La dramática cartera hospitalaria sigue ahí, pendiendo como espada de Damocles, sobre el futuro inmediato de los hospitales y clínicas del país. Desde los orígenes del sistema de salud creado por la Ley 100/93 se arraigó una “cultura del no pago” de las EPS a los prestadores; esa cultura se desarrolló de tal forma, que hoy la cartera alcanza cifras astronómicas, entre $7 y $12 billones mal contados, cifras de dudoso recaudo.
Todo el mundo se pronuncia ante esa mala manía del no pago institucionalizado por las EPS. Y mientras, las clínicas y hospitales siempre han estado ahí, son los que ponen la cara al paciente para brindarle el servicio que necesita. Si el sistema de salud no se ha derrumbado, ha sido por la resistencia, persistencia y resiliencia de los prestadores, que llegan incluso a apalancar la sobrevivencia de las EPS.
La realidad cruda deja al descubierto el no pago de la cartera vieja y el envejecimiento de la nueva (entidades responsables del pago parecieron adoptar aquello de que “las deudas viejas no se pagan y las nuevas se dejan envejecer”): ese es el principal problema del sistema de salud y de no resolverse hará explotar el sistema de salud al gobierno.
Sea quién sea elegido Presidente de Colombia, si no resuelve el problema de la cartera hospitalaria, el sistema de salud le estallará en las manos. Los candidatos proponen distintos caminos para el pago de esa altísima deuda, con fórmulas lógicas; no siempre realistas en términos de viabilidad política, no siempre creíbles revisando antecedentes. Las propuestas parecen sensatas, pero se repite el sofisma que se volvió síndrome del candidato: se prometen grandes y nobles cosas, más no se explica cómo lograrlas.
El Presidente-candidato Juan Manuel Santos propone aclarar cuentas, saldarlas y fortalecer la vigilancia financiera a las aseguradoras. ¿Y por qué no logró estos sanos propósitos en 4 años de mandato? Hoy las cuentas, más enredadas no pueden estar. La vigilancia compete a entes de control antes que al Ejecutivo, pero éste como responsable primordial de la rectoría del sistema es el líder de la acción interinstitucional y el que marca la pauta en la autoridad que exige un sistema racional, eficaz y ordenado.
Óscar Iván Zuluaga propone la conciliación de toda la cartera de las IPS; el gobierno de Uribe al cual perteneció el doctor Zuluaga, no indujo a las EPS a ser “mala-pagas”, pero sí sentó las bases para que operaran y abusaran con dineros públicos. ¿Acaso puso orden en la cartera siendo ministro de Hacienda? El doctor Peñalosa propone un sistema contable centralizado y claro, algo justo y sensato, pero no menciona los mecanismos que ordenarán las finanzas e impedirán que las EPS confundan al Estado con sus cuentas, sobre todo cuando acepta que las EPS deben seguir, y son las primeras -aunque no las únicas- responsables de la catástrofe financiera de prestadores.
La doctora Clara López pretende acabar la intermediación financiera, sacar a las EPS del sistema de salud. Y decir que no aceptará la condonación de las deudas es apenas razonable; pero esa afirmación casi sobra: ¿quién acepta un despropósito como condonar una deuda de $5 billones o más? Ahora se puede decretar de un plumazo la salida de las aseguradoras; pero hasta hoy, no se conoce declaración sobre el mecanismo para que paguen lo que deben antes de irse. Y la doctora Marta Lucía Ramírez propone generar nuevos recursos para la salud; ello no merece comentario: todo el mundo sabe que el problema no es de más o menos plata, sino de pagar o no pagar.
¿Cuántas reformas incluyeron aumento de recursos de distintas fuentes? ¿Quién puede llenar un barril sin fondo como las finanzas de la salud, corroídas -como todo el erario público- por el comején de la corrupción? Muy buenas las propuestas; pero, ¿cuál dice la verdad o la mentira más chiquita? ¿Por quién le conviene votar a los pobres hospitales?
Reales soluciones al más grave problema del sistema de salud, deben incluir: O eliminar las EPS y la intermediación, pero resolviendo quién pagará las deudas viejas y nuevas de esas EPS. O implantar un mecanismo de presión que obligue a las EPS a pagar oportunamente y a responder por las deudas viejas. Aumentar la compra de cartera a hospitales públicos y privados, tanto en el contributivo como en el subsidiado. Establecer sanciones fuertes y efectivas a las EPS que no paguen a las IPS. Y resolver quién pagará deudas de EPS en situación especial (liquidación, intervención o vigilancia especial).