MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 278 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
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Tomada de Minsalud
Durante los últimos tres años la Superintendencia Nacional de Salud dentro de sus acciones de inspección, vigilancia y control ha tomado 14 medidas de liquidación, (o de revocatoria total o parcial), que condujeron a que 11 EPS dejaran de funcionar, y alrededor de 6,5 millones de colombianos hayan sido trasladados a otras aseguradoras. Como lo ha señalado en cada oportunidad Fabio Aristizábal Ángel, superintendente nacional de salud, las medidas fueron tomadas luego de procesos que confirmaron la incapacidad de estas EPS para garantizar el derecho a la salud, y respondían a una directriz general emanada del presidente Iván Duque, depurar del sistema todas las EPS que no garantizaran el derecho a la salud.
Con el más reciente caso de intervención forzosa sobre Coomeva EPS, algunos prestadores temen que el destino de esta entidad también sea la liquidación, dejando deudas muy probablemente irrecuperables, sin embargo la decisión final quedará para el próximo gobierno, ya que la medida se extiende por un año (hasta septiembre de 2022), pero más allá de eso, el director ejecutivo de la ACHC, Juan Carlos Giraldo considera que lo que debe analizarse ahora son los factores objetivos del caso Coomeva: “No sé si con la intervención se vaya a mejorar, eso es un pronóstico reservado, a lo que si nos tiene que llevar esta situación es a mirar cuáles son los factores objetivos que muestren si el pronóstico es bueno o malo, y de entrada pienso que son muy importantes los indicadores que tienen que ver con la atención, pero también con el mantenimiento de las carteras, y más ante la disminución del número de afiliados que ha tenido esta compañía al pasar en tres años de cerca de 3 millones a unos 1.3 millones de afiliados actuales”.
Sin embargo, las intervenciones de la Supersalud en el caso de las EPS no tienen los mejores antecedentes.
Un par de casos emblemáticos y de los cuales los prestadores aún sufren las consecuencias son los de Saludcoop y Cafesalud. A 2021 Saludcoop debe, solo a los hospitales públicos del país, cerca de 163 mil millones de pesos, luego de haberse declarado su liquidación en el año 2015, cuando llevaba más de cuatro años intervenida por la Supersalud (11 de mayo de 2011), y Cafesalud, que heredó los cuatro millones de afiliados y que después también sería liquidada, adeuda todavía 495 mil millones de pesos solo a los públicos.
En el caso de estas dos EPS, hay que recordar que fueron liquidadas a pesar de que el gobierno nacional del momento aplicó gran cantidad de estrategias para su salvamento, como la inyección de más de 200 mil millones de pesos bajo la figura de los BOCAS (Bonos Convertibles en Acciones) que no evitaron que Cafesalud entrara en crisis, pero además, de que se expidieron normas específicas para buscar su salvamiento, ya que el decreto 718 de 2017 facilitó la reorganización de Cafesalud en lo actual Medimás, EPS que también ha estado rodeada de problemas. Dicho Decreto se encuentra cuestionado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que instó al gobierno nacional a derogarlo por cuanto con él se abría una posibilidad para el desvío de recursos; el fallo fue apelado por el gobierno y hoy se encuentra en trámite en el consejo de estado. Esta misma norma continúa siendo la base para la reorganización de las EPS.
Para el doctor Luis Alberto Martínez, director ejecutivo de AESA, lo que pasó con Saludcoop y luego con Cafesalud es “una muestra fehaciente de la ineficacia que ha habido en el sistema y la causa de los problemas es estructural y se debe resolver con una reforma igual de estructural”.
En el caso específico de Coomeva existen antecedentes poco alentadores. En Antioquia Coomeva salió hace algunos años de unos 40 municipios buscando equilibrar sus finanzas; en esa ocasión se planteó un plan de pagos que iba a ser monitoreado por la Superintendencia Nacional de Salud, sin embargo, según afirma Martínez, esto no ocurrió: “Coomeva en Antioquia tiene una deuda cercana a los 66 mil millones de pesos, y esto es una situación grave, ya que ante una potencial liquidación, y viendo que en el caso de Antioquia había unos acuerdos de pago vigilados, el panorama es de alto riesgo”. Para el director de AESA es muy probable que la Supersalud con la actual intervención decida liquidar a Coomeva como fin de un proceso que se ha dado paso a paso.
Lo que tal vez resulta más preocupante para los prestadores es que en el caso de Coomeva, desde antes de declarar la toma de posesión, ya se venían proponiendo por parte del agente interventor y con conocimiento de la Supersalud, unos acuerdos de pago que Martínez considera “irresponsables” en la medida que buscan que se condicione el pago a la aprobación por parte de los hospitales de un plan de capitalización, aprobado por la superintendencia, y que difiere la mayor parte de la deuda a un tiempo indeterminado. “Son propuestas casi indignas y que lo más probable es que se termine engrosando la lista ya muy grande de pérdidas que tienen los prestadores públicos y privados en el país, y que se van asumiendo con las acreencias que dejan las EPS, afectando aún más la prestación de servicios de salud”.
Y es que el lastre es de una magnitud enorme, a las dudas vigentes de Saludcoop y Cafesalud, se suman las de EPS ya liquidadas y que estuvieron bajo el manejo de la Supersalud: Emdisalud con 260 mil millones y Comparta 227 mil millones, toda deuda solo con hospitales públicos.
En cuanto al desempeño de la Superintendencia Nacional de Salud como administrador de EPS intervenidas, el doctor Juan Carlos Giraldo de la ACHC parte de reconocer una frase del presidente Iván Duque, y es que hay una serie de problemas que envejecieron mal, pero el asunto ahora no es rasgarse las vestiduras ante las críticas con afirmaciones como que al sector no le sirve nada porque si hacen mal y si no peor. “Lo que hay que analizar es la oportunidad de las intervenciones. Si intervienen cuando ya se está en un punto de no retorno, lo único que se hace es un manejo paliativo. Muchos de estos problemas mostraron signos que se tuvieron que detectar a tiempo pero se dejaron crecer y cuando se interviene estamos ante un punto de no retorno”.
Para Giraldo incluso la mayoría de las veces las maniobras que pueden hacer los interventores son inútiles ante las inercias que ya tienen los problemas, y por eso casi siempre estas medidas han desembocado en liquidación. “Se necesita un esquema de salvamento, una serie de fondos de garantía o unos mecanismos que ayuden a que los interventores tengan recursos frescos, paguen pasivos, saneen las compañías, y ahí sí, establezcan un plan de manejo a largo plazo para que la empresa pague todo lo que se invirtió en su salvamento. No se puede repartir la misma pobreza sobre déficit ya causados y endosar las deudas y cambiar los pasivos, y eso es lo que ha sucedido”.
Y agrega: “la moraleja es que apenas se detecten los primeros signos de deterioro en una EPS se tiene que intervenir para contener los daños y adoptar las mejores soluciones. Lo más grave es que existen dos víctimas, los pacientes que afortunadamente pueden hacer trasladados, y las IPS que atendieron a esas poblaciones y después de las liquidaciones solo queda cualquier fracción para pagar y nunca hay suficiente”. Y concluye: “el concepto de riesgo sistémico plantea que si sale X compañía se genera un riesgo para todo el sistema, pero las cosas se deben medir al derecho, y es la forma en que está funcionando el sistema lo que genera el riesgo, no al revés y solo es mirar los indicadores de la Supersalud”.
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