Un nuevo informe del observatorio Así Vamos en Salud volvió a encender las alarmas sobre la crisis financiera que enfrentan las Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas por el Gobierno nacional. El análisis, basado en datos del primer trimestre de los últimos cuatro años, muestra una evolución crítica: el patrimonio negativo consolidado de nueve EPS bajo medida de intervención llegó a $10 billones al corte del 31 de marzo de 2025, una cifra sin precedentes que cuestiona la eficacia de las intervenciones administrativas como solución a los problemas estructurales del sistema de salud.

El informe incluye a Savia Salud, Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Sanitas, EPS S.O.S, Famisanar y Nueva EPS. Sin embargo, esta última —la EPS con mayor número de afiliados del país— no reportó información financiera para 2024 ni 2025, lo que podría indicar que el déficit real sea incluso mayor.

“Se consolidaron los datos de las nueve entidades que actualmente se encuentran bajo medida de intervención, con corte al 31 de marzo de 2025”, explicó el observatorio. La información fue comparada con los resultados de los primeros trimestres de 2022, 2023 y 2024. “Esta estrategia permite observar la evolución y las tendencias de los principales indicadores financieros”, añadió.

El deterioro se profundiza

El documento revela un deterioro patrimonial acelerado. En el primer trimestre de 2022, el patrimonio negativo de estas EPS era de $1.3 billones. Para el mismo periodo de 2023 subió a $3.3 billones, en 2024 alcanzó los $5.7 billones, y en 2025 llegó a los $10 billones. Este incremento del 74,5 % en solo un año, y de casi siete veces en comparación con 2022, demuestra que las intervenciones no están logrando revertir la tendencia.

“La ausencia de datos de la Nueva EPS plantea la posibilidad de que el deterioro patrimonial del sector sea incluso más grave de lo que reflejan las cifras disponibles”, advirtió Así Vamos en Salud.

Las intervenciones bajo la lupa

Mientras los números se agravan, también lo hacen las críticas. En abril, el grupo Keralty —accionista mayoritario de EPS Sanitas— cuestionó públicamente la decisión de la Superintendencia de Salud de prorrogar la medida de intervención sobre esta entidad. Según la compañía, en lugar de mejorar la situación, la intervención ha profundizado la crisis.

“La intervención no ha solucionado la crisis, sino que, por el contrario, la ha agravado y los indicadores de patrimonio, reservas técnicas y quejas han empeorado a niveles alarmantes”, afirmó Keralty.

“Se reconoce que el resultado de la gestión durante la intervención refleja ‘un deterioro significativo de la situación financiera en el último periodo evaluado’, de forma que la gestión durante la intervención no está cumpliendo con los indicadores y metas propuestos”, añadió.

Este pronunciamiento se suma al de otros actores del sector que consideran que la intervención administrativa no puede seguir siendo la respuesta automática ante los problemas financieros, sin abordar las causas de fondo como el modelo de financiación, la acumulación de deudas históricas y la ineficiencia estructural del sistema.

Consecuencias para todo el sistema

El informe también destaca cómo esta crisis afecta a toda la red de atención. El alto nivel de cartera en mora de las EPS intervenidas compromete directamente la operación de clínicas, hospitales y prestadores, que dependen del flujo oportuno de recursos para mantener la calidad y la continuidad del servicio.

“La caída sostenida del patrimonio, los resultados negativos del ejercicio y las pérdidas operacionales recurrentes son manifestaciones de una crisis financiera profunda, que exige atención inmediata desde la política pública, la regulación y la gestión interna de las entidades”, señala el informe.

“Particularmente, el grupo de EPS intervenidas presenta también un nivel de morosidad considerablemente alto, lo que limita el flujo oportuno de recursos hacia clínicas, hospitales y demás prestadores. Esta situación afecta directamente la capacidad operativa del sistema, el cumplimiento de obligaciones como el pago de nómina, comprometiendo la calidad y continuidad en la prestación de los servicios de salud”, concluye Así Vamos en Salud.

¿Y ahora qué?

Las cifras del informe reabren un debate que no puede seguir postergándose: ¿están funcionando las intervenciones como herramienta de corrección o están profundizando la crisis? ¿Qué papel deben jugar la reforma estructural del sistema, la reorganización de los flujos financieros y una supervisión más técnica y menos política?

En un momento en que la discusión sobre el futuro del sistema de salud sigue abierta —y el Congreso deberá volver a debatir nuevas propuestas de reforma—, los datos de este informe actúan como un llamado urgente para replantear el enfoque actual.

Porque mientras las EPS intervenidas colapsan financieramente y los prestadores ven afectada su operación diaria, millones de usuarios siguen siendo los principales afectados por un sistema que parece no encontrar salida a su laberinto.