Seis meses extras para Medimas, ¿plazo final o nueva prórroga?

Cuando se pensaba que Medimás se encontraba en sus horas finales luego de que la triada de Procurador, Contralor y Defensor del Pueblo pidieran su liquidación, la Superintendencia Nacional de Salud, entidad a la que le corresponde tomar la medida, decidió sancionar a la EPS quitándole la operación en varios departamentos, pero otorgándole seis meses como plazo para mejorar su operación en el resto del país, aunque aún bajo la medida de vigilancia especial. De esta manera la novela más extensa en la historia del Sistema General de Seguridad Social en Salud, comienza una nueva temporada.

El día 3 de marzo la Supersalud ordenó el inicio del proceso de revocatoria parcial de funcionamiento de la EPS Medimás en ocho departamentos, a la vez que abrió una investigación administrativa sancionatoria contra la junta directiva y su representante legal. Los departamentos incluidos en la medida fueron Bolívar (39.512 afiliados), La Guajira (14.425), Atlántico (64.515), Magdalena (46.990), Guainía (1.892), Cundinamarca (123.595), Cauca (32.690), y Arauca (15.212) para un total de 338.671 personas cobijadas con la medida.

La decisión se tomó según la Supersalud luego de analizar el desempeño de la EPS a nivel territorial a través de visitas a los departamentos donde Medimás presenta la más baja calificación en el indicador de peticiones, quejas y reclamos, así como incumplimiento en el pago a la red de prestadores. Como es costumbre, la Super señaló que el aseguramiento de los usuarios deberá ser garantizado de manera continua por parte de Medimás, hasta tanto se surta el debido proceso.

Frente a la solicitud de liquidación presentada por la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, la Supersalud creó una instancia de seguimiento -de carácter transitorio- y donde participarán también los ministerios de salud y de hacienda, con el fin de verificar el avance y cumplimiento de las órdenes impartidas a la EPS en busca de su mejoramiento. Entre dichas órdenes se encuentran: cumplir con las condiciones financieras que le habían sido aprobadas y deberán estar certificadas por el contralor con funciones de revisión fiscal; adoptar las acciones necesarias para recuperar los anticipos entregados; optimizar el proceso de radicación de cuentas y facturación; certificar que todas las facturas cumplen con el proceso de auditoría de cuentas médicas con sus respectivos soportes y certificar mensualmente el cumplimiento del manual de contratación aprobado por la EPS, en particular los suscritos con los prestadores de su red. El cumplimiento de las órdenes deberá darse en los próximos seis meses durante los cuales se mantendrá la vigilancia especial.

De manera paralela la Superintendencia Nacional de Salud ordenó una investigación administrativa sancionatoria contra la junta directiva de Medimás y su representante legal, motivada por un presunto incumplimiento de las órdenes emitidas por la Supersalud con respecto a las condiciones financieras necesarias para que la EPS garantice el aseguramiento en salud de sus afiliados y cumpla con sus obligaciones. De comprobarse la responsabilidad, los investigados podrían verse incursos en sanciones a título personal que van desde los 50 hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLV), e incluso la remoción e inhabilidad del representante legal hasta por 15 años para el ejercicio de cargos que incluyan la administración de recursos públicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Mientras tanto se mantendrá la “limitación de la capacidad para realizar nuevas afiliaciones y para aceptar traslados” de usuarios a esa entidad.

Respuesta de Medimás

Luego de conocerse la petición conjunta de liquidación de los entes de control, la EPS Medimás anunció que tomaría acciones judiciales en contra de la Procuraduría ya que las actuaciones del procurador serían “claras extralimitaciones a sus funciones de prevención” y que las capacidades disciplinarias se estaría usando para “coaccionar o amenazar a funcionarios de otras entidades para que obedezcan sus órdenes”. En comunicado de prensa la EPS agregó: “Dichas actuaciones ya han sido reprochadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado pues son un atentado a la separación de poderes y al Estado Social de Derecho”. La Contraloría tampoco se escapó de las recusaciones de Medimás y la acusó de “entrometerse” en la autonomía del gobierno y de la Superintendencia Nacional de Salud. Para redondear denunció un posible conflicto de intereses del defensor del pueblo, Carlos Negret quien, según Medimás, una eventual intervención y liquidación de la EPS beneficiarían dos familiares del defensor que son contraparte de la EPS.

Finalmente Medimás responsabilizó a los entes de control por “generar pánico” y señaló que varios prestadores habrían cerrado sus servicios por temor a una eventual liquidación”.

Una triple petición

Este nuevo capítulo de la “odisea” vivida por Medimás comenzó cuando el procurador General, Fernando Carrillo Flórez, el contralor General, Carlos Felipe Córdoba, y el Defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera, solicitaron a través de un documento conjunto intervención de manera inmediata con fines de liquidación a la EPS Medimás. En esta oportunidad y a una voz los entes de control alertaron sobre la “vulneración” de los derechos fundamentales de los afiliados a dicha EPS, y presentaron una serie de posibles irregularidades en la administración de los recursos públicos de la salud, que si bien ya han sido denunciadas casi desde la creación de la aseguradora, continuarían sin resolverse.

Dentro de las irregularidades señaladas por los entes de control están: “Todos los indicadores financieros de la EPS se encuentran en rojo, porque incumple con las exigencias de capital mínimo, patrimonio adecuado, razón corriente, liquidez, monto y régimen de inversión de las reservas técnicas. A la fecha, ha superado el límite legal de gastos administrativos, y se encuentra incursa en causal de liquidación por cuanto su patrimonio neto es inferior al cincuenta por ciento del capital suscrito”. Además y de manera grave se estarían desviando $635 mil millones que obedecen a recursos públicos del sistema general de seguridad social en salud.

Otras anomalías muestran que los indicadores de riesgo reportan un tiempo de espera de 44.12 días para el inicio de tratamientos en el caso de pacientes con cáncer de seno, y menores con sífilis congénita y gestacional, que la EPS ocupa el primer lugar en PQRD, lo que demostraría que la entidad no estaría garantizando la atención a sus afiliados.

Conozca acá la comunicación completa sobre el estado de Medimás enviada por el procurador, el contralor y el defensor del ´pueblo.

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