Reto para los próximos cuatro años: un sistema centrado en lo que debe ser

En la medida en que se acerca la fecha para la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2018 algunas cosas van quedando en claro. Cada vez el número de candidatos es menor, con lo cual la variedad en las propuestas disminuye. La otra gran característica de la actual campaña, y que era de esperarse por el ambiente político que vive el país desde hace años, es la extrema polarización de campañas y seguidores. Este hecho conlleva un elemento preocupante. Si bien lo que está en juego es el desarrollo en el futuro cercano (cuatro años) de las políticas sociales, económicas, industriales, fiscales y demás, que conforman el funcionamiento del estado, el nivel de la actual división ideológica no puede llevarnos a una confrontación entre compatriotas, situación que se viene evidenciando en calles, plazas públicas, recintos, redes sociales, e incluso cenas familiares. Los colombianos, independiente de nuestras posturas individuales, debemos mostrar la madurez suficiente para debatir, escuchar al otro, aceptar la diferencia, y respetar al contradictor en su derecho a expresarse. De no superar la actitud de ver al otro como enemigo, estaremos ad portas de la génesis de nuevos conflictos que nos continuarán sumiendo en la violencia y el subdesarrollo.

En medio de la baraúnda en que se ha convertido el proceso electoral 2018, la salud ha sido de nuevo damnificada, pero para no llorar sobre la leche derramada y rescatar algún nivel de esperanza en el futuro mediato, encontrar puntos de confluencia en las propuestas puede permitir avizorar había donde podría marchar el sector siempre y cuando las cosas no se queden en promesas al viento.

La primera gran coincidencia en todas las propuestas se encuentra en la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema y solucionar la cartera de las EPS con los prestadores. Cada candidato plantea estrategias diferentes, o por lo menos aquellos que van más allá de esbozar el problema, pero lo significativo es que todos señalan este aspecto dentro de sus programas de salud, lo cual ratifica que la crisis financiera del sector si existe, no como se empeñara el actual gobierno durante mucho tiempo en negarla, pero además, que requiere una solución urgente.

Las posibles salidas planteadas van desde la inyección de nuevos recursos, controlar la corrupción, ordenar a la Supersalud que sancione a las EPS morosas, volver a los ciudadanos veedores de la buena utilización de los dineros, colocar intereses de mora a la cartera, y hasta ser más eficientes en el gasto. Todas estas son alternativas loables pero que, haciendo de abogado del diablo, son evidentemente insuficientes. El sistema de salud colombiano ya recibe como recursos más de 44 billones de pesos al año, cifra más que significativa y cuya suficiencia depende evidentemente de la eficiencia en su utilización y de una estricta vigilancia de los entes competentes. En otras palabras, este tipo de propuestas no traen nada novedoso por cuanto deberían estarse aplicando desde hace años, lo único sería que apareciera por fin la voluntad política que ha faltado y la mano dura que haga cumplir las normas ya existentes.

Que la corrupción debe ser controlada en el SGSSS es una verdad de Perogrullo, pero es que en realidad debe ser controlada en todas las esferas del estado, y debe ser un mandato máximum de cualquier presidente y funcionario en todos los niveles de la administración pública. Y acá no se debe observar el fenómeno desde la óptica de descubrir las coimas, peculados, sobornos y carteles montados sobre X o Y patología. Combatir la corrupción debe empezar por hacer del nuestro un sistema más transparente, menos complejo y más accesible a los usuarios, porque además de corrupto, es anti ético establecer barreras de acceso a las personas para permitir que los recursos de la UPC renten en bancos mientras la cita con el especialista se dilata hasta el infinitum.

Entonces, garantizar la sostenibilidad es posible y debe ser tarea del nuevo gobierno, el cómo lograrla dependerá de una sumatoria de acciones y más voluntad política, y es acá donde podría entrar en juego la segunda gran coincidencia en las propuestas presidenciales. Todos dicen que trabajarán en la prevención de la enfermedad.

Esta segunda coincidencia sí parece tocar la esencia del problema. Nuestro sistema está diseñado bajo un esquema eminentemente curativo, es morbicentrico e incluso los recursos se mueven al ritmo que circula la facturación. Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 las acciones de salud pública, los programas de atención primaria, los médicos de familia, los equipos promotores de salud, entre otros, comenzaron a extinguirse de manera paulatina y sostenida. La salud pública quedó limitada a las jornadas de vacunación y algunas acciones solitarias que dependen la mayoría de las veces de la buena voluntad y el conocimiento de autoridades sanitarias locales. Los equipos básicos que tanto desarrollo alcanzaron en regiones como Antioquia desaparecieron ante la ausencia de incentivos económicos para su existencia y de la fragmentación de la población en diferentes aseguradoras. En líneas generales, la prevención pasó a ser un concepto casi que solo académico repetido por los salubristas y algunos analistas que insistían en él como el componente faltante en el sistema.

Y la verdad es que en Colombia si falta trabajar en salud desde la perspectiva de la prevención, pero aclarando que esta no se limita a imponer impuestos al tabaco o a las bebidas azucaradas, sino que se debe extender a la creación de un modelo preventivo, donde se recuperen esos equipos básicos cercanos a las personas y las comunidades, que la atención se preste en los territorios donde quienes los necesitan residen o trabajan, que la oportunidad en la detección temprana de enfermedades sea una acción impulsada desde el sistema, en otras palabras, enmarcada dentro de la estrategia de atención primaria integral.

Si el sistema de salud colombiano lograra dar un giro hacia la prevención, entendida esta como una APS bien aplicada, otros problemas comenzarían a disminuir como la carga de la enfermedad, la saturación de los servicios de urgencias e incluso, la sostenibilidad del sistema, pero lo más importante, la salud general de los colombianos que pasaría a tratarse desde el concepto de bienestar más que el de tratamiento de la enfermedad.