Es difícil pensar que en Colombia exista quien no desee que el sistema de salud salga de las constantes crisis en que ha vivido desde hace años. Son muchas las causas de los problemas que podrían solucionarse con ajustes puntuales o tocando y cambiando la estructura del modelo; el asunto es que para cada situación se han ensayado opciones, reformado leyes, expedido decretos y resoluciones, creado y desaparecido instituciones, adelantado investigaciones, sancionado personas y entidades, pero a pesar de todo ello, la percepción general de tener un sistema con falencias subsiste, y pasamos de una crisis a otra sin que se vea la posibilidad de entrar a un periodo de tranquilidad donde todos los que participan en la salud del país simplemente se dediquen a cumplir con su papel sin contratiempos.

La estrategia de establecer techos para terminar con el problema de los recobros, que ha desangrado las finanzas del sistema durante años, refleja la conciencia y el deseo del gobierno por ajustar uno de esos temas que impiden que el Sistema General de Seguridad Social en Salud marche de la forma deseada por todos, y ese es un primer paso importante, pero dada la gravedad de la situación es necesario analizar el asunto con cautela.

Lo primero es recordar que la Ley Estatutaria incluye una definición demasiado clara sobre lo que debe ser el plan de beneficios que cubren el derecho a la salud de los colombianos, y lo hace al establecer las exclusiones específicas ampliamente conocidas. En ese orden de ideas cabe entonces preguntarse la causa de que aun existan prestaciones no incluidas y no cubiertas por la UPC. La creación de unos presupuestos máximos entregados a cada EPS para cubrir esas acciones parece una especie de UPC PLUS, o si fuera una tarjeta de crédito algo así como un plástico Gold. Y la comparación no es traída de los cabellos en la medida que los dineros entrarán a las cuentas de las aseguradoras mensualmente dándoles una liquidez importante en la misma proporción en que más atenciones no incluidas en el PBS y la UPC tengan. Y eso ya nos debe poner a pensar.

Otro elemento de la estrategia de techos que genera mucha inquietud es la desproporción entre los recursos que se asignarán para el régimen contributivo, 3.3 billones de pesos, y los escasos 590 mil millones para el subsidiado. Y la razón es simple, si según las cifras del sistema de salud ambos regímenes cuentan con una cantidad de afiliados similar, cual es la explicación epidemiológica o demográfica que justifique que un grupo poblacional demande más servicios de un tipo y el otro no.

De buena fe hay que creer que la herramienta para recoger la información para establecer los presupuestos máximos fue bien diseñada y aplicada, y ante una diferencia tan notoria en el tipo de atenciones que históricamente se presentan entre los afiliados a un régimen y el otro, el ministerio debe preguntarse las causas de la disparidad y entrar a corregir el problema de fondo. Y es que acá nos enfrentamos a varias realidades todas graves.

Una es que en el contributivo se ordenan más acciones no incluidas en el PBS debido a una cierta certeza sobre la existencia de un pagador y unos recursos, y en este caso se estaría “ordeñando” de manera descarada al sistema de salud, y el mea culpa debe ser de todos los integrantes del sector.

La otra explicación es igual o más preocupante, y es que en la medida que la población del subsidiado es en teoría la de más bajos recursos y alejada muchas veces de los centros urbanos, se convierte de facto en un grupo que consulta menos por barreras de acceso, se le diagnostica con lo básico y se le receta lo indispensable, con lo que se crea una brecha de inequidad en el acceso al goce del derecho a la salud. En otras palabras tenemos pacientes informados y relativamente bien atendidos que serían de primera categoría, y otros que por sus condiciones socioeconómicas y de dispersión geográfica, son apenas atendidos, y eso en una sociedad que se precia de moderna es inaceptable.

Otras razones pueden explicar la diferencia de valores para los precios máximos según el régimen y que deberían haberse considerado para corregirse. La facturación del subsidiado en regiones como Antioquia no se recibió durante los años recientes debido a posturas asumidas por los mandatarios regionales, pero en otros departamentos, no se entregaron por la incapacidad de los entes territoriales de pagarlas. Esta realidad por todos conocida puede desfigurar el análisis para establecer una cifras topes, y en este caso dentro de pocos meses estaremos abocados a EPS en crisis por falta de recursos, a negación de servicios por falta de presupuesto, y a reformular los montos de los presupuestos, y esta también es una situación poco deseable.