En medio de una campaña presidencial marcada por la creciente preocupación ciudadana por el sistema de salud, más de 30 organizaciones del sector anunciaron la construcción de una agenda común que será presentada a los candidatos. El ejercicio, calificado como “sin precedentes”, reúne a actores históricamente divergentes —desde pacientes hasta gremios empresariales— en torno a una hoja de ruta compartida que busca incidir en las decisiones de política pública.

El documento, titulado “Consensos para el Futuro del Sector Salud - Bases para un diálogo responsable sobre el futuro del sistema”, es el resultado de más de cinco meses de diálogo técnico, plural y multisectorial. Su alcance va más allá del diagnóstico y propone una ruta para enfrentar tanto la coyuntura como los desafíos estructurales del sistema.

Según los organizadores —entre ellos Pacientes Colombia, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), la ANDI, ACEMI, AFIDRO, ASCIF, el Consejo Privado de Competitividad y Así Vamos en Salud—, esta iniciativa responde a un contexto en el que la salud se ha consolidado como una de las principales preocupaciones del país. “Hoy, quien aspire a gobernar Colombia tendrá que responder, con claridad, a esa demanda ciudadana”, señala el documento.

Más allá del anuncio, el consenso introduce un elemento concreto en la campaña: obliga a los candidatos a fijar posiciones frente a problemas específicos del sistema, en un escenario donde el margen para respuestas generales se reduce.

Una agenda construida desde el sistema

Uno de los elementos centrales del ejercicio es su origen. La agenda se construyó a partir de la experiencia directa de pacientes, usuarios, profesionales, instituciones, academia y sector productivo, integrando visiones que históricamente han estado fragmentadas en el debate público.

“Detrás de cada uno de estos consensos hay una realidad que no da espera”, advierten los organizadores, al referirse a barreras de acceso, condiciones laborales del talento humano, presión financiera sobre las instituciones y brechas territoriales en la atención.

El resultado es una hoja de ruta que recoge 14 consensos organizados en seis ejes estratégicos: gobernanza e institucionalidad; sostenibilidad financiera; aseguramiento y modelo de atención; talento humano en salud; acceso a tecnologías sanitarias; y salud como motor de desarrollo, ciencia e innovación.

En el contexto electoral, este punto marca una diferencia: no se trata de una propuesta individual, sino de un intento por fijar mínimos comunes desde el propio sistema.

De la coyuntura a la transformación estructural

El documento plantea decisiones para estabilizar el sistema en el corto plazo, como la protección de tratamientos críticos, el pago oportuno al talento humano y la normalización del flujo de recursos. En paralelo, propone transformaciones como el fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud, la integración de redes con enfoque territorial y la reducción de barreras de acceso.

En el frente financiero, reconoce problemas de liquidez y desafíos de sostenibilidad, y plantea mejorar la asignación de recursos y establecer reglas claras de financiamiento.

También aborda el talento humano, el acceso y la disponibilidad de medicamentos y tecnologías, e incorpora una visión de largo plazo al vincular la salud con el desarrollo, la ciencia y la innovación.

Un sistema en tensión que condiciona el debate

La construcción de esta agenda coincide con señales de presión sobre el sistema. En los últimos días, instituciones como la Liga Colombiana contra el Cáncer y el grupo Medical anunciaron el cierre de servicios y sedes en Bogotá, en medio de deudas acumuladas.

El director ejecutivo de la Liga, Wilson Cubides, advirtió, según varios medios de comunicación, que “ya no es sostenible en dos años sin tener respuesta de pagos”. Por su parte, el gerente de Medical, William Aristizábal, señaló que “la magia no da para más”, al describir un modelo en el que “se prestan los servicios, se facturan 100 pesos y le giran cinco, y todos los meses lo mismo, y la cartera sube y sube”.

De forma paralela, cifras oficiales reflejan presiones adicionales. Según datos del DANE divulgados en 2025, el gasto de los hogares en salud pasó de $59.7 billones al cierre de 2022 a $70.2 billones en 2025, lo que representa un incremento de $10.5 billones durante los primeros años del actual periodo de gobierno.

A esto se suma un rezago persistente en las zonas rurales. “En salud, aunque sigue mejorando la cobertura de aseguramiento (afiliación), suben las barreras de acceso a servicios, pero no en cabeceras, sino en centros poblados y rural disperso en 0,6 puntos. Es decir, el acceso a salud rural no solo no ha mejorado, sino que se ha reducido”, señaló la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

Estos elementos configuran el contexto en el que se inscribe la agenda de consensos: un sistema con tensiones operativas y brechas estructurales.

Escuchar a los candidatos: una exigencia del sector

En este escenario, el consenso funciona como un instrumento para exigir definiciones. Para el sector salud, la discusión ya no se limita a qué proponen los candidatos, sino a cómo responden a problemas concretos como el financiamiento, el modelo de atención, el acceso efectivo y la sostenibilidad del sistema.

“El país cuenta hoy con una base común sobre la cual tomar decisiones”, concluye el documento.

A partir de esa base, el debate electoral en salud entra en una fase distinta: una en la que el sector organizado no solo plantea problemas, sino que también establece un marco desde el cual escuchar, comparar y evaluar las propuestas de quienes aspiran a gobernar.

Fuente: infografía propia.