caso de COVID-19 en el país, tuvo por objetivo reducir la mortalidad en el territorio nacional, sin embargo, con los días, el gobierno vio la necesidad de levantar algunas medidas restrictivas con el fin de mejorar la reactivación económica y social del país.
La emergencia evidenció la alta vulnerabilidad del país ante factores domésticos y externos. Al finalizar 2019 se estimaba que el 2020 sería un año de incertidumbre, de volatilidad en los mercados, y que se tendría una leve recuperación de la economía mundial, regional y nacional; un mayor dinamismo del comercio exterior, persistencia de la guerra comercial, algunas tendencias proteccionistas y tensiones geopolíticas y sociales. En suma, se proyectaba un año complejo, pero hasta cierto punto, similar a los que habíamos vivido en la coyuntura más reciente. Los primeros meses del año efectivamente se ajustaban a esta expectativa. Sin embargo, al finalizar el primer trimestre ya era evidente que el 2020 será recordado como un punto de quiebre en la historia.
Las medidas de confinamiento social y la caída en el precio internacional del petróleo, derivaron en una contracción económica de - 8,1 % al tercer trimestre de 2020. Así, el consumo experimentó una contracción de - 5,5 % y la inversión una caída de – 20 %.
En el plano externo, tanto las importaciones como las exportaciones mostraron una reducción de - 1 8,2 %. No obstante, cabe destacar que la tendencia mensual del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) mostró que la mayor contracción económica para el país se presentó en el mes de abril.
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “el 21,5 % de los hogares en las principales ciudades del país reportaron no haber recibido ingresos en octubre de 2020. Adicionalmente, 71,2 % de los hogares reportaron consumir tres comidas al día, mientras que antes de la pandemia, 87,7 % de los hogares consumía tres comidas al día. En términos de pobreza, se alcanzaba un 35,7 % de los hogares a nivel nacional”.
La pandemia supuso necesidades de financiamiento adicionales, que, aunadas a la caída en los ingresos debido a la contracción de la economía, deterioraron la situación fiscal. Así, las necesidades de financiamiento del Gobierno Nacional Central (GNC) pasaron de 6,8 % del PIB a 13,6 % del PIB en 2020.
La deuda bruta del GNC alcanzó 61,7 % del PIB en el segundo trimestre de 2020 (50,3 % en diciembre de 2019). Debido a la incertidumbre por el impacto del COVID-19 sobre la economía y las finanzas públicas, el gobierno suspendió por dos años (hasta el 2022) la aplicación de la regla fiscal, en acuerdo con el comité consultivo.
El común denominador en las medidas adoptadas por naciones fue la destinación de recursos para la atención de la emergencia, y estos fueron usados especialmente para aumentar el número de pruebas diagnósticas, fortalecer la vigilancia epidemiológica, ampliar las capacidades hospitalarias y adquirir vacunas.
Colombia destina el 7,6% del PIB a salud. Donde en su composición, el gasto público representa la mayoría de los recursos, con el 71,6 % del total, y la participación del sector privado representa el 28,4 % restante. Sin embargo, el gasto de bolsillo es tan solo del 15,1 %, uno de los más bajos de la región. Así mismo, el porcentaje que destinan los hogares a servicios de salud representan el 1,7 % del gasto total, según la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH).
En 2020, según los datos proporcionados por el DANE, “el gasto del subsector gobierno central presentó un aumento de 15,9 %, donde las mayores participaciones fueron: protección social con 29,3 % y una variación de 36,4 %; servicio a la deuda pública con una participación de 12,1 % y una variación de 3,3 %; servicios públicos generales con una participación de 19,5 % y una variación de 5,2 %; y salud con una participación de 10,1 % y una variación de 26,5 %”.
En el subsector gobierno central, la mayor participación en 2020, la registró el grupo de salud con el 84,6 %, seguido de servicios médicos, hospitalarios y farmacéuticos con 12,4 %, con variaciones anuales del 24,7 % y 28,0 %, respectivamente. “En el subsector gobierno local, la mayor participación en 2020, la registró el grupo de salud con 89,9 %, y una variación anual de 9,0 %. En el subsector Fondos de Seguridad Social, la mayor participación en 2020, la registró el grupo servicios médicos, hospitalarios y farmacéuticos con 98,7 %, y un crecimiento anual de 7,1 %”.
Por otro lado, el DANE enfatizó que “el gasto del gobierno ascendió a 371.6 billones de pesos, lo que representó un crecimiento de 6,2 % con respecto al año anterior. Las que más contribuyeron en este crecimiento fueron: los gastos de protección social con 5,8 % y un crecimiento de 20,3 %, seguido por los gastos de salud con 1,9 % y un crecimiento de 10,6 %; educación con 0,3 % y un crecimiento de 2,1 % y finalmente servicios a la deuda 0,3 % con un crecimiento de 3,7 %”.
Los resultados presentados por el DANE indican que las actividades económicas del país siguen por una senda de recuperación, incluso, mejor que antes de la pandemia. Todas las actividades primarias, secundarias y terciarias que mide el Índice de Seguridad Económica, reportaron contribuyendo a la buena senda en la economía del país.
Esta reactivación ha traído impulsos para el crecimiento, la disminución de la tasa de desempleo y los avances en la vacunación ha compensado los efectos negativos interpuestos a la oferta y la demanda de bienes y servicios, la escasez de suministros, el impacto en las cadenas de valor, la volatilidad de los mercados, lo que se había traducido en una menor rentabilidad y mayor riesgo de aversión. Entre otros efectos que aún continúan en sus niveles altos.
Además, las necesidades sociales y económicas que surgen para Colombia, ejemplifican la obligación de generar mayor creación de empleo, aumentar la inversión social y por consiguiente, aumentar el consumo, aunque este pueda determinar una inflación por exceso de demanda tanto por el consumo público como privado, que para el año 2022 convergerá en el rango meta (cota superior) entre el 4.7 % al 5.1 %, lo que presentará el incremento en la tasa de interés.
En conclusión, la recuperación de la economía colombiana mejorará si se aumenta efectivamente el apoyo macroeconómico y disminuyen las persistentes dificultades en las cadenas de suministro. Las perspectivas pueden variar por riesgos, como las nuevas variantes del coronavirus, el desanclaje de las expectativas inflacionarias y déficit financiero. Finalmente, el país requiere una reestructuración de la deuda. Sin embargo, habrá que tener en cuenta el cambio climático, el cual puede aumentar la inestabilidad de los precios de los productos básicos, el aumento de enfermedades respiratorias contagiosas, entre otras variables.
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