MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 16    No. 223 ABRIL DEL AÑO 2017    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Resolución 330 un desafío
para todos los gremios

 
Inicia el debate para sacar
servicios del Plan de Beneficios

Redacción EL PULSO - elpulso@sanvicentefundacion.com
Mientras que el Ministerio de Salud anunció la nominación de 10 servicios y tecnologías que no deben ser pagadas con dineros públicos; médicos, especialistas y pacientes se alistan para discutir la propuesta.
Menos de 15 días pasaron entre la socialización y expedición del decreto 330 de 2017, con el que se define el mecanismo a usar para excluir servicios, tecnologías, procedimientos y medicamentos del sistema de salud; y el anuncio de que el Ministerio de Salud ya había hecho sus 10 nominaciones.
Según un comunicado, el Ministerio postuló a 7 medicamentos, 2 servicios y un procedimiento quirúrgico por considerar que no se ajustan “(...) a cuatro de los criterios de exclusión establecidos en la Ley Estatutaria de Salud: carecer de eficacia y seguridad, carecer de efectividad, no haber sido aprobados por el Invima, o no estar disponibles en el país”.
Aunque parezca una cifra elevada para el primer mes de aplicación del mecanismo, es apenas el comienzo de una lista de 323 medicamentos, servicios y procedimientos que serán nominados por el Gobierno en los próximos días, según indicó Olinda Gutiérrez, subdirectora de beneficios en aseguramiento del Ministerio de Salud.
La lista presentada por el Ministerio hace parte de la primera de cuatro fases que se deben cumplir para que una prestación sea excluida del Plan de Beneficios del sistema de salud.

Polémica por lo que se vendría
La lista presentada por el Gobierno está encabezada por la teofilina, un medicamento recetado para el tratamiento de la enfermedad obstructiva crónica (Epoc); la anakinra para tratar la artritis reumatoide; el diazepam y la fenitoina para la eclampsia en el embarazo; el dexrazoxano como cardioprotector para pacientes pediátricos tratados con doxorrubicina y epirrubicina; el irinotecán para uso pediátrico en cáncer de colon, ovario, bronquios o pulmón y la octreotida, en neonatos y lactantes.
Del mismo modo, el Ministerio pretende que se excluya la reconstrucción mamaria con prótesis antes de radioterapia postmastectomía. Según lo explicado por la cartera de Salud, “(...) la reconstrucción mamaria con prótesis es una intervención adecuada cuando se tiene la seguridad de que posteriormente no será necesario someter a la paciente a una radioterapia”.
Añade que, en el caso de que se considere que en un futuro sería necesaria radioterapia, “Se recomienda la reconstrucción mamaria con tejido autólogo” porque “la prótesis, en este caso particular, no tiene evidencia de efectividad y seguridad, según el análisis preliminar del Ministerio”.
Según Olinda Gutiérrez, la evidencia acopiada por el Ministerio indica que la “que la reconstrucción con prótesis trae mayores complicaciones”. Por esto, el médico tratante debe considerar las posibles complicaciones que podrían derivar de esta intervención.
Pero ello no libró de la polémica a Gutiérrez. Consultado sobre la determinación del Gobierno, el cirujano mastólogo de la Clínica del Country, expresidente de la Federación Latinoamericana de Mastología y presidente honorario de la Asociación Amese, José Joaquín Caicedo Mallarino, manifestó sentirse sorprendido por ese concepto. “Jamás he oído un concepto como ese” dijo, y añadió que a lo largo de los últimos años los mastólogos han luchado porque los sistemas de salud del continente incluyan las prótesis mamarias como parte del tratamiento del cáncer de seno.
Contrario al concepto emitido del Ministerio, indicó que la reconstrucciónn con prótesis es un procedimiento seguro y sencillo, que además le aporta a la recuperación de las pacientes.
Otro de los frentes de batalla son los servicios para el tratamiento del autismo. Uno de los más comunes es conocido como sombras terapéuticas en el que “La persona (maestro o niñero, por ejemplo) que acompaña de manera permanente a un niño con trastorno autista, lo vincule con el mundo exterior”.
Además de que este tratamiento logra darla autonomía al menor, según datos del Fosyga, desde el 2008 se venía registrando un incremento de tutelas en las que se les ordena a las EPS la prestación de este servicio, pasando de recobros por 200 millones en 2006 a 35.000 millones en el 2012.
José William Cornejo Ochoa, neurólogo, neuropediatra y docente de la Universidad de Antioquia, avala la posición del Gobierno. A su juicio, la literatura disponible no demuestra una evidencia clara que demuestre la efectividad de esta práctica y una mejoría en el diagnóstico autista.
Lo mismo afirma de aquellas terapias que no hacen parte del enfoque terapéutico ABA (Applied Behavior Analysis, por sus siglas en inglés) para el tratamiento del autismo. Ellas no incluyen a “las intervenciones con agentes quelantes, la terapia con cámaras hiperbáricas, las terapias libres de gluten, la terapia celular, las inyecciones de secretina, los suplementos vitamínicos, la estimulación magnética transcraneal, la terapia de integración sensorial, el trabajo con animales (perros, delfines, caballos, etc.), la musicoterapia y la aromaterapia”.
Aunque combinan elementos teóricos de las ABA, “(...) no tienen evidencia de que mejoren las habilidades de lenguaje, sociales, el aprendizaje y el autocuidado de personas con espectro autista”.
Al respecto, David Jiménez, vicepresidente de la Corporación Corazones Azules, especializada en el acompañamiento y defensa de los derechos de las familias con menores de edad con Transtornos del Espectro Autista (un grupo de alteraciones o déficits del desarrollo, de carácter crónico), sostuvo que espera que este debate no dificulte aún más el acceso a la salud.
Jiménez, quien ha encabezado plantones ante distintas EPS de Medellín por la constante negación de los servicios por parte de las aseguradoras, dice que se hará parte del estudio de esta nominación y posible exclusión, para evitar que se les vulnere el derecho a la salud porque, insistió, “el Estado y las EPS están obligadas a prestar los servicios de rehabilitación”.
Se vienen más
Datos del aplicativo del Ministerio para la participación ciudadana en el análisis de los servicios a excluir indican que, hasta la fecha, se han validado 486 personas naturales, 617 asociaciones, agremiaciones o federaciones de usarios y 269 profesionales de la salud.
Entre ellos se contará con Fundación para pacientes con enfermedades raras, la Fundación Corazón de Cristal, quienes, según Lyda Londoño -una de sus integrantes-, ya se preparan para dar el debate sobre los servicios enfocados en pacientes con enfermedades raras y huérfanas.
Por esto se prevé que la discusión sobre los servicios que se pagarán con recursos públicos esté candente. Al fin de cuentas, el acceso a la salud de cientos de colombianos dependerá de lo que se decida frente a cualquier servicio o medicamento.

 
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