MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 272 MAYO DEL AÑO 2021 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
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Con la decisión del Partido de la U de no votar el proyecto de ley 010 de 2020 argumentando que no soluciona estructuralmente las necesidades en salud de los colombianos, y que tampoco desarrolla la Ley 1751 de 2015 (Ley Estatutaria), es probable que al proyecto le queden las horas contadas y que la próxima votación se defina su archivo. Lo particular es que desde su radicación en 2020 las críticas estuvieron presentes, y ahora frente a una nueva propuesta resultado de “la conciliación” en el congreso, el PL010 continúa sin convencer.
El doctor Julio Cesar Rincón, director ejecutivo de Cosesam, asegura que: “este proyecto no reconoce la salud como un bien público sino que se preocupa por quien maneja el dinero” y es que para el dirigente, una enseñanza de la pandemia es que los servicios de salud no están donde la gente los necesita sino donde sirven a otros objetivos y por eso gran cantidad de población no tiene acceso, y coloca como ejemplo a las UCI que no existían en grandes territorios con lo que la población no tiene acceso a este tipo de atenciones (no solo durante la pandemia, desde antes) y donde ni siquiera hay una configuración de redes que permitieran atender la gente.
Otra enseñanza no aprendida, según Rincón, es que el recurso humano está mal pagado, tiene relaciones laborales totalmente absurdas e inequitativas y en medio de la pandemia, cuando el gobierno habla de billones de pesos, se continúan viendo hospitales que adeudan salarios. “Estos problemas son fundamentales y la pandemia los dejó a la vista y el proyecto de ley no los aborda. Este proyecto busca otros objetivos y sigue abordando tecnicismos y no la salud pública, y en cambio tiende a volver dinero público, que es todo el del sistema de salud, en privado, y acá hay algo muy curioso, cuando desde el sector público se utiliza un peso de la salud, se investiga a quién contrató, por cuánto, cómo contrató, y eso se debe a que son dineros públicos, pero frente a los privados, aunque también manejan recursos públicos, nunca se ve que se haga seguimiento a los contratos de las EPS y eso lo debería hacer la Supersalud; y con la propuesta de los conglomerados se fortalece la falta de control”.
Para el doctor Rincón, esta reforma no soluciona nada y por el contrario flexibiliza el negocio: “lo grave es que si se aprueba, nos van a meter otros diez años antes de que pueda haber otra reforma que pueda contener medidas de fondo. Lo que deberíamos pensar es a quién beneficia esta reforma, porque una reforma debe enfocarse en la gente y en ese sentido se debería centrar en salud pública, y en que la red de hospitales llegue a todos los colombianos, pero eso no se plantea acá y pone a pensar: ¿a quién beneficia la reforma?”.
En líneas generales son varios los aspectos que aborda la reforma. En cuanto a la regionalización del sistema de salud, la novedad es darle importancia a las características epidemiológicas y demográficas de la población más allá de los límites territoriales. Esto se lograría creando regiones de salud que tengan condiciones similares para adelantar allí programas comunes de promoción, prestación de servicios, aseguramiento y redes en cada territorio.
En relación con las responsabilidades en la gestión del riesgo en salud, el PL010 plantea que la nación y los entes territoriales asuman “las intervenciones colectivas”, mientras las EAPB o EPS se encarguen de los riesgos individuales; las ARL de los laborales y las IPS, asuman la promoción, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y paliación de las enfermedades, mediando una contratación con las EAPB. La única novedad podría ser la obligatoriedad de todas las entidades de reportar resultados a la Superintendencia Nacional de Salud.
Como novedosas el proyecto propone un modelo de atención bajo la estrategia de atención primaria en salud con enfoque familiar y comunitario, prestado a través de redes integradas e integrales (aspecto ya contenido en la Ley 1438 pero nunca reglamentado). También se plantea que el Minsalud podría impulsar el desarrollo de tecnologías sanitarias como la producción de vacunas, medicamentos e insumos, para lo que se destinaría el 5 % de los recursos del Fondo de Investigación en Salud (FIS). Para el ministro de salud, Fernando Ruiz, el proyecto recogió las sugerencias presentadas en audiencias públicas de consulta y según él se incluyeron los aprendizajes de la pandemia para alcanzar en Colombia “una salubridad completa”.
Los ponentes que continúan activos en el trabajo de impulsar el proyecto, han planteado convocar a nuevos foros para dar a conocer el texto conciliado con todas las agremiaciones, y escuchar a los diferentes sectores.
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