El análisis juicioso de los fenómenos sociales puede arrojar resultados y posiciones divergentes según la óptica del analista, la cual a veces, puede estar mediada por intereses particulares que sesgan los resultados o en algunos casos, las acciones de los tomadores de decisiones.
En Colombia, hemos adquirido la costumbre de hablar de la crisis de la salud como un fenómeno que básicamente se estudia, y le interesa, al mismo sector con sus diferentes actores, y que incluso a nivel gubernamental escasas veces supera la esfera de acción de la cartera ministerial del ramo. Los medios registran paseos de la muerte, estadísticas de vacunación o de incidencia de epidemias estacionales, los foros se centran en estudios de sostenibilidad y otras menudas financieras, la calidad se habilita con estándares técnicos sobre equipamientos y condiciones locativas, las rendiciones de cuentas giran en torno a cifras, y en líneas generales digamos que eso está bien para la conducción administrativa de un sistema de salud, pero… ¿y la gente qué?
El elemento más grave de la actual crisis que viven los prestadores de servicios de salud radica en que esta es solo la punta del iceberg de una enorme “CRISIS SOCIAL” que el país no ha reconocido y frente a la que nuestros mandatarios no se mostrarán interesados en resolver porque equivaldría a reconocer el fracaso de un modelo y hasta de una concepción de sociedad, por lo menos en su estructuración económica.
El concepto de crisis se define como la intensificación de los síntomas de una enfermedad, proceso que puede darse en periodos cortos de tiempo, o como sumatoria de largos lapsos de padecimiento. En ambos casos el problema es traumático, doloroso, y de no solucionarse, mortal.
Que el sistema de salud colombiano se encuentra en crisis es una realidad con demasiados síntomas como para continuar negándolo. La liquidación de las dos EPS con mayor cantidad de afiliados, y que se suman a un largo listado de administradoras de planes de beneficio que pasaron a la historia, habla muy mal de la sostenibilidad y del manejo dado a esa figura organizativa del modelo. Que las IPS públicas, privadas, mixtas, todas en conjunto, tengan problemas financieros por una falta absoluta y sistemática del pago por los servicios prestados, tampoco habla bien de un sistema donde la relación entre actores debería ser transparente y colaborativa, que los proveedores estén al borde de quiebras (al igual que los hospitales) por años de apalancar el funcionamiento del modelo escapa incluso de las lógicas del capitalismo, que sea común ver profesionales de la salud sin sueldos y marchando exigiendo el pago digno y oportuno por su labor, es triste y vergonzoso para un país que se dice respetar los derechos de los trabajadores, pero además, ver miles y millones de colombianos que hacen filas de horas tras una autorización, un medicamento, mendigando una cita con un especialista, poniendo tutelas para hacer respetar su derecho a la salud y la vida, madres que pierden días y meses suplicando por atención para sus hijos, ancianos que pasan la noche frente a un servicio médico a la espera de un paliativo o una palabra de esperanza para calmar su dolor, son cosas, que no solo ponen en duda la eficacia del sistema, sino que desdicen de toda una sociedad y de los gobernantes que se limitan a expedir decretos que regulan aspectos administrativos, cual paños de agua tibia, sin sensibilizarse ante el dolor. Eso lo que produce es dolor de patria y vergüenza.
Es evidente que el momento preciso para declarar una crisis social no depende de factores políticos de los mandatarios, (a menos que sea por una catástrofe natural), es difícil para quien ostenta el poder admitir que su población se encuentra en estado de crisis puesto que equivaldría casi a reconocer el fracaso de la gestión gubernamental, pero en el caso de la salud en Colombia la situación debería ser diferente ya que el actual estado de cosas es el resultado de más de dos décadas de equívocos, y tomar las decisiones que giren el panorama 180 grados no debe verse o asumirse como una derrota, y más bien entenderse como un acto de honestidad e inteligencia.
El problema de fondo es otro, nuestro sistema de salud tiene en su ADN, por lo menos desde 1993, al mercado como gen dominante y si bien puede discutirse si esta condición no subyace a toda actividad humana en la actualidad, el grave error fue centrar en la rentabilidad el estímulo dominante, dejando el funcionamiento del sistema de salud a los arbitrios del simple comercio sin considerar que al tratarse personas, el enfoque debía de estar en la responsabilidad social, y eso es lo que los gobiernos presentes y futuros no se atreven a tocar.
De esa condición gélida del mercado, surge la indiferencia que autoridades y actores financieros del sistema mantienen frente al relamo de pacientes, en este caso doblemente pacientes, que gastan las pocas energías que deja la enfermedad ante un sistema que genera una bola de nieve que se extiende a familiares que se ven obligados a dejar sus trabajos para convertirse en “cuidadores ad honorem”.
La crisis de la salud es una crisis social porque la padecen los ciudadanos de a pie que van quedándose sin fuerzas ni esperanzas, es social porque un pueblo enfermo no puede soñar con mejores futuros, es social porque la paz sin garantizar el derecho a la salud es solo demagogia, es social porque las nuevas generaciones nacen enfermas, malnutridas y sin cultura sanitaria, afectando así cualquier desarrollo mental y educativo, es de toda la sociedad porque pueblos enfermos no pueden ser productivos colectivamente, se aumenta el ausentismo laboral y se deteriora la calidad de cualquier trabajo, es social porque muestra una sociedad que perdió el rumbo colectivo para abrazar el individualismo rampante, y es social porque quienes la padecen no son frías estadísticas, son colombianos abandonados al azar. Y ver este panorama produce lágrimas, aunque no a quienes indolentes deciden el rumbo del sistema.
Necesitamos quijotes que monten sus armaduras para emprender un nuevo batallar, que emprendan su lid.